Tras la aprobación de una nueva ley por el Parlamento australiano, los usuarios de banda ancha deberán pagar un impuesto mensual de 7.1 dólares nacionales a partir de julio. El cargo sólo será aplicable para quienes no estén conectados a través de la Red Nacional de Banda Ancha (NBN) y reciban un servicio con una velocidad de 25 Mbps o más.

Con estos ingresos tributarios, el gobierno de Australia financiará las redes satelitales para llevar conectividad a las zonas rurales y alejadas del país, de la mano del proveedor mayorista NBN.

Por el momento, el impuesto se dirige solamente a las conexiones fijas, pero podría analizarse incluso introducir la misma medida en los servicios móviles, según ha declarado el gobierno en ocasiones anteriores.

El anuncio del gobierno despertó el descontento de la industria. Las compañías TPG y OptiComm Fiber se opusieron a que el plan de banda ancha regional incluya aplicar impuesto a los clientes. Aunque en el proyecto actual no se contempla gravar también a las conexiones inalámbricas fijas 5G que puedan ofrecerse en el país, es una preocupación latente.

Además, la introducción tributaria fue muy criticada por algunos integrantes del Parlamento. El senador Stirling Griff, de la Alianza Centro, dijo que el gobierno se dará cuenta que este método de financiamiento es insostenible, a medida que los usuarios prefieran cambiarse a la red inalámbrica debido al impuesto.

Desde su creación, NBN ha tenido como objetivo conectar a las poblaciones rurales y de menores ingresos. En abril, creó un fondo por 150 millones de dólares australianos para apoyar a los proveedores de Internet que llevan servicios a estas zonas, por lo que renunció a cobrar su cargo mayorista.

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