Milenio Leonardo Peralta

El 14 de octubre empezó el sexenio en infraestructura de telecomunicaciones. Ese día sesionó por primera vez el Consejo de Administración de CFE Telecomunicaciones Internet para Todos, empresa subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), creado para “prestar y proveer servicios de telecomunicaciones, sin fines de lucro”. 

La nueva empresa tendrá la tarea de conectar a millones de mexicanos dispersos en miles de pequeñas comunidades del país, con un presupuesto limitado y entre numerosas iniciativas de conectividad del Estado con efectividad no definida. 

Publicado el 2 de agosto en el Diario Oficial, el acuerdo que da vida a la nueva empresa estatal define entre sus funciones “conformar una red pública de telecomunicaciones sin fines de lucro, en condiciones de acceso efectivo a la población que no cuente con cobertura de dichos servicios”. 

Para apoyar sus actividades, el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2020 la dotó con 1,095 millones de pesos (mdp).

La nueva empresa se suma a proyectos de conectividad de administraciones pasadas como la red México Conectado, originada en el sexenio del expresidente Vicente Fox; el Sistema Satelital Mexicano MEXSAT, nacido en la administración de Felipe Calderón; la Red Compartida, proyecto que comenzó a operar en marzo de 2018, y otros como la Coordinación @prende.mx que buscó dotar con computadoras tipo tablet a estudiantes de quinto año de primaria. 

A esa diversidad de proyectos se suma una cantidad similar de agencias gubernamentales relacionadas con el desarrollo del sector.

 “El Estado mexicano no ha tenido un eje rector que proporcione coherencia a sus iniciativas de telecomunicaciones, por lo que tenemos numerosos proyectos e instancias cuyas atribuciones no son claras ni vertebradas”, dice Elena Estavillo, excomisionada en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Dentro del organigrama del Estado comparten sector la Subsecretaría de Comunicaciones, el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), la Oficina de Estrategia Digital de la Presidencia de la República y la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión en la SCT. 

Además están empresas como Altán Redes, operadora de la Red Compartida, y la paraestatal de Telecomunicaciones de México, y como regulador del sector, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). A este escenario se suma la recién creada CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, como ejemplo de la visión del gobierno deAndrés Manuel López Obrador. 

Telecomunicaciones sin fines de lucro 

Desde la liberalización del sector de las telecomunicaciones en la década de 1990, las administraciones federales se decantaron por un modelo donde el peso del desarrollo de infraestructura recayó en empresas privadas. “El Estado fungía como facilitador regulatorio e intervenía solo para remediar problemas específico de acceso”, menciona el director general de la consultora Telconomía, Jesús Romo. 

Así, proyectos como la Red Compartida y la cancelada Red Troncal (que buscaba licitar una parte de la red de fibra óptica de la CFE) funcionaban bajo modelos de asociaciones público privadas (APP), mientras que otros, como el Sistema de Arrendamiento de Espacios (ARES), tenía como objetivo que las empresas desarrolladoras de infraestructura en telecomunicaciones rentarán espacios en inmuebles administrados por el Estado. 

Por otro lado, los proyectos a cargo del gobierno, como la red MEXSAT o México Conectado, tenían como objetivo proveer servicios a órganos de seguridad del Estado y aprovechar instalaciones públicas como hospitales, escuelas y parques para proporcionar conectividad a la población, preferentemente en zonas marginadas. 

Esto creó un efecto nocivo. “En el discurso y el diseño de políticas se hablaba del Estado como actor fundamental para llevar conectividad a la población, pero en realidad se tenían iniciativas desconectadas entre sí”, dice Estavillo.

No sorprende que las entidades con menor disponibilidad de servicios de telecomunicaciones sean las que tienen mayor pobreza del país. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, realizada por el INEGI en 2018, las entidades con mayor acceso a servicios de telefonía fija fueron Sonora, Baja California, Baja California Sur y Nuevo León, mientras que en el otro extremo están Oaxaca, Chiapas e Hidalgo. 

El Proyecto de Nación 2018-2024, postulado por el equipo del entonces candidato a la presidencia, López Obrador, señala a los estados del sureste de la república como prioritarios para proveer telecomunicaciones: Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Campeche. 

Para tales estados, el entonces candidato planteaba en su proyecto una variedad de estrategias: otorgar concesiones de telecomunicaciones a organizaciones comunitarias y sociales, poner en marcha un Fondo de Cobertura Social de Banda Ancha e incentivar a los operadores actuales para ampliar su cobertura. 

Una vez asumida la presidencia, el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 estableció como objetivo “la instalación de Internet inalámbrico en todo el país”.

 Sin embargo fue en agosto cuando el presidente puso las cartas sobre la mesa y acompañó el decreto de creación de la CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos el 2 de agosto, al señalar que, “las empresas grandes no quieren dar servicio a las comunidades porque no les resulta negocio”.

 El presidente reveló que la empresa recién creada no tendría fines de lucro y su utilidad sería social y no económica.

Los retos 

El cierre de este año seadinámico para el sector, en gran parte a la materialización del proyecto de inversión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia de telecomunicaciones, prevé The Competitive Intelligence Unit (The CIU). 

El gobierno federal creó la nueva empresa para atender a cerca de 14 millones de personas que hoy no cuentan con cobertura o no tienen acceso a servicios de telecomunicaciones, principalmente en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, que son estados prioritarios para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

El Programa de Cobertura Social, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), presenta como política pública un estudio para que, al final, el mercado evalúe espacios de oportunidad para invertir. 

“Determinamos que como política pública, lo primero que tenemos que hacer es poner a disposición de la gente interesada, la información sobre sus modelos de negocios. Si nosotros delimitamos, estaríamos imponiendo condiciones sin saber cuál es el plan de negocios de las empresas”, mencionó Salma Jalife, subsecretaria de Comunicaciones, durante la conferencia de prensa de la presentación el programa. 

El documento, elaborado por la subsecretaría de Comunicaciones, destaca que en zonas urbanas la cobertura es de 86%, mintras en las zonas rurales llega a 11%. 

La concentración para la cobertura en ciertos estados de la República se refleja en el número de cabeceras municipales sin conexión a internet: 369 en Oaxaca, 45 en Puebla, 27 en Chiapas, 23 en Veracruz y 14 en Guerrero.

El Dato.

14 millones

de personas serán atendidas por la empresas de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos

Grandes ambiciones, pocos recursos 

Los detalles operativos de la nueva empresa son una incógnita. Milenio solicitó una entrevista con el director de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos y con la subsecretaria de Comunicaciones, pero hasta el cierre de esta edición no se había recibido respuesta.

Sin embargo, los datos anexos al proyecto de presupuesto de la empresa indican que de los 1,095 mdp que la compañía solicitó, 1,000 serán destinados a gastos de capital, específicamente la adquisición de bienes muebles e inmuebles, quedando el resto destinado a sueldos y gastos generales.

Para Ernesto Piedras, director de la consultora The CIU, el monto solicitado es insuficiente, “con el equivalente de poco más de 50 millones de dólares (mdd), es muy difícil pensar que la nueva empresa de la CFE tenga el empuje suficiente para hacer la diferencia, si consideramos que otras empresas como AT&T y Telefónica han invertido más de 10,000 mdd en los últimos años”, indica.

El Dato..

57,775 mdp

fueron las inversiones de las empresas en el sector telecomunicaciones en 2018

Datos del órgano regulador indican que el año pasado las inversiones de las empresas en el sector telecomunicaciones superaron los 57,700 mdp.

Más allá de bajo presupuesto, otro reto que enfrenta su operación es que, de momento, la empresa solo cuenta con la infraestructura del proyecto Red Troncal, una red de cuatro hilos de fibra óptica que corre a lo largo de 25,600 kilómetros por donde pasa el tendido eléctrico de alta tensión de la empresa.

Esta infraestructura tiene el problema de que no llega a zonas geográficas aisladas y que los puntos de conexión se encuentran, en su mayoría, en las afueras de zonas urbanas del país. 

Con estos recursos, la nueva empresa deberá solventar un problema enorme. En octubre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó el Programa de Cobertura Social, que describe aquellas comunidades que requieren ser cubiertas con servicios de telecomunicaciones, y que hasta el momento no tienen acceso a estos servicios por su aislamiento geográfico o el nivel socioeconómico de sus habitantes.

La base de datos del programa, analizada por Milenio, encontró que 10,674 localidades necesitan algún tipo de conectividad, lo que suma 6.9 millones de personas en 31 entidades del país. El tamaño promedio de estas localidades: 652 personas, lo que indica pequeñas comunidades, localizadas en lugares alejados o de difícil acceso. 

El proyecto que asemeja los objetivos de la empresa de CFE es la Red Compartida, operada por la empresa Altán Redes, que según los analistas consultados por Milenio han alcanzado una cobertura de 50% de la población mexicana tras 20 meses de operación. 

La red compartida es un modelo único en el mundo. Fue diseñada por académicos y organismos multilaterales; aunque se implementó en el sexenio pasado, se viene pensando desde hace más de 10 años”, indicó Isabel Prieto, directora corporativa de Altán Redes, en entrevista para Milenio Negocios en Mayo. La directiva precisó que se han invertido “alrededor de 20,000 mdp y se calcula que la inversión será de uno 7,000 mdd, es una concesión a 20 años”. 

El proyecto busca cubrir 92% de la población con señal inalámbrica de telecomunicaciones para el año 2024 y cuenta con recursos financieros por más de 44,600 millones de pesos. 

“Tenemos hasta 2024 para alcanzar, por lo menos, al 92% de la población. Hasta ahora abarcamos 14 ciudades, lo que implica más de 40 millones de habitantes, así como más de ocho millones de personas en poblaciones de menos de 10,000 habitantes”, mencionó la directora corporativa de Altán Redes.

Esto sin contar que la empresa que lo opera, fue creada exprofeso para gestionar la Red Compartida, mientras que la CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos luchará por recursos materiales y humanos con una decena de subsidiarias que viven dentro del corporativo y que se dedican a la función principal de la empresa: generar y distribuir electricidad.

Más allá de su existencia, la decisión de crear una nueva empresa quizá sea el problema más acuciante, según Salomón Padilla, directivo en la Asociación de Telecomunicaciones Independientes de México (ATIM), organismo que agrupa 27 grupos empresariales que ofrecen servicios de conectividad a más de 300 poblaciones en México.

“Crear una nueva empresa en CFE es comenzar de cero, otro proyecto con loables fines, pero destino incierto, en tanto se sobrepone a otros esfuerzos del gobierno mexicano que terminan a la deriva en cuanto cambian las prioridades del gobierno”, dice Padilla. 

Por su parte, Ernesto Piedras indica que el destino presupuestal de proyectos similares ha sido igual, “en el cuarto año de cada sexenio, los recursos comienzan a disminuir hasta llegar a cero o dejar apenas lo suficiente para cubrir la nómina”. 

Entretanto, las demás iniciativas de telecomunicaciones del Estado sufren recortes y limitaciones impuestas por nuevas regulaciones, como la Ley Federal de Austeridad Republicana. 

Un análisis deThe CIU, sobre el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020: En busca de la Plena Conectividad, encontró que si bien empresas como Telecomunicaciones de México recibirá un incremento presupuestal de más de 78%, proyectos como México Conectado tendrá un recorte de 22%, y órganos de política pública en telecomunicaciones como la Subsecretaría de Comunicaciones o experimentará una reducción de 29% y la Coordinación de Estrategia Digital contará para el año que viene con apenas 20 mdp.

Destinos divergentes

Los anteriores sexenios han emprendido proyectos para mejorar los servicios de telecomunicaciones.

CFE Telecomunicaciones Internet para todos se suma a los proyectos de conectividad de administraciones pasadas. Así han funcionado.

México Conectado

Nacido en el 2000 con el nombre de Proyecto e-México, este programa se proponía crear 10,000 centros de conexión a internet en lugares públicos llamados Centros Comunitarios Digitales usando una mezcla de tecnologías fijas y satelitales.

En la administración de Enrique Peña Nieto se propuso llegar hasta 250,000 sitios de conexión a internet a un costo de 18,600 mdp. Al final del sexenio pasado, la SCT registró la instalación de poco más de 101,000 sitios de conexión, con un gasto de poco más de 13,200 mdp. Al día de hoy no existen datos sobre la eficacia del programa.

Sistema Satelital Mexicano MEXSAT

En julio de 2007 se creó el Plan Estratégico de Comunicaciones Satelitales para las Instancias de Seguridad Nacional, que determinó la construcción de una flota de satélites para dotar a los organismos de seguridad con comunicaciones seguras. Para ello se definió un presupuesto de 17,700 mdp en 2010. El primer satélite (Bicentenario) fue lanzado en diciembre de 2012, el segundo (Centenario) en mayo de 2015 y el tercero (Morelos 3) en octubre de ese mismo año, aunque el Centenario tuvo una falla catastrófica pocos minutos después de su lanzamiento.

De acuerdo con los libros blancos de la pasada administración, el sistema tiene un uso de más de 84% y lo emplean alrededor de 770 equipos en manos de organismos como la Secretaría de Marina, Fiscalía General y el Centro Nacional de Inteligencia). 

Red Compartida 

Nacido de la Reforma de Telecomunicaciones de 2013, que estableció la obligación constitucional de crear una red inalámbrica de alcance nacional. En 2016, la SCT realizó la licitación para la asignación de este proyecto bajo el esquema de asociación público privada (APP). La empresa ganadora fue Altán Redes, quien se comprometió a cubrir al 92% de la población nacional hacia enero de 2024. 

El proyecto inició operaciones comerciales en marzo de 2018 y, de acuerdo con la operadora, hacia finales de este año esperan cubrir 30 localidades grandes del país y 19,000 poblaciones rurales. La empresa declara estar trabajando para llegar hacia 2021 a 100,000 localidades menores de 250 habitantes y más de 20,000 localidades con menos de 5,000 habitantes. En cuanto al uso de la red, la empresa indicó que hasta el momento proporcionan servicio a 40 concesionarios. 

Fuentes: Libros blancos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Altán Redes.

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