Bolivia | Víctimas de robo virtual suben a 37 y el Banco Unión promete devolución

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Los Tiempos

A un mes de hacerse pública la denuncia de robos digitales a clientes del Banco Unión, las víctimas llegan a 37 y el monto de robo asciende a 1,5 millones de bolivianos. La última persona afectada denunció que le sustrajeron dinero el 10 de octubre. 

Catorce de los 37 afectados se reunieron el 9 de noviembre con el presidente del Banco Unión, Gonzalo Araos; la gerente de la entidad, Ana Ramos, y otros ejecutivos, quienes se comprometieron verbalmente a devolver los montos sustraídos.

Sin embargo, los funcionarios del banco se negaron a poner por escrito el compromiso de devolución en el acta de la reunión hasta que los afectados entreguen copia legalizada de los documentos de las actuaciones legales que habrían iniciado, indicó Deisi Vega, una víctima del robo digital. 

En el acta de la reunión, el Banco Unión se compromete a realizar el análisis correspondiente de cada caso, ejecutar una estrategia legal pertinente, realizar las gestiones que correspondan hasta la conclusión de cada proceso penal iniciado por los clientes afectados por las transferencias no reconocidas y correspondiente recuperación de los dineros apropiados indebidamente de las cuentas de los clientes, señala el documento. 

“Los ejecutivos de Banco Unión se comprometieron a devolvernos los dineros el 5 de diciembre, pero no quisieron poner en el acta de reunión porque no tenían los documentos”, dijo Vega.

Agregó que “el banco realizará la investigación, contratará abogados, especialistas; ellos dijeron que se iban a adherir a nuestros procesos como víctimas y que ya no vamos a gastar en abogados”.

Ayer, las víctimas concluyeron la entrega de toda la documentación que respalda cada una de sus actuaciones legales realizadas a la fecha. 

Sin embargo, los afectados indicaron que aguardarán hasta el 5 de diciembre para la devolución; de lo contrario, iniciarán las medidas de presión. 

“Vamos a ir hasta La Paz, sí o sí nos tienen que devolver porque su seguridad ha sido vulnerada, pero ellos no lo quieren reconocer; también sospechamos que un funcionario filtró nuestra información. Es nuestro dinero, ahorros de años”, dijo Vega. 

A las víctimas se les sustrajo entre 13.500 y 105 mil bolivianos, a través de transferencias que fueron enviadas a cuentas de otros bancos. Al momento del robo también quedaron sin acceso a sus líneas telefónicas. 

Según las primeras hipótesis, los ladrones recuperaron chips de Entel y Tigo de las víctimas porque el banco confirma las transacciones con mensajes de texto. La mayoría de los afecta-dos son funcionarios públicos. 

Vega denunció que hay varias víctimas de robo virtual que trabajan en instituciones del Estado, pero no quieren denunciarlo porque tienen temor a perder sus empleos.

 

No hay ley de protección de datos

La Fundación InternetBolivia considera que será muy difícil que las víctimas recuperen su dinero, debido a que en el país no hay una ley de protección de datos personales, tampoco hay leyes del cibercrimen, pues el Código Penal sólo tiene dos artículos referidos a piratería informática y no hay artículos de delitos de estafa. 

A ello se suma que la Policía tampoco está capacitada para investigar este tipo de delitos.

La Fundación InternetBolivia presentó en 2019 un anteproyecto de ley para normar el tratamiento y uso de datos personales, así como regular los métodos de seguridad y sanciones.