Argentina | Pequeños proveedores advierten que reglas actuales condicionan su subsistencia

Una vez más, el DNU 690 y sus reglamentos fueron escenario de disputa entre operadores y autoridades del país. Costos, inflación y normativas vigentes son un combo que puede resultar fatal para los más pequeños.

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Casi como un pedido desesperado por atención de las autoridades, los pequeños operadores de Internet en Argentina volvieron a recordar que son indispensables para acercarse a la idea de universalización de servicios y que son los más golpeados por las reglas que corren para el sector. La regulación actual, sintetizan, condiciona su subsistencia.

Los pedidos de los proveedores más pequeños del país, y de los otros, son constantes, pero la situación no ha cambiado y las dificultades son cada vez mayores. El reclamo es amplio, aunque podría resumirse en que la normativa actual no contempla la evolución de costos, la inflación local ni la necesidad de inversión y mantenimiento de las redes.

La información disponible da cuenta de que Argentina tiene una penetración de Internet del 66 por ciento, pero el ritmo de crecimiento se relentizó y llevará 12 años alcanzar el porcentaje que resta en las condiciones actuales. Los proveedores locales son clave para acercarse al 100 por ciento; sin embargo, advierten, su futuro está en franco peligro.

Esta vez fue la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (CAPPI) la que puso en conocimiento de la opinión pública la realidad que atraviesan las empresas de este tipo en el país como consecuencia del DNU 690, que declaró a las TIC servicios públicos, y sus reglamentaciones, por la que se impusieron prestaciones básicas (PBU) y se limitaron aumentos.

“En el interior del interior, por más pequeñas que sean las localidades, existe al menos una pyme que provee el servicio de Internet, nacida en muchos casos por el empuje emprendedor de un vecino que ante la falta de una oferta de conectividad decidió ponerla en marcha”, indicó la entidad en un comunicado en el que pidió cambiar las reglas y “nivelar la cancha”, impulsando una mayor participación de pymes en el mercado.

La inflación en 2020 superó el 36 por ciento y los pequeños no tuvieron posibilidad de adecuar sus precios. Ya corriendo 2021, la inflación acumulada va en 17.6 por ciento. En este contexto, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó solamente aumentos de 22 por ciento —8% en enero, 7% en febrero y 7% en marzo—. “Este combo se combina con costos que no paran de crecer”, continuó el Vicepresidente de Cappi, Rodolfo Bianchi.

“Hoy la ecuación de nuestro negocio depende de lo que un funcionario en Buenos Aires cree que está bien que yo aumente, sin importar cómo me aumentaron los costos o de cuánto es la factura de mis contratos de conectividad mayorista, que son en dólares, y mucho menos si alcanza para absorber el impacto de los aumentos en nuestro gasto de movilidad”, reclamó Fermin Sodini, gerente de Operaciones de Amecon, ISP del sur de Rosario.

En el anuncio también se colaron otras quejas. “Siendo uno de los ISPs más grandes de Rosario, el día de hoy seguimos sin poder conectarnos a la red de Arsat que, por otro lado, vende el mega mayorista más caro que el valor del mega de la PBU que estamos obligados a vender al usuario final”, expuso Sodini, y consideró “un despropósito que las empresas tengan que subsidiar el PBU”.

Así las cosas, otra vez, y justo cuando comienza un nuevo mes aún sin definiciones sobre autorizaciones de nuevos aumentos, CAPPI se puso “a disposición de las autoridades para generar urgente una mesa de diálogo”, a fin de encontrar solución a un tema que casi a diario presenta un nuevo capítulo en Argentina.