Advierten que iniciativa de Monreal para regular redes sociales vulneraría derechos humanos

La propuesta que busca impulsar el senador para proteger la libertad de expresión en las redes sociales sería contraproducente. En un foro de discusión, expertos expresaron que primero se deben analizar las implicaciones y la naturaleza de Internet.

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Pese a que la intención del senador Ricardo Monreal es respaldar la libertad de expresión, la propuesta de ley que está desarrollando para regular las redes sociales atentaría contra los derechos fundamentales de los mexicanos, porque daría paso a un abuso de controles oficiales que restringiría la libre difusión y recepción de contenidos, información, ideas y opiniones, explicó Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital Policy & Law.

Durante un foro de discusión organizado por el Senado de la República y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el especialista afirmó que “no se puede regular la libertad de expresión en el mundo digital sin afectar a todos los derechos humanos; son indivisibles”.

Además, advirtió que “el ejercicio de la libertad de expresión no debe condicionarse al registro público de una autoridad”. El proyecto preliminar presentado por el senador de Morena contempla que las redes sociales con más de un millón de usuarios deberán pedir autorización para operar ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el cual se convertiría en el guardián del espacio digital.

“La incapacidad de crear política pública está detonando una incontinencia legislativa sin precedentes en el tema digital. Si conociéramos la visión digital del gobierno y sus aliados, de una estrategia digital, conoceríamos qué hay detrás de la furia legislativa y del Estado mexicano en esta materia”, destacó Negrete.

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En su participación, Agustina del Campo, directora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo, expuso que existen múltiples modelos alrededor del mundo para abordar la regulación de redes sociales, que responden a diversos objetivos.

Al momento de legislar, hay que tener presente que queremos redes sociales globales y no de un solo país; definir puntualmente cuál es la problemática a la cual nos aproximamos, y ponderar las diferencias entre los sistemas de derechos humanos de otras regiones respecto a las Américas, puntualizó.

Por ejemplo, Estados Unidos otorgó un régimen de inmunidad a las redes sociales respecto a los contenidos de terceros y las medidas que toman para moderarlos. A la luz de la Sección 230 de la Ley de Decencia de las Comunicaciones, las empresas de Internet no tienen responsabilidad sobre lo que publican o difunden los usuarios.

Por su parte, en Europa existe un principio de neutralidad que rige a estas empresas, y se busca regular para atender diversas problemáticas. Sin embargo, comentó la experta, se han enfrentado a dificultades en la implementación de las normativas, la aplicación de la ley interjurisdiccional y a las consecuencias de haber definido objetivos abstractos.

Para Alejandro Pisanty, especialista que ha pasado por ICANN, Internet Society y otras organizaciones, “la legislación debe contemplar la naturaleza de Internet”, un espacio de diferentes capas de uso en las que la innovación sucede bajo principios, pero sin tener que pedir permiso.

Aunque los gobiernos intervienen en la gobernanza de Internet, donde existen las redes sociales, no deben controlarlo porque se afecta su funcionamiento. Por ello, Pisanti resaltó que la regulación se tendría que enfocar en las personas y en las conductas, con base en una política digital coherente y sólida, e incentivando la participación de las múltiples partes interesadas.

La regulación del entorno digital no le corresponde únicamente a los gobiernos. Aunque estos tienen un papel determinante y lideran el esfuerzo legislativo, todas las partes deben estar involucradas en un proceso amplio, incluyente, diverso y abierto, comentó León Félipe Sánchez, vicepresidente de la Mesa Directiva de ICANN.

Sánchez expuso que, si se quiere promover una regulación que afecta a Internet, se tiene que analizar si la propuesta no impacta la arquitectura en capas e interoperable de Internet; si se respeta la gestión no centralizada y el enrutamiento distribuido; si se restringe el uso de Internet de manera abierta y sostenible, entre otros factores relevantes.

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