Argentina en polémica por descongelamiento de precios de los servicios de comunicación

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La fecha límite que impuso el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 690) para obligar a los operadores argentinos a congelar los precios de los servicios de comunicaciones está llegando, y aún el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y las empresas pujan sobre cuánto será el incremento de las prestaciones a partir del 1 de enero de 2021.

Las empresas pidieron que se les permita subir los precios un 20 por ciento, considerando que no pudieron ajustar los valores en todo el año, cuando la inflación anual fue de más del 30 por ciento.

Incluso, por obligación, los operadores tienen que informarles a sus clientes por lo menos un mes antes del aumento de los precios. En las facturas de diciembre comenzaron a anunciar el alza, que esperaban sea de por lo menos el 15 por ciento aproximadamente.

Pero el gobierno no quiere moverse de un 5 por ciento en un primer momento, y después incrementos graduales a lo largo del año.

Por lo pronto, las empresas y el gobierno se siguen reuniendo para tratar de establecer una cifra, según informaron medios locales.

“La propuesta no convence. No es justa, ni razonable, ni llega a cubrir los costos de la operación y ni hablar de la rentabilidad. Por otra parte, no conocemos la variable técnica que toma el Enacom teniendo en cuenta que la inflación del periodo estuvo en el orden del 30 por ciento”, afirmaron fuentes de Movistar que citó La Nación.

Queja de las pymes y cooperativas del sector

Faltando menos de un mes para que finalice la vigencia del decreto, las cooperativas integradas en la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (Catel), la Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires (Fedecoba) y Colsecor enviaron una carta al titular del Enacom, Claudio Ambrosini, planteando la urgencia del tema, donde expresaron “la insostenible situación económica” de sus asociadas, tras el cumplimiento de la normativa fijada en el contexto de la pandemia por la Covid-19.

“Desde el dictado de la norma nos hemos puesto a disposición de la autoridad de aplicación para hacer nuestro aporte en el trabajo del diseño de los criterios conceptuales y de orden práctico, para la reglamentación del Decreto”, expresaron las entidades.

Las pymes y cooperativas quieren que el regulador considere las particularidades del sector que “viene arrastrando un retraso tarifario respecto a los aumentos que realizaron los grandes operadores”.