Nadie esperaba que un viernes por la noche, el Presidente argentino Alberto Fernández anunciara, vía redes sociales, un Decreto que declara servicio público en competencia a la telefonía celular, los servicios de Internet y a la televisión de paga. El decreto también incluye congelar los precios hasta el 31 de diciembre. Para la industria, la medida afecta las inversiones realizadas y perjudica los despliegues futuros.

“De esta manera garantizamos el acceso a los servicios para todos y todas (…). Ante las restricciones que la pandemia nos impone, nadie deberá resignar parte de sus ingresos en afrontar aumentos en los precios de estos servicios”, sostuvo el presidente Fernández. Vale aclarar que, en Argentina, la inflación anual está en el orden del 43 por ciento.

Según el texto, que comenzó a circular previo a que se publique en el Boletín Oficial, se modifica el artículo 15 de la Ley TIC, que ahora establece que “los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. La autoridad de aplicación garantizará su efectiva disponibilidad”. Además, en el artículo 54 incorpora como servicio público al servicio de telefonía móvil en todas sus modalidades.

También modifica el artículo 48, donde determina que los precios de los servicios públicos esenciales y estratégicos TIC serán regulados por el regulador, en este caso por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Este organismo establecerá en la reglamentación la prestación básica universal obligatoria que deberá ser brindada en condiciones de igualdad.  

El decreto suspende cualquier aumento o modificación de precios hasta el 31 de diciembre. Los precios de los servicios ya estaban congelados desde abril hasta el 31 de agosto, por un acuerdo entre el Enacom y los operadores. Hace dos semanas, Telecom, Telefónica y Claro habían anunciado a sus clientes aumentos en las prestaciones después del congelamiento, pero al parecer esos incrementos ahora no se aplicarán.

Además del congelamiento, desde el inicio de la pandemia las empresas estuvieron obligadas a no cortar el servicio por falta de pago a las poblaciones más vulnerables y acordaron ofrecer planes con servicios reducido.

Primeros rechazos

Si bien la mayoría de los actores están evaluando la medida, y esperando la publicación del texto final, la noticia causó revuelo entre la industria. Una de las primeras organizaciones en manifestarse fue la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), la cual informó que ven “con suma preocupación que se realicen cambios drásticos de amplio alcance e inesperados en las reglas del sector, sin una construcción previa de consensos, generando una innecesaria incertidumbre entre todos los actores del mercado y entre los usuarios”.

Según Asiet, esto afecta a las inversiones realizadas por todos los operadores y perjudica los despliegues futuros.

“Es clave que la normativa sectorial tenga consistencia técnica, proteja la institucionalidad y defina adecuadamente las competencias del regulador”, agregó la asociación. “Ésta es una industria que se desenvuelve en un entorno de constante innovación tecnológica, con grandes necesidades de inversiones de capital, y que precisamente por ello, requiere de un escenario de seguridad jurídica para su desarrollo a largo plazo. La expansión de las telecomunicaciones, y las Tecnologías de la Información y la Comunicación en general precisan de la sostenibilidad financiera de los operadores, de modo que puedan seguir aumentando su cobertura y calidad, desplegando redes e innovando en servicios”, sostienen las declaraciones.

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