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El proyecto licitado por el Estado para mejorar la conectividad de la zona sur de Chile –Internet, Telefonía y cable-, tiene además un componente estratégico: dejar de depender de Argentina para el acceso a la red. Pese a que está operativo desde diciembre, las compañías de telecomunicaciones se resisten a conectarse, lo que tiene molesto a las comunidades y a las autoridades de la zona.

Hace justo un año el presidente Sebastián Piñera inauguraba el proyecto de fibra óptica que iba a permitir darle conexión de calidad a la zona austral del país, que en regiones como Los Lagos, Aysén y Magallanes tiene serios problemas técnicos.

“En varios lugares la red se cae, en zonas como Caleta Tortel el sistema resiste que 14 personas hablen por teléfono, pero si alguien más decide hablar, la comunicación se corta”, reseña un oriundo de Aysén, que espera ansioso que las compañías de teléfono, como Movistar, Entel, Claro y Wom se conecten por fin a la nueva fibra óptica, disponible desde diciembre, que les permitirá tener Internet de alta velocidad, algo que nunca han experimentado, porque hasta ahora la red llega desde Argentina, y lo que toca es lo que no han consumido al otro lado de la cordillera.

Fue en este escenario que en 2017 la administración Bachelet decidió abrir un proceso para que las compañías participaran en una solución que además es estratégica para Chile: generar una fibra subterránea y terrestre para conectar desde Puerto Williams a Puerto Montt y así a todo el país, dejando de depender de Argentina.

Con la idea de conectar a todo Chile, el anterior gobierno decidió que para incentivar la participación de las empresas iba a subsidiar la construcción del proyecto. La compañía ganadora sería la que presentara el mejor plan técnico, la que solicitara los menores recursos del fisco, y la que estableciera una tarifa menor para los actores que después iban a comprar el acceso a la red. 

Entonces compitieron Movistar, Wom y CTR, la Compañía Telefónica Rural, la de menor tamaño entre las “telecom” que operan en chile, 100% nacional y cuyos dueños son un grupo de empresarios. 

Fue esta última la que generó la mejor propuesta económica: para el desarrollo submarino solicitó US$ 80 millones de subsidio estatal (el proyecto de telecomunicaciones más grande en la historia del ministerio de Transporte) y estableció que vendería los 100 Mega en $110 millones de pesos mensuales a cada una de las firmas de telecomunicaciones, los cuales en cifras actuales significan $125 millones. 

Antes de dar el vamos a la iniciativa, la comisión de Telecomunicaciones del Senado invitó a las empresas para solicitarles su participación en lo que iba a significar un hito social y económico, y entonces las empresa de telecomunicaciones se comprometieron a que cuando se inaugurara el proyecto comprarían a la red chilena, dice un ejecutivo de una de ellas. 

La batalla

Cuando en diciembre pasado, CTR entregó la fibra, junto con la Subsecretaría de Comunicaciones (Subtel) esperaban que las compañías se conectaran inmediatamente.  “Este proyecto es clave para mejorar la conectividad de las regiones de Magallanes, Los Lagos y Aysén ya que beneficiará a más de 435 mil personas, y 19 mil empresas”, explican desde el gobierno.  

Pero las empresas aún encuentran razones para decidir no hacerlo. Consideran, por ejemplo, que el precio que deben pagar por el acceso es demasiado caro, aunque Movistar en su propuesta en el concurso les cobraba a las compañías de telecomunicaciones por los mismos 100 mega cinco veces más que la propuesta ganadora: $ 586 millones mensuales. 

En Movistar aseguran que han concretado importantes inversiones en Punta Arenas y Puerto Natales para asegurar una conexión de calidad. En la zona, sin embargo, aseguran que la inestabilidad de la red es tan grande que incluso hay momentos en que cuesta comunicarse telefónicamente dentro de una misma ciudad. 

En el sector aseguran que uno de los principales conflictos que tienen empresas como Entel y Claro es que si se conectan en el país vecino, lo hacen con filiales de ellos, por lo que los dineros quedan en el mismo grupo. El problema sigue siendo que en esa zona Chile depende de una fibra óptica extranjera, de menos calidad, teniendo una mejor en el país.  

En Entel, en cambio, han estado reticentes porque CTR sólo ofrece comprar grandes paquetes de conexión, y si bien ellos son los mayores operadores en el país, aseguran que en el sur abastecen a lugares específicos, con consumos mucho más pequeños. 

Caleta Tortel, por ejemplo, depende de ellos. Es uno de los lugares con peores conexiones del país y con la nueva fibra óptica la velocidad de Internet en la zona mejoraría radicalmente. Ellos han comprometido agregar una segunda antena, de modo que la comunidad completa reciba conectividad, y no sólo una parte de ella, como ocurre hoy.  

En Entel reconocen que el tema tiene un factor geopolítico clave y por lo mismo, decidieron en los últimos días comenzar a interconectarse a la fibra, cuestión que hicieron en una semana. “Siempre hemos estado en disposición de dar un mejor servicio en la zona austral, y evaluamos las características que puedan lograrlo. Estamos a la espera de negociaciones que hemos sostenido con el gobierno y las empresas para encontrar una solución para traer el tráfico que va hacia el sur y que hoy pasa por territorio argentino, para definitivamente poder traerla a chile”, afirma Manuel Araya, gerente de Regulación y Asuntos Corporativos de Entel. 

¿Fin al bloqueo?

Sin embargo, el bloqueo sigue presente, aunque la subsecretaría abrió una mesa de diálogo que busca encontrar una solución al conflicto. Después de varias reuniones por zoom, y minutas que van de un lado al otro, ayer el gobierno visó la propuesta que diseño CTR, la cual deja fuera la posibilidad de que las grandes compañías revendan los datos entre empresas, algo que habían reclamado desde un comienzo.

Sin embargo, como explica su gerente general Patricio Morales, estuvieron disponibles “para ofrecer una rebaja en las tarifas, sobre todo a los que necesitan menores cantidades de mega en aquellas regiones”. Morales asegura que para concretar las rebajas, ellos pusieron una condición: que haya un acuerdo de todas las compañías de abastecerse del servicio desde Chile. “Como operadores también necesitamos una facturación mensual que nos permita a nosotros cumplir nuestros compromisos”. 

Ayer la Subtel aceptó la propuesta y hoy será enviada a cada una de las firmas de telecomunicaciones. Si alguna se desiste, se cae el acuerdo, lo que significaría que los magallánicos y aiseninos tendrán que seguir esperando.

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