En 2019, se aprobó la Ley brasileña 13.879/2019, que estableció un nuevo hito para el sector de las telecomunicaciones. El decreto presidencial que regulará esta ley está próximo a publicarse, el cual, además de establecer las condiciones para la migración de las actuales concesiones de línea fija al régimen privado, también regulará la renovación de las concesiones de frecuencia indefinidamente, sin licitación.

Asimismo, el decreto buscará establecer que la renovación de las licencias de espectro se aplique a las frecuencias de teléfonos móviles que ya se han vendido, como las bandas de 800 MHz.

A partir de diciembre de 2020, las primeras licencias que fueron adquiridas por los operadores móviles durante la privatización de Telebrás (las bandas de 800 MHz conocidas como Banda A) comienzan a caducar. La primera licencia para ganar es Vivo, en Río de Janeiro.

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Según la regulación anterior, las frecuencias sólo pueden renovarse una vez hasta un máximo de 30 años en manos de la empresa, después deben devolverse a la Unión para una nueva licitación. La Ley 13.879 incluyó artículos que permiten renovar las concesiones de espectro, onerosas, por términos indefinidos, a discreción de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).

Durante el curso del proyecto en el Congreso Nacional, e incluso hasta que se sancionó la ley, hubo mucho debate sobre este tema en relación con la renovación de las frecuencias ya ofertadas. Diferentes interlocutores del Ministerio Público, el TCU y el Ministerio de Economía entendieron que esta regla no podía aplicarse a frecuencias ya compradas en ofertas anteriores.

Pero los legisladores crearon esta condición convencidos de que esta solución evitaría el problema que se causaría a los usuarios de estas frecuencias, porque el operador cuando se ve obligado a devolver el espectro para una nueva licitación de la Unión, tendría que reubicar a estos miles de clientes a otras frecuencias en su poder, lo que llevaría a grandes inconvenientes y problemas de calidad.

Estos argumentos convencieron a otros sectores del gobierno de no sugerir un veto a estos artículos de la ley. Se estima que el decreto reglamentario se publique a fines de este mes o principios de febrero por el Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

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