En los países de América Latina se está gestando un debate sobre la regulación aplicada a plataformas digitales, que abarca temas como los derechos laborales y la recaudación fiscal. Para David Luna, presidente de Alianza In, organización que agrupa en Colombia a Uber, Beat, Cabify, Didi, Rappi y otras plataformas, en el centro del debate debe tomarse en cuenta “el derecho a elegir” del consumidor y de quienes las usan como medio de trabajo.

A lo largo de este año, se han discutido en el Congreso colombiano diferentes iniciativas para regular este tipo de plataformas. Luna señaló que el sector da la “bienvenida” a la discusión, pero que en “la economía colaborativa” se debe considerar que “existen nuevos modelos” de negocios y de trabajo.

“Si usted pretende encuadrar en una caja, de la legislación producida hace 20 años, a los negocios digitales que se están produciendo en este momento, seguramente (…) van a tomar la decisión de invertir en otros países y no en el nuestro”, afirmó en el marco de Andicom 2020 Live! este miércoles.

En el caso particular de Uber en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio ordenó en diciembre de 2019 que el servicio dejara de operar luego de un fallo judicial por competencia desleal. Pero la compañía volvió en febrero bajo un modelo de negocios diferente llamado “alquiler de vehículo con conductor”.

En medio de la ola de desempleo a raíz de la crisis sanitaria y económica provocada por Covid-19, el presidente de Alianza In dijo que las aplicaciones tecnológicas de transporte como Uber y Didi, de entrega de comida o paquetes y otras ofrecen una alternativa de trabajo para los colombianos. Del lado opuesto, especialistas y parte de los legisladores argumentan que propician la precariedad laboral.

Las aplicaciones digitales contribuyen al 0.3 por ciento del PIB de Colombia y son un medio de ingresos para alrededor de 200 mil familias, incluyendo mujeres y personas mayores, dijo Luna durante el evento que este año se realiza por primera vez de manera virtual.

Antes de establecer normas para regular los esquemas de trabajo de los colaboradores de este tipo de aplicaciones tecnológicas, Luna advirtió que es necesario analizar que suelen ser una fuente de ingresos extra para las personas, pues 50 por ciento de los conductores sólo se desempeñan en las plataformas seis horas a la semana y tienen otras actividades principales.

Hace una semana, el gobierno publicó un decreto para definir un piso de protección social para quienes ganen menos de un salario mínimo mensual, entre los cuales podría incluirse a los conductores de Uber, Didi o repartidores por medio de Rappi. Luna comentó que la organización está atenta a la reglamentación de dicho decreto y recordó que hay que tomar en cuenta que los esquemas de trabajo en aplicaciones son flexibles, sin horarios específicos, rendición de cuentas o supervisión.

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