El Forbes Miguel Calderón

En el pasado evento “Mobile 360” de la Asociación de Operadores Móviles (GSMA), llevado a cabo en la Ciudad de México, sorprendieron gratamente a propios y extraños las declaraciones del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú y del presidente del IFT, Gabriel Contreras, en el sentido de que ambos eran “sensibles” y estaban preocupados por el alto costo del espectro radioeléctrico en nuestro país. El espectro es un insumo esencial en cualquier sistema móvil y uno de los principales frenos en México para reducir la brecha digital y extender el acceso a un mayor número de mexicanos.

En el mismo evento, pero ya en una de las sesiones de trabajo, el IFT presentó un estudio denominado “Precios de Espectro IMT en México” que no tiene desperdició y que me permito resumir en los siguientes párrafos.

En México existen “diferencias marcadas” con respecto a otros países en la forma en que valuamos el espectro. Por ejemplo, tenemos un mucho mayor costo lo que desincentiva la inversión y genera una menor demanda por espectro futuro. Un alto costo dificulta que los precios de los servicios bajen y se convierten en una barrera a la entrada para los competidores.

La forma en que cobramos este espectro, como altos derechos anuales, genera un costo fijo que no está determinado por el mercado y presiona los márgenes de los operadores sin que éstos puedan gestionarlos apropiadamente. En la experiencia internacional, la valoración principal del espectro es resultado de una licitación. Sin embargo, en México los derechos anuales representan casi el 90% de los costos totales del espectro. En algunas bandas los derechos tienen casi 18 años sin modificarse.

Otro problema que genera este pago de derechos es que el pago de un guante o contraprestación en las licitaciones es muy bajo con respecto al costo total del espectro lo que hace que las licitaciones sean poco eficientes.

Al ser un costo fijo existe una asimetría de mercado donde el agente preponderante paga una proporción más baja de sus ingresos respecto de sus competidores. El costo alto del espectro provoca un mayor perjuicio a los operadores pequeños del mercado y afecta la competencia efectiva en el sector. Efectivamente, el agente preponderante paga por el espectro 4% del total de sus ingresos, menor a la media internacional; mientras que sus competidores pagan alrededor de 15%, el doble de la media internacional.

“Si el régimen actual de derechos por el uso del espectro continúa aplicándose, el nivel actual de precios del espectro resultará insostenible en México, ya que los costos de espectro pueden aumentar hasta representar alrededor del 22% de los ingresos en 2025 en promedio, y los operadores más pequeños pueden experimentar costos de espectro en el rango del 30% de sus ingresos”, menciona el IFT en su documento.

El IFT reconoce que enfrenta varios retos derivados del actual esquema de pago de derechos. Además de los ya comentados, destaca que “bandas con diferentes capacidades y propiedades están tasadas al mismo valor por kHz, sin distinguir si son de cobertura o de capacidad” y sobre todo que el esquema actual “genera Incentivos para renunciar a espectro concesionado durante la vigencia de una concesión con la finalidad de disminuir el pago de derechos en detrimento de los ingresos públicos y de la administración eficiente del espectro”.

El IFT concluye que los derechos anuales en México deben ser revisados para promover el descubrimiento de precios, la participación y una mayor demanda del espectro en los procesos licitatorios. Si se definen derechos altos, estos se vuelven una parte importante del componente del precio de reserva y las expectativas de precios finales se vuelven moderadas.

En el actual ambiente competitivo para los operadores y con la tecnología 5G en el horizonte, establecer el valor del espectro en un nivel en el cual los operadores no pueden pagar, representa un riesgo asimétrico, en donde los posibles costos sociales de demorar o reducir la disponibilidad de espectro superan a los ingresos proyectados, asevera el Instituto.

Finalmente, el IFT comenta que ha compartido con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que el estudio encargado a la consultora AETHA y está trabajando en alternativas al esquema actual de derechos en México.

Así como muchas veces se ha criticado el desempeño del regulador, creo que ahora es más que meritorio el hacer un reconocimiento al Instituto, no sólo por la profundidad y profesionalismo del estudio realizado sino por el valor de darlo a conocer y posicionarse en defensa del futuro del sector de telecomunicaciones en México.

*Vicepresidente de Regulación y Relaciones Institucionales de Movistar.

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