Argentina | Repercusiones del proyecto del oficialismo para convertir en ley el DNU 690

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El senador argentino oficialista y Presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Alfredo Luenzo, advirtió el miércoles que su bloque apoyaría el DNU 690 con un proyecto de ley, para ganar peso y pelear contra las decisiones judiciales que dieron libertad tarifaria a varios operadores. El proyecto, que plantea prácticamente lo mismo que el decreto, ya se presentó y las respuestas no se hicieron esperar.

“Contra el DNU se generaron varias medidas que hacen que hoy casi no tenga aplicación. Si esto pasa a una ley va a pasar lo mismo, deberán pedirse cautelares que apliquen contra ella, pero los argumentos en contra no tenían que ver con que sea un decreto: el fundamento fue la afectación al derecho de la propiedad, cargar obligaciones públicas a privados y no analizar los costos de las empresas”, dijo a DPL News el exdirector del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Agustín Garzón.

El exfuncionario, que es abogado y consultor en telecomunicaciones, consideró que el decreto tiene al menos tres fallas que son las que generan la disconformidad del sector: la aplicación de una normativa de este tipo en un mercado en competencia, con cientos de actores; que la Prestación Básica Universal (PBU) sea financiada por las empresas; y la inseguridad jurídica que genera esta situación.

“Hoy, sólo el 13 por ciento de los accesos son por fibra, por lo que falta mucha inversión. El fin de esta regulación es reducir la brecha digital y todo lo que genera va en sentido contrario”, indicó Garzón, y propuso utilizar el Fondo de Servicio Universal (FSU) no sólo para ganar cobertura en sitios aislados, sino para subsidiar el acceso como sucede en Estados Unidos.

Además, el exfuncionario señaló que “la oposición está dispuesta a colaborar en estos temas si eventualmente el gobierno nos convoca, algo que no creo que ocurra”.

Los pequeños operadores también respondieron, tal como sucedió cuando Alberto Fernández dijo a principios de semana que Internet será servicio público para que “no nos estafen y nos roben por las tarifas”.

“El gobierno quiere controlar Internet fundiendo a los operadores, fijándoles precios inviables porque (…) se quiere quedar con Internet, porque (…) quiere que dependas de él para conectarte”, disparó la Unión Argentina de Proveedores de Internet (UAPI) en su cuenta de Twitter.

También hubo voces que acompañaron la propuesta. Entre ellos, el diputado nacional y Presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la cámara baja, Pablo Carro, que en una columna para Télam consideró que “claramente Internet es un servicio público esencial”, y dejó claro su postura: “Desde el Parlamento venimos sosteniendo la garantía de nuevos derechos a través de diversos proyectos de ley.

“Internet es un servicio público y hay que validarlo con una regulación y reglamentación inteligente. En la Argentina que viene no podemos depender en servicios esenciales como la conectividad sólo con el criterio de cómo quieran cobrarlo las grandes empresas. Por ello, la mesa de diálogo se amplió hacia otros prestadores pymes o cooperativas”, indicó el legislador del Frente de Todos, dando continuidad a una puja que parece no tener fin.