Avances en Ecuador Digital: gobierno modifica reglamento a ley de telecomunicaciones

El decreto modifica algunas definiciones, como la de ingresos facturados por los operadores, lo que se traduciría en una reducción del pago de obligaciones regulatorias, algo que venía demandando el sector. También permite a los operadores reemplazar el pago de servicio universal por inversiones.

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A través del decreto 126, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, aprobó la reforma al reglamento general a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, con nuevas definiciones que fortalecen la seguridad jurídica del sector. Para la industria, el decreto es “un paso en la dirección correcta y un claro mensaje de hacia dónde apunta la política pública en el nuevo gobierno”.

El decreto modifica las definiciones de “ingresos totales facturados y percibidos” (que se utiliza para calcular el pago de obligaciones regulatorias o servicio universal), descontando los ingresos por venta de terminales, tarjetas SIM, activos no afectados a la concesión, ingresos financieros, entre otros. También pone un tope: el cálculo para el pago de las obligaciones regulatorias no podrá superar el 2.5 por ciento de los ingresos facturados.  

Este punto era una de las principales demandas del sector de las telecomunicaciones, ya que Ecuador tiene los cargos tributarios más altos de la región, lo cual obstaculiza las posibilidades de inversión.

El nuevo reglamento también incluye definiciones que no estaban consideradas en el reglamento anterior, como “competencia efectiva”, “derechos de otorgamiento de título habilitante para la prestación de servicios de telecomunicaciones”, “derechos de otorgamiento de títulos habilitante para uso y explotación del espectro”, “emergencia” y “servicios de emergencia”, “línea de servicio móvil avanzado” y “SMA para el cálculo de concentración de mercado”, entre otros.

Además, agrega que el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información será el encargado de elaborar y aprobar la reglamentación que permita la ejecución de proyectos y programas de servicio universal, a través del pago con servicio, ejecución de planes de inversión u obligaciones de hacer en contraprestación de las contribuciones a las cuales están obligados los prestadores de servicio”.

Agrega que el pago de contribución del 1 por ciento de servicio universal “podrá ser cancelado total o parcialmente por los prestadores mediante la ejecución del plan de inversiones anuales, el cumplimiento de obligaciones acordadas con el organismo regulador o a través de la prestación de servicios de telecomunicaciones en zonas priorizadas o vulneradas”. Básicamente sería lo que se denomina play or pay para el servicio universal.

Asimismo, obliga a la Arcotel a mantener debidamente actualizada la normativa técnica para la prestación de servicio y para la instalación de infraestructura. También decreta que el regulador derogue o suprima la regulación, normas, disposiciones y procesos que estuvieran duplicados, caducos o no generen valor agregado.

En diálogo con DPL News, Jorge Cevallos, director Ejecutivo de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel), aseguró que, para la industria, “es una muy buena reforma que abona a dotar de seguridad jurídica y predictibilidad normativa”.

“Consideramos que este es un paso importante para transitar del modelo eminentemente recaudatorio hacia un nuevo modelo de desarrollo basado en la conectividad y el cierre de la brecha digital. Muestra un serio compromiso por parte de las autoridades para llegar con conectividad a las áreas no atendidas”, agregó. “Es un paso en la dirección correcta, no sólo por la reforma en sí, sino por el claro mensaje de hacia dónde apunta la política pública en el nuevo gobierno”.

De acuerdo con los considerandos del decreto, “es necesario incorporar algunas definiciones técnicas propias de la regulación sectorial de telecomunicaciones, a fin de fortalecer la seguridad jurídica. 

“Es necesario incentivar el crecimiento del sector de las telecomunicaciones para promover la conectividad, especialmente en los sectores rurales, promoviendo la inversión y el servicio universal”, reza el decreto. Y agrega que también se necesita impulsar la adopción de nuevas tecnologías de comunicación e información, especialmente necesarias en el contexto de distanciamiento social que exige la pandemia de la Covid-19.

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“El objetivo de conectar a todos los ecuatorianos lo compartimos plenamente y reformas en este sentido facilitan las inversiones y la ampliación de la cobertura de servicios, particularmente a zonas rurales y no cubiertas actualmente”, dijo Cevallos sobre la nueva norma. 

A menos de tres meses de asumir, el nuevo gobierno de Guillermo Lasso ya tuvo varios avances tangibles en el sector: se presentó un proyecto para modificar la ley de comunicación, se mejoró la conectividad de 54 puntos, y se redujeron los aranceles de importación a la fibra óptica, radiobases y equipos electrónicos.