Argentina publica normativa para la compartición de infraestructura pasiva

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A través de la resolución 105/20, la Secretaría de Innovación Pública de Argentina aprobó el Reglamento de Compartición de Infraestructura Pasiva.

El objetivo del texto es establecer los derechos y obligaciones de los licenciatarios de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y “las condiciones y procedimientos relativos al acceso, puesta a disposición y uso compartido de la infraestructura pasiva que sea de su propiedad, sobre la que tengan posesión, ejerzan control o de cualquier otra forma esté a su disposición, incluyendo los derechos que sobre esa infraestructura hayan obtenido de terceros”.

Se entiende por infraestructura pasiva ductos, zanjas, canalizaciones, cámaras instaladas en áreas urbanas y suburbanas, postes, estructuras soporte de antenas, shelters, construcciones, sitios, predios, sistemas de suministro y respaldo de energía eléctrica, sistemas de climatización y demás accesorios que sirvan de soporte o faciliten la instalación de elementos de infraestructura activa.

La resolución detalla que los licenciatarios de servicios TIC estarán obligados a permitir a otros licenciatarios el acceso a la infraestructura pasiva que sea de su propiedad sobre la que tengan la posesión, ejerzan control. Además, deberán reservar capacidad en la instalación de nuevos ductos y shelters, en las obras que se inicien a partir de la entrada en vigencia del presente reglamento. Este punto había sido controversial en las consultas públicas, puesto que los operadores consideraron que podría desincentivar la inversión en infraestructura y el despliegue de redes.

Los licenciatarios también deberán no acordar, aun cuando el acceso a infraestructura pasiva sea otorgado por un sujeto que no sea licenciatario de Servicios de TIC, exclusividad o preferencia. Y tendrán que informar la infraestructura pasiva ya instalada.

De todas formas, los licenciatarios TIC no estarán obligados a compartir cuando haya inviabilidad técnica de la infraestructura, cuando se acredite la existencia de riesgos para la integridad y seguridad de la red; o la falta de disponibilidad de capacidad en la infraestructura pasiva.

La norma pone al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) como la autoridad de aplicación del reglamento, quien deberá considerar el uso eficiente de la infraestructura pasiva, un ordenamiento y desarrollo urbanístico sostenible, la competencia, la libertad de contratación, la no discriminación y la confidencialidad de los convenios.

Se trata de un reglamento que había sido puesto a consulta pública en dos ocasiones por la ex Secretaría TIC, una en 2018 y otra en 2019. En ambos procesos se recibieron aportes de la industria y de actores interesados. Numerosos participantes en la consulta pública coincidieron en la importancia de promover políticas de compartición de infraestructura pasiva con el objetivo de reducir los costos asociados al despliegue de redes de telecomunicaciones, facilitar un desarrollo eficiente y sostenible de la infraestructura y promover la competencia en el sector.