Brasil – Suspenden compartición de datos de usuarios de telefonía a IBGE

Se señaló que la información tratada en la medida está dentro del alcance de la protección constitucional que respalda el derecho a la privacidad, honor e imagen de las personas.

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La ministra Rosa Weber, del Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil, suspendió la Medida Provisional 954/2020, que establece el intercambio de datos de usuarios por parte de los proveedores de servicios de telecomunicaciones con el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), para apoyar la producción estadística oficial durante la pandemia de Covid-19.

La ministra distinguió acciones de inconstitucionalidad propuestas por la Orden de Abogados de Brasil (OAB), el Partido de la Democracia Social, el Partido Socialista, el Partido Socialismo y Libertad, y el Partido Comunista de Brasil.

La medida obliga a las compañías de telefonía fija y móvil proporcionar a la Fundación IBGE una lista de los nombres, números de teléfono y direcciones de sus consumidores, personas físicas o jurídicas.

La ministra Weber determinó que, “para evitar daños irreparables a la privacidad y confidencialidad de la privacidad de más de 100 millones de usuarios de servicios de telefonía fija y móvil”, el IBGE se abstiene de solicitar los datos provistos en la medida provisional y, si ya ha solicitado dicha información, que suspenda dicha solicitud, con comunicación inmediata a los operadores telefónicos, cuya decisión se someterá a un referéndum plenario.

Derechos fundamentales

En el análisis preliminar, la ministra señaló que la información tratada en la medida está dentro del alcance de la protección constitucional (artículo 5) que respalda el derecho a la privacidad, honor e imagen de las personas.

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Según ella, el texto no prevé ningún requisito de mecanismos y procedimientos para garantizar la confidencialidad y anonimato de los datos compartidos, lo que no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución para la protección efectiva de los derechos fundamentales de los brasileños.

También enfatizó que no existe un interés público legítimo en compartir los datos personales de los usuarios de los servicios telefónicos y que el estándar no proporciona condiciones para evaluar su idoneidad y necesidad, ya que no define la forma y el propósito de usar los datos.

Finalmente, destacó que no se subestima la seriedad y la urgencia derivadas de la actual crisis de salud, ni la necesidad de formular políticas públicas que exijan datos específicos para enfrentar el nuevo coronavirus. Sin embargo, evaluó que la lucha contra la pandemia no puede legitimar “el atropello de las garantías fundamentales consagradas en la Constitución”.

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