Altán Redes: la promesa de conectar México está en riesgo

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Cnnexpansión Zyanya López

La meta de terminar con la brecha digital en el país parece alejarse. Altán Redes, la empresa que prometió conectar a 92.2% de los mexicanos, está en riesgo de quiebra. Pero más allá de sorprender, es algo que el resto del sector de las telecomunicaciones ya vislumbraba. Los especialistas de la industria consultados por Expansión coinciden en que el proyecto tuvo debilidades desde su concepción, principalmente porque —aseguran— su modelo híbrido no es rentable. A esto hay que añadirle factores externos como la incertidumbre para las inversiones en el sector y la falta de rumbo claro en materia de política digital, que terminaron por abatir a la compañía.

El 13 de julio, el consorcio que desarrolla y opera la Red Compartida solicitó la protección de la justicia para negociar la reestructuración de su deuda a través de un concurso mercantil. Acogerse a esta figura legal va a permitir que Altán reorganice su situación financiera pactando con los acreedores, garantizando la continuidad del proyecto.

“Hemos solicitado el concurso mercantil por dos razones: la primera, para poder fondear la compañía, pues ya se había aprobado un aumento de capital hace uno o dos meses (70 millones de dólares más para este año) que todavía no hemos podido materializar; y la segunda, con el fin garantizar la continuidad de la operación y el despliegue de cobertura social”, explica Salvador Álvarez, CEO de Altán Redes.

Durante meses, la empresa trató de negociar “de una manera amigable y fuera de la corte” con los prestamistas el aumentar el capital, pero al no tener el consentimiento de la mayoría del consorcio entró en una situación de bloqueo financiero, que “evidentemente nos iba a poner en dificultades”. Al no poder resolver, Altán solicitó la protección. “No hemos perdido en ningún caso, el carácter y la estrategia de resolver esto es viable, solo que ahora, bajo el concurso mercantil, permite desbloquear la situación para que la compañía acepte recursos”, dice el ejecutivo.

De acuerdo con Álvarez, la deuda asciende a los 17,000 millones de pesos. Es una deuda financiera con varios grupos de proveedores, con la banca de desarrollo mexicana y extranjera y con proveedores de tecnología directamente vinculados al despliegue de la red, que actúan en doble carácter, al suministrar tanto tecnología como financiamiento.

La caída

Los problemas financieros de la firma mexicana de telecomunicaciones no extrañan a los especialistas de la industria. “Ya podíamos anticipar esto. Desde hace algunos años, la empresa había estado batallando para mantener el ritmo con el que inició, quizá la señal más evidente de esta caída fue cuando hace algunos meses solicitó ampliar su hito de cobertura”, refiere Michel Hernández, director general del observatorio de telecomunicaciones Observatel.

En abril, Altán Redes informó que no contaba con los recursos suficientes para cumplir con su meta de conectar a 92.2% del territorio nacional en 2024, por lo que pedía una extensión de cuatro años, hasta 2028, para concretar su compromiso de cobertura.

Hoy, la empresa mexicana brinda servicio a más de 3,100,000 clientes mensuales a través de 100 operadores móviles virtuales que utilizan la infraestructura 4.5G LTE bajo el espectro de 700 MHz, una banda que tiene concesionada para su explotación por 20 años y que es una de las mejores para ampliar coberturas por su naturaleza de alcance.

“Yo siempre he dicho que el proyecto era una mala idea”, afirma Jorge Bravo, presidente de la Asociación de Derecho a la Información (Amedi). “Es un proyecto que no vio nunca la naturaleza de la industria de las telecomunicaciones, que es intensiva en capital. Además, secuestra una banda valiosísima, la de 700MHz, para un solo proyecto. Hoy está subutilizada, por lo tanto no ha cumplido su objetivo social, que es cerrar la brecha digital”.

El también director de la consultora Digital Policy & Law explica que esta banda pudo haber sido utilizada por los operadores de telecomunicaciones que hay en el mercado (AT&T, Telcel y Movistar), quienes se opusieron a que se le entregara al proyecto de la Red Compartida sin licitarla. “De haber dado un bloque a cada uno de ellos, hoy tendríamos mejor conectividad”, asegura.

“Es la frecuencia o el espectro más importante que tenemos, sobre el cual 5G va a correr de forma adecuada. Por eso, que Altán tenga estos problemas representa un golpe para todos los usuarios, los operadores y la competencia en general del sector”, agrega Rolando Alamilla, gerente de investigación de mercado en The CIU.

La empresa publico-privada que dirige Salvador Álvarez nació durante el sexenio de Enrique Peña Nieto con una vocación social, pero con identidad comercial. Elena Estavillo, directora del Centro-i para la Sociedad del Futuro y excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), explica que a la compañía le asignaron obligaciones de cobertura en áreas que no son rentables, lo que implica una carga financiera importante.

Pero esto, agrega, se trató de compensar con otras condiciones. Por ejemplo, el acceso a una banda ancha muy valiosa, con condiciones impositivas fiscales muy benéficas, como no la tienen otros concesionarios en el país.

“Se trata de un modelo híbrido muy difícil de armar, con muchísimos requisitos por cumplir (…) El problema de Altán es que se está convirtiendo en un parche y no en una solución real. La empresa ya emitió una señal de alarma para que le ayuden a generar ingresos, esto es un riesgo para sus objetivos sociales, al final quien va a pagar es el usuario”, menciona la experta.

¿El futuro?

El CEO de Altán Redes emana confianza. Aunque sabe que es difícil predecir cuánto tiempo le tomará a la empresa salir del estado en el que se encuentra, Álvarez espera que no pasen más de seis meses para el que proceso llegue a su fin. Admite que eso depende de su capacidad para llegar a acuerdos con los acreedores, pero también asegura que las negociaciones ya van avanzadas al menos con más de 60% de los prestamistas, así que no planea superar los nueve meses.

Antonio Mañón, socio del despacho de abogados Mañón Quintana, dice que por ley la compañía tiene un periodo máximo de un año para concretar el proceso, una vez que la mayoría de los acreedores acepte. “Lo más rápido que podrían hacerlo son cuatro meses, pero normalmente es un tiempo importante, de entre ocho y 10 meses, siempre y cuando exista la voluntad de los acreedores”, explica.

Pero antes de llegar a esto, Altán tiene que esperar a que el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (Ifecom) designe a un funcionario (denominado visitador) para que realice una revisión financiera de la empresa. Él será quien determine si la compañía está en situación de insolvencia (incapaz de pagar sus deudas) y acogerse al concurso mercantil. De acuerdo con Mañón, no hay tiempo fijo para que la autoridad de a conocer su dictamen, pero estima que en uno o dos meses será posible saber la resolución.

¿Qué sigue para Altán Redes? “Sigue una compañía fondeada, con una estructura de balance mucho más sustentable en el medio y largo plazo. Sigue una empresa que va a continuar creciendo en una tasa muy superior al resto de las redes en México, al resto de los operadores de telecomunicaciones en el país (…) Sigue un mercado que va a permitir que nuevas empresas – los operadores móviles virtuales (OMV)– puedan competir contra las grande que antes dominaban”, asegura Álvarez.

Los expertos no coinciden con esta predicción. Para Jesús Romo, director de Telconomía, que Telefónica eligiera a AT&T en lugar de a Altán cuando devolvió espectro se vuelve un momento importante en las expectativas que tiene el mercado de la Red Compartida. “Ha sido una red que permite tener servicios de operadores móviles virtuales, pero sigue generando dudas”.

“Cualquier cosa que digamos debe ser tomada con reserva por la actual situación de la empresa, está en manos de un juez y aunque Altán tenga la voluntad, no podrá hacer nada si el procedimiento no sale como lo planea”, dice Michel Hernández.

Por ahora, la empresa mexicana tiene que seguir generando ingresos para asegurar su recuperación, por lo que no puede cancelar ningún contrato y, de alguna forma, mantiene a los OMV vigentes en el mercado. “Habrá que esperar y ojalá logren conectar a México”, concluye el director general de Observatel.