Agenda digital, pandemia y seguridad pública

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Reforma Jorge F. Negrete P.

¿Las Tecnologías de la Información y las telecomunicaciones salvan vidas? Sí. Durante los terremotos hace 3 años, diversas personas atrapadas bajo los restos de edificios reclamaron su vida y ayuda vía WhatsApp. ¿Esta protección es para todos? No.

El Estudio sobre la Red Nacional de Radiocomunicación, elaborado por el IPN, la Secretaría de Gobernación y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala que existen 129,410 policías preventivos, pero en la RNR sólo operan 39,625 equipos de radio en 32 redes locales, solo un 30%.

Los servidores públicos de los diversos grupos de seguridad pública en el País, son ciudadanos que enfrentan a la delincuencia organizada y a los grupos delictivos más poderosos del país. Pero no tienen equipo y los que cuentan con él, no adquieren el mejor recurso tecnológico.

Cuando un servidor del área de la seguridad pública está conectado, tiene derecho a tener la mejor tecnología y la mejor infraestructura digital. Debe tener la capacidad de llamar y ser escuchado, de georreferenciar su ubicación, de señalar su amenaza y describirla, comunicarla con video, fotografías y transmitir a tiempo real sus signos vitales, comunicar el escenario crítico que lo rodea. Los datos deben ser transformados en información estratégica que proteja su vida, que se establezca una línea de vida y comunicación crítica que describa el reto de la seguridad y las amenazas para los que asistan en su auxilio y seguimiento operativo. ¿Sucede esto? No. ¿Se protege la vida de cuerpos de seguridad, del individuo, del ciudadano ejerciendo una actividad profesional legítima, donde arriesga la vida? No.

Tecnología y seguridad pública. ¿Existe una relación directa entre la tecnología y los resultados en la seguridad pública? Por supuesto. Decenas de artículos, análisis públicos y estudios han señalado que contamos desde hace 20 años con una tecnología que no integra los esfuerzos públicos, los divide; que no permite la interoperabilidad, fragmenta la comunicación; que no hay traducción entre tecnologías, las bloquea. Que no genera innovación, inhibe la creación de servicios en su propia infraestructura. Ha quedado demostrado su ineficiencia en el acompañamiento de las acciones tácticas y de inteligencia de los cuerpos de seguridad. En suma, no hay política de seguridad nacional con un estándar tecnológico confiable e innovador. México tiene los índices de violencia pública y delictivos más grandes de su historia y, al mismo tiempo, la más grande crisis de identidad tecnológica para enfrentar los retos de este momento.

Competencia ¿económica? ¿Esta tecnología permite un ecosistema de mejoras continuas, nuevos servicios, innovación, seguridad y diversos proveedores tecnológicos? No, por el contrario, ha generado una empresa con un poder de mercado relevante, que logró el dominio de un discurso tecnológico ante las autoridades, federal, local y los distintos cuerpos de seguridad. Un poderoso discurso construido desde la época de Genaro García Luna y que ha posicionado a funcionarios de aquella administración en espacios de decisión tecnológica, como la Coordinación de Tecnologías de la Guardia Nacional.

Se ha transformado, de un sistema que debería privilegiar los beneficios al consumidor, en uno que aprovecha el momento de incertidumbre política derivada de la Covid-19, falta de presupuesto, para seguir comprando a cuentagotas más de la misma tecnología y bloquear, desde el más alto nivel, el sistema de competencia; y regala producto a los estados de la República, como un dulce envenenado.

La falta de política pública, de una agenda digital para la seguridad pública, es la impronta para seguir exponiendo la vida de los servidores de la seguridad, de retrasar un sistema tecnológico que integre una sola visión nacional, que unifique objetivos, acciones, presupuestos y esfuerzos. El actual camino apuesta al mismo destino y fracaso. A un México fallido en seguridad pública, como lo ha sido desde hace 20 años.

@fernegretep

Presidente de Digital Policy & Law