La propuesta del Gobierno de la Ciudad de México de establecer un nuevo impuesto de 2 por ciento sobre el valor de cada entrega realizada a través de las plataformas digitales ―como Rappi, DiDi Food, Mercado Libre o Amazon― viola el orden legal y va en contra de los derechos de los contribuyentes.

Así lo advierten la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, la Academia Mexicana de Derecho Informático, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y el Ilustre y el Nacional Colegio de Abogados de México.

Para los especialistas en derecho, existen varias razones por las cuales la iniciativa que envió al Congreso la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para incluir esta nueva contribución en el Código Fiscal 2022 (el artículo 307 TER), no debe seguir adelante en detrimento de la economía digital y la población capitalina.

El gobierno justifica la creación de un nuevo impuesto en que las plataformas de entrega aprovechan la infraestructura pública, incluyendo los componentes de la vialidad y la movilidad urbana.

Al respecto, las organizaciones de abogados explican que exigir el pago de 2 por ciento por este aprovechamiento “es una contribución disfrazada”. En esa lógica, dentro de la clasificación de contribuciones, el nuevo impuesto significaría un pago de derechos, y no de aprovechamiento, fuera del alcance de las funciones tributarias de la Ciudad de México.

Las cuatro organizaciones de litigantes alertan que imponer este pago de derechos por el uso de bienes de dominio público violaría el principio de división funcional de poderes, pues pasa por alto el régimen constitucional y legal que se aplica a este tipo de contribuciones tributarias. “El Gobierno de la CMDX carece de facultades para enmascarar contribuciones al amparo de figuras jurídicas como el cobro de aprovechamientos”, puntualizan.

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Otra de las razones por las cuales la propuesta sería ilegal es que viola el principio de capacidad contributiva, dado que no justifica que el desarrollo de modelos digitales tengan la riqueza suficiente para hacer frente a esa nueva exigencia contributiva.

También las organizaciones consideran que la iniciativa de decreto para el Código Fiscal 2022 infringe el principio de destino de equidad tributaria, al situar condiciones distintas entre las personas que desarrollan sus actividades en el ámbito de la economía digital y las que no se ven sometidas al pago de 2 por ciento por no usar las plataformas digitales.

Reprensentaría, además, una violación al principio de seguridad jurídica, porque las empresas tecnológicas no tienen certeza sobre a qué atenerse en sus relaciones fiscales en la Ciudad de México ante un impuesto “disfrazado”, e iría en contravía de la libertad de empresa, restringiendo las actividades de la economía digital.

Ante la discusión sobre el Código Fiscal que se lleva a cabo en el Congreso, los grupos de abogados pidieron a los legisladores no adoptar la propuesta para crear otro impuesto para las plataformas digitales de entrega, puesto que sería un revés para el régimen constitucional y empobrecería a todas las personas y empresas que desarrollan actividades en la economía digital.

La voz de las organizaciones de abogados se suma a la de las asociaciones de la industria digital y la de los propios repartidores de las aplicaciones, quienes en días pasados han alertado acerca de los riesgos de fijar otra carga tributaria para las entregas realizadas mediante las plataformas. 

Todos coinciden en que el impuesto afectará al mercado, los repartidores y a los usuarios en un momento crítico para la economía.