El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) está preocupado por la propuesta de la Cámara de Diputados que prevé la creación de un nuevo Registro de Usuarios de Telefonía Móvil. 

Rafael Eslava, titular de la Unidad de Concesiones y Servicios, el área que se encargaría de operar, regular y mantener el nuevo Registro de Usuarios de Telefonía Móvil, platicó con DPL News y reveló que desde principios de 2020 el regulador tuvo conocimiento de la propuesta de los diputados, por lo que incluso trabajó en una opinión que les fue requerida por los propios legisladores.

El funcionario del órgano regulador mexicano aseveró que existen diversos temores en caso de que el dictamen de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se apruebe tal cual lo publicó la Cámara de Diputados, ya que tiene vacíos que ponen en riesgo, sobre todo, la información de los usuarios de los servicios móviles.

  1. Expuesta recabación de los datos

Los servicios móviles han logrado su expansión en México no sólo a través de los Centros de Atención a Clientes (CAC) de los grandes operadores, sino también de sus distribuidores. Muchos de estos últimos suelen ser, fuera de las grandes ciudades, pequeños negocios como tiendas de abarrotes o farmacias.

Rafael Eslava explicó que es durante la recolección de los datos cuando menos segura podría estar la información de los usuarios. 

De acuerdo con el dictamen, el nuevo registro recabará el nombre completo del titular de una línea o la razón social, el número de la línea telefónica y el número de identificación de la tarjeta SIM, el número de identificación oficial con fotografía, CURP, datos biométricos del usuario y domicilio del mismo.

“Llama nuestra atención una preocupación adicional como funcionarios públicos de mantener, operar y regular este padrón. El primer insumo para recabar la información son los propios operadores. Ellos, por su forma dinámica y sencilla de ofrecer servicios, no tienen CAC en todo el país. Los prestadores de servicios no tienen capacidad humana, ni técnica, ni financiera para tener presencia en todos los lugares más recónditos de la República. 

“Existe una situación que se replica en los grandes y en los más pequeños operadores como son los Operadores Móviles Virtuales. Ellos cuentan con asociaciones comerciales con distribuidores, que son tamaño intermedio de comercialización. 

“Además, viene una capa adicional donde los operadores también tienen esquemas comerciales con pequeños negocios para tener un alcance mayor en su oferta. Farmacias, abarrotes, pequeñas tiendas de conveniencia. El objetivo de esas alianzas es la capacidad de llegar a los puntos más lejanos del país. 

“Si la reforma legal quedara como la conocemos hoy en día, la obligación de recabar la información recaerá en el punto de venta de los servicios, y éste puede llegar a ser ese pequeño negocio. 

“Los empleados de esos negocios recabarían información; en la medida que más gente tenga acceso a los datos de los clientes, más vulnerable es una posible filtración de la información, mal manejo y que se disperse.”

Rafael Eslava advirtió que los pequeños negocios distribuidores de los servicios móviles ni siquiera tendrían la capacidad económica para acceder a la tecnología que se requiere para recabar datos biométricos. 

Agregó que existe una alta posibilidad de que en algún punto haya un mal tratamiento de la información.

Además, dijo que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) también deberá emitir una opinión, ya que es el encargado en materia de protección de datos. 

  1. Mexicanos sin cédula de identificación 

Cuando un ciudadano acuda a comprar servicios móviles, será necesario que presente una identificación oficial como la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), la cédula profesional o el pasaporte; sin embargo, millones de mexicanos no tienen acceso a cualquiera de esos documentos, advirtió Rafael Eslava. 

“Nuestra función es promover y facilitar el acceso, pero los requisitos para contratar los servicios pudieran llegar a ser contradictorios. Puede hacerse más compleja la contratación de servicios, de usuarios viejos como nuevos y un punto es la identificación oficial, que por nuestra idiosincrasia el país no cuenta con una cédula única de identidad obligatoria para todos.

“La credencial del INE no es obligatoria y se tiene una cédula profesional cuando tienes fortuna de concluir estudios profesionales. El pasaporte lo tiene quien vislumbra de salir del país. En México hay alrededor de 40 millones de personas que no tienen ni siquiera la credencial del INE porque no la tramitaron o aún son menores de edad”, comentó. 

3. Tiempo corto, riesgo de desconexión

En el dictamen del nuevo Registro de Usuarios de Telefonía Móvil se prevén dos años de plazo para que los usuarios móviles se registren en el padrón; de lo contrario, sus líneas serán suspendidas. 

El titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del IFT recordó que el antiguo Registro Nacional de Usuarios de Telefonía (Renaut) tenía un plazo de un año para realizarse; sin embargo, en 2009 había un menor número de usuarios, además de que los datos recopilados eran menos. 

“En el antiguo Renaut se pedía el número telefónico y el nombre. Ahora se requieren datos biométricos, domicilio, datos como características del equipo que se usa, que por cierto es información que se traduce en hábitos de consumo. El nuevo registro establece un plazo máximo de dos 2 años. 

“En el Renaut éramos 80 millones de usuarios, hoy existen más de 125 millones de líneas móviles. En el Renaut hubo entre 35 ó 40 por ciento que no se inscribió (se hacía a través de un SMS) y estuvieron en riesgo de desconexión. Con el nuevo registro la complejidad es superlativa”, dijo Rafael Eslava. 

4. IFT: sin capacidad presupuestaria y de recursos humanos 

El órgano regulador mexicano no tiene en sus obligaciones actuales la administración y resguardo del nuevo Registro de Usuarios de Telefonía Móvil, por lo que hoy en día no tiene ni capacidad económica ni de recursos humanos para hacerlo. 

Así lo reconoció Rafael Eslava, quien aseguró que dentro del presupuesto 2021 que recibirá el órgano regulador no se contempla presupuesto para ello. 

Adolfo Cuevas, presidente del IFT, reveló que la Unidad de Concesiones y Servicios trabajaba en un documento de proyección para entregarlo a los legisladores y supieran cuánto costaría implementarlo

Al respecto, Eslava dijo que el IFT aún no termina con el análisis; sin embargo, contó a DPL News lo que ya trabajan.

“Efectivamente, el área a mi cargo será la que por facultades tendrá que llevar a cabo esta operación e integración del padrón. Estamos trabajando arduamente en diagramar lo que se requeriría para, primero, recabar un cúmulo de información tan grande. 

“Segundo, dotar de los enlaces necesarios con todos los operadores para trabajar de forma automática y en tiempo real. 

“Tercero y más importante, asegurarnos de que el sistema contará con la seguridad tanto de manejo como de acceso y compartición de información fidedigna y segura, que asegure que el padrón no pueda ser vulnerado por nadie externo que no tenga por qué acceder a esa base de datos.

Eslava concluyó que “para el ejercicio 2021 no tenemos presupuesto para el registro, tendría que revisarse por el Legislativo. La respuesta al día de hoy es que no tenemos esa facultad y sería nueva, entonces tendríamos que adecuar todos los sistemas de recursos materiales e informáticos, así como de recursos humanos para hacerle frente a un proyecto de esa naturaleza”.