Excélsior – Alicia Salgado

En lo que va de 2019, han sido constantes las manifestaciones de algunos sindicatos y organizaciones de taxistas en la Ciudad de México, con el fin de “recordarle” una promesa de campaña a la actual jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Mientras el consumidor ha ganado en precio y servicio, los que presionan buscan que se regule y hasta prohíba la operación de Empresas de Redes de Transporte (ERT’s como Uber, Didi, Cabify, Avant, EasyTaxi, entre otras) para limitar su uso y/o generar su expulsión del mercado.

Fíjese que los representantes de grupos de taxistas dicen que el secretario de Movilidad de la Ciudad, Andrés Lajous, pidió a funcionarios de su secretaría reunirse con representantes de las plataformas de movilidad más importantes, para presentarles la futura regulación a las ERT’s en la CDMX.

Aseguraron que la regulación será publicada en la Gaceta de la CDMX durante los siguientes días pero en este abril.

El punto es que lo que vieron pareciera tener la intención de promover la creación de monopolios y restringir las alternativas de movilidad, no de mejorarlas.

En dicha propuesta, las ERT’s deberán realizar dos pagos distintos a nombre de los conductores por un monto anual en torno a los tres mil 500 pesos. Claro, no se tiene claridad sobre el destino del dinero que se pretende recaudar.

Más aún, si un conductor otorga sus servicios a través de distintas plataformas (práctica común en la ciudad), cada ERT deberá realizar los pagos correspondientes. La visión de la Semovi, según lo comentado en esta reunión, es que “si un vehículo está trabajando en una plataforma, sólo deberá trabajar en esa plataforma”.

Es evidente que la secretaría no tiene un claro conocimiento de cómo operan los conductores multi-plataforma y el por qué expanden su servicio, y además de ser un indicio de restringir el autoempleo, la innovación y la movilidad, pareciera que se quiere dar preferencia a empresas con capacidad para “atrapar” a conductores con los pagos de segmentos de poder adquisitivo alto.

En relación a la capacitación, además de la que reciben los conductores en la plataforma –que podría ser mejorada–  se propone que pasen por un proceso largo para darse de alta en el sistema de Semovi, con evaluaciones físicas, de salud y de habilidades de manejo en los Centros para el Fomento de la Educación y Salud de los Operarios del Transporte Público de la Ciudad de México (CENFES)

Estos se encuentran en diferentes puntos de la ciudad, para obtener folio de acceso tiene que ir físicamente a una oficina de Semovi a tramitar un folio, para que luego le den otro del Cenfes y, luego le den cita digital para acudir. Una vez ahí, ocupan tres días hábiles, que para el trámite implica pérdida productiva de tres días.

 Y mire, si todos los taxistas de placas L (Libre circulación) y los de placas S (de Sitio), o los de hoteles, siguieran esa misma ruta y hubiera un registro general de conductores, confiable y verificable, voy de acuerdo en que lo hagan, pero hasta ahora la regulación ha implicado corrupción y el proceso propuesto no es innovador sino replicador del que se tenía anteriormente.

Pero bueno, se tiene el pretexto de velar por los conductores y pasajeros, pero el problema de introducir regulación como la que se pretende, puede provocar una restricción de la oferta de movilidad y por ende, aumentar los precios del servicio de taxi ligado a las ERT’s.

Lajous tiene una propuesta muy clara de movilidad, y las ERT’s han tenido un gran éxito en la mejora del transporte público, pero…. no son clientela política y ahí está el problema. Tal vez no sea un tema del titular de Semovi, sino que la presión proviene de quien siente que debe con la reversión esperada al estatus anterior.

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