Ante los proyectos de ley e iniciativas de regulación que proponen considerar los servicios de conectividad a Internet como un servicio público, la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (CAPPI) afirmó que una mayor intervención del Estado “no sólo no asegura la universalidad de la conectividad, sino que como ha sucedido en otras oportunidades, probablemente genere un menor desarrollo y penetración de la banda ancha”.

La entidad sostiene que la mera calificación de un servicio o una actividad económica como servicio público no hace por sí misma que esos servicios sean más baratos ni mejores, algo que sí puede lograrse generando condiciones de mayor competencia y una promoción activa e inteligente de la industria por parte del Estado. Esto último podría ser a través de políticas públicas de incentivo de la inversión, para que sean los actores del sector privado quienes lleven Internet de calidad a precios competitivos a los hogares del país.

A raíz de la pandemia por Covid-19, que evidenció la importancia de la conectividad universal, surgieron algunos proyectos de ley que buscan declarar el acceso a Internet como derecho humano, servicio universal y servicio público.

Días atrás, en diálogo con DPL News, Ariel Graizer, presidente de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), sostuvo sobre este tema: “Un servicio que está en competencia como el de Internet, y que debe estar en competencia, no puede declarase servicio público, no tiene lógica”.

De hecho, el diputado nacional por Córdoba y autor de uno de los proyectos de ley que se está barajando, Pablo Carro, mantuvo una reunión virtual la semana pasada con referentes de Cabase para repasar juntos el panorama regulatorio y el avance de la conectividad en el país en una coyuntura en que la pandemia ha convertido a Internet en una herramienta crítica para el trabajo, el estudio, la salud y el entretenimiento de la población.

Durante el encuentro, el diputado Carro, que también es el presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara Baja, valoró la articulación de un Plan Nacional de Conectividad donde hagan sinergia todos los prestadores, y permita articular y hacer eficientes los esfuerzos para reducir la brecha digital y garantizar que en la Argentina de la post-pandemia se puedan conectar estudiantes y docentes, trabajadores, emprendedores y organizaciones en cualquier lugar del país.

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