Bolsonaro se impone: redes sociales en Brasil no podrán remover contenido de forma arbitraria

Entidades advierten la necesidad de devolución o revocación de la medida provisional, que cambia el Marco Civil de Internet.

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Foto: Sérgio Lima/PODER 360

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El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro firmó, este lunes la Medida Provisional (MP) 1068/2021 que modifica el Marco Civil de Internet. Según el texto, “los proveedores de redes sociales tienen prohibido adoptar criterios de moderación o limitar el alcance de la difusión de contenidos que impliquen censura política, ideológica, científica, artística o religiosa”.

Las redes sociales sólo podrán borrar, cancelar o suspender, total o parcialmente, los servicios o perfiles de usuario si existe justa causa, como en el caso de cuentas que simulan la identidad de terceros para engañar al público -salvo el derecho al uso de un nombre social y el ánimo humorístico-; divulgación de desnudez; y apoyo para crímenes contra la vida, pedofilia, terrorismo, trata de personas u otros delitos penales.

Si no cumplen con la Medida Provisional, las empresas estarán sujetas a multas y suspensión o prohibición temporal de actividades.

Según el gobierno, la medida busca “establecer balizas para que los proveedores de redes sociales de amplio alcance, con más de 10 millones de usuarios en Brasil, puedan moderar el contenido de sus redes sociales de modo que no resulte en una restricción indebida de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos brasileños”.

La Secretaría Especial de Comunicación Social justifica la urgencia y relevancia de la medida en el hecho de que la remoción arbitraria e irrazonable de cuentas, perfiles y contenidos por parte de los proveedores de redes sociales socava el debate público de ideas y el ejercicio de la ciudadanía, además de “resultar en un marco de violación masiva de derechos y garantías fundamentales como la libertad de expresión y el ejercicio de una defensa amplia y contradictoria”.

Cabe recordar que Facebook y otras redes ya han dado de baja cuentas que difundían información falsa y estaban vinculadas al presidente y su familia. El mismo mandatario ha tenido publicaciones marcadas como falsas, y la semana pasada Bolsonaro vetó el castigo por noticias falsas en la nueva Ley de Seguridad Nacional.

Críticas

En un comunicado, la Coalición Derechos en la Red llamó la atención sobre la necesidad de derogar la MP y advirtió sobre los riesgos de la medida.

“En 2014, el MCI (Marco Civil de Internet) disciplinó los derechos de los usuarios y servicios de Internet en Brasil. En el caso de las redes sociales (plataformas como Facebook, YouTube y Twitter), el artículo 19 de la ley -durante siete años en vigor- establece que quienes operan con base en contenidos producidos por terceros sólo pueden ser considerados legalmente responsables de dichos mensajes si, al recibir una orden judicial de expulsión, no cumplen. Además, el modelo instituido por el MCI permite a los intermediarios tener sus propias políticas de moderación (como reglas sobre lo que puede y no puede publicarse), al tiempo que establece que deben seguir lo que el Poder Judicial determine posteriormente”.

La Media Provisional del presidente invierte esta lógica al establecer reglas sobre cómo esta moderación puede ocurrir o no, dice la nota. “El texto transforma así las redes sociales en espacios aún más homogéneos, inhóspitos y tóxicos. Estas empresas ya no podrán controlar el spam o la venta de armas sin cumplir con el requisito de una causa y motivación justas. Además, no podrán aplicar medidas en cuentas destinadas únicamente a promover delitos, acoso o bullying, todo ello en nombre de la ‘libertad de expresión’. Así, el gobierno socava la posibilidad de que brasileñas y brasileños se sientan seguros y escuchados para expresarse, creando una Internet sin diversidad de espacios. Una Internet en la que podrán reinar los más violentos y los que llenan de spam las líneas de tiempo. Esto viola directamente la libertad de expresión y el acceso a la información para todos”.

Para el colectivo, a la hora de determinar qué sería “causa justa”, el texto aparece arbitrario, insuficiente y poco técnico. Además, la lista de excepciones deja fuera situaciones como el caso del contenido que fomenta prácticas de odio o desinformación.

En definitiva, la disposición altera el modelo de responsabilidad del intermediario establecido por el artículo 19 del MCI, sin consultar al Comité Gestor de Internet (CGI.br), como exige el artículo 9 de la ley, o a la sociedad.

La MP también modifica la Ley de Propiedad Intelectual, dando cabida a cualquier tipo de contenido en Internet, a excepción de aquellos expresamente eliminados del texto (mensajería instantánea y comercialización de bienes y servicios).

“Ante los graves impactos en Internet, la Coalición de Derechos en la Red alerta sobre la necesidad de devolver o revocar esta MP y hace un llamado a actores de la sociedad, del Estado y del sector privado para que el debate sobre la regulación de los discursos en línea continúe desarrollándose en el Congreso Nacional, en el ámbito del Proyecto de Ley No. 2630/20, ya aprobado en el Senado y actualmente en discusión en la Cámara de Diputados”.