Brasil – Cámara de Diputados aprueba nueva Ley de Informática

El texto sigue la sanción del Presidente Jair Bolsonaro, quien tiene hasta 15 días para aprobarlo parcial o totalmente para cumplir con los requisitos de la OMC antes del 31 de diciembre de este año.

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La Cámara de Diputados de Brasil aprobó los cambios realizados por el Senado Federal en el proyecto de ley 4.805/19, que modifica la Ley de Informática para reformular el sistema de incentivos para producción tecnológica, investigación y desarrollo en el país.

Se mantuvo la enmienda realizada en el Senado, que rescató y fijó en un 60 por ciento la obligación de las industrias ubicadas fuera de la Zona Franca de Manaus (ZFM) para alcanzar el Proceso de Producción Básico (PPB), requerido para la caracterización de un producto nacional que se beneficia de exenciones de impuestos.

“Es un proyecto extremadamente importante para la investigación y el desarrollo para aumentar cada vez más el crecimiento de nuestras inversiones en ciencia y tecnología, y para que la industria de la informática tenga el valor que merece”, dijo el relator plenario de la Cámara, André Figueiredo.

Contexto

El sistema de incentivos para la producción electrónica nacional fue cuestionado por Japón y la Unión Europea en la Organización Mundial del Comercio (OMC), y la OMC ganó la queja. Como resultado, Brasil tuvo que reemplazar los beneficios fiscales vinculados al IPI con un nuevo régimen, que utiliza créditos fiscales de un nuevo sistema de puntuación que valora las etapas productivas en el país.

El texto sigue la sanción del Presidente Jair Bolsonaro, quien tiene hasta 15 días para aprobarlo parcial o totalmente para cumplir con los requisitos de la OMC antes del 31 de diciembre de este año, la fecha límite dada por la organización. En un tiempo récord, el proyecto de ley fue presentado y aprobado en menos de tres meses, luego de que el gobierno no cumpliera su promesa de emitir una medida provisional en agosto para resolver el estancamiento.

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En el Senado se hicieron ajustes para canjear la obligación del Proceso Básico de Producción y para establecer un nivel mínimo de nacionalización de un 60 por ciento, incluso en los casos en que la empresa decida intercambiar Investigación y Desarrollo por créditos fiscales.

En general, la intención de los partidarios de la propuesta es mantener aproximadamente 6 mil millones de reales por año de incentivos otorgados al sector. En lugar de reembolsos de impuestos, este monto se transformará en un crédito financiero para deducir el Impuesto sobre la renta corporativo (IRPJ) y la Contribución social sobre el ingreso neto (CSLL).

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