Argentina | Regular internet, proyectos en danza y músculo político

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Letrap

En agosto de 2020, en pleno Aislamiento Social y Preventivo Obligatorio, el presidente Alberto Fernández firmó el decreto 690/20 que estableció al servicio de Internet servicio público esencial y estratégico en competencia. Como respuesta, las principales operadoras del mercado -Telecom, Direct TV y Telecentro- reclamaron a la Justicia mediante una medida cautelar, hoy vigente. El decreto quedó suspendido parcialmente.

En sintonía, la reacción de las cámaras y agrupaciones que representan a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMes) salieron al cruce por la intervención del Gobierno en la fijación de las tarifas. Guillermo Schmid, integrante de la Unión Argentina de Proveedores de Internet (UAPI), que nuclea a pequeñas empresas que cubren más de 2500 localidades del interior del país, sostiene que no cuentan con los recursos de las grandes empresas, por lo cual no podrían soportar reducciones en sus márgenes operativos por mucho tiempo.

No obstante, el plan básico universal (PBU) no fue objetado por el sector. Schmid agrega que propusieron la Tarjeta Conectar, que beneficiaría directamente a quienes necesitan conectividad y no pueden pagarla. A diferencia de la tarjeta que lanzó el Gobierno, la propuesta de las pymes permite elegir el proveedor para promover la competencia.

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