En el contexto de aislamiento social obligatorio, impuesto por el avance del coronavirus, el gobierno argentino está estableciendo medidas para paliar la situación económica que enfrentan los ciudadanos que no cuentan con ingresos o viven de trabajos informales, los más afectados por el confinamiento.

A través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 311/2020, el gobierno dispuso que las empresas prestadoras de telefonía móvil o fija, Internet y TV por cable “no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020”.

Esta obligación se mantendrá por 180 días corridos contados a partir del 25 de marzo. Esta medida sólo abarca a los usuarios con menos recursos, ya que únicamente podrán acceder los beneficiarios de asignaciones universales o pensiones, los inscriptos en el monotributo social, jubilados o pensionados, los que perciban seguro de desempleo, electrodependientes, entre otros.

La norma establece que, si se trata de servicios de telefonía fija o móvil, Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, las empresas prestatarias quedarán obligadas a mantener un servicio reducido, conforme se establezca en la reglamentación.

En el caso de los servicios prepagos de telefonía móvil e Internet, si los usuarios no abonan la correspondiente recarga para acceder al consumo, las empresas prestadoras deberán brindar un servicio reducido que garantice la conectividad.

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