Chile busca regular plataformas digitales para “equiparar” derechos y obligaciones con el mundo físico

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Son 15 los artículos del proyecto que ingresó en septiembre de 2021 a trámite constitucional en Chile por el que se busca regular las plataformas digitales para, dice el escrito, equiparar derechos y obligaciones de proveedores y usuarios con el mundo físico. Aunque se esperaban definiciones al cierre de noviembre, la Sala acordó remitir la iniciativa a la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación para un nuevo primer informe.

Qué son las plataformas digitales es el primer interrogante que surge con la iniciativa, presentada como moción por el senador Guido Girardi y otros. Los primeros comentarios oficiales al proyecto en discusión plantean la pregunta y agregan que no se puede -o no se debe- tomar igual a Facebook y Google que un blog de una organización civil o de una institución académica. Las dudas deberán ser saldadas en la etapa de un debate que promete ser largo.

El artículo 2 intenta aportar algunas respuestas, pero no lo logra del todo: “Las disposiciones se aplicarán a todas aquellas plataformas digitales que direccionan específicamente su contenido en el país, que por este solo hecho quedarán regidas por ella”. Luego habla de cuatro agentes involucrados: la plataforma o infraestructura, el proveedor, el usuario y el consumidor digital, que a diferencia del anterior adquieren o usan los bienes o servicios. 

Entre los derechos se habla de la neutralidad de la plataforma, de libertad de expresión digital y del derecho a rectificación y olvido. También de la protección a personas vulnerables, de no discriminación, de debido proceso y de sensibilidad y transparencia del contenido. El apartado 11, en tanto, indica que “los consumidores digitales tienen derecho a ser informados cada vez que interactúan con algoritmo o inteligencias artificiales”.

El tercer título expone detalles sobre la responsabilidad contractual, que habla del consentimiento del consumidor. Allí queda de manifiesto, por ejemplo, que para realizar cualquier acto de geolocalización, almacenamiento y tratamiento o cesión de datos recabados sobre el consumidor digital se requerirá aceptación expresa, específica e informada. Además, se considera al proveedor como responsable de daños patrimoniales o morales que ocasionen a los usuarios.

Para los impulsores no hay duda de que el proyecto debe avanzar porque “el rol de medio de comunicación e información que cumplen algunos puertos digitales, su capacidad de censurar y crear falsas narrativas de la realidad son un problema que debe ser abordado para asegurar la protección de los usuarios”. La regulación en este contexto, defienden, es “necesaria” pero también “compleja”. Así las cosas, la propuesta seguirá en revisión.