Chile: los alcances de declarar servicio público a las telecomunicaciones

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Semanas atrás, la Cámara de Senadores de Chile aprobó el proyecto de ley para reconocer el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones. ¿Cómo fue el recorrido del proyecto y qué implicancias tiene la iniciativa?

El proyecto de ley fue patrocinado por la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, para reconocer el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones. Fue el último proyecto de su mandato.

“En su diseño, este proyecto es convergente con el proyecto del senador Girardi que presenta reforma constitucional, que incorpora un numeral nuevo en el artículo 19 de la Carta Fundamental, para consagrar el derecho al acceso a Internet y la especial protección a la vida privada en ambientes digitales. Reconocer el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones va en esa dirección, elevando con ello su estatus y permitiendo el ejercicio de los derechos asociados como son, la obligatoriedad en la prestación en las zonas de servicios de las concesionarias, así como tener una garantía respecto de su prestación continua, de calidad y en las condiciones contratadas siendo aplicable las obligación de un restablecimiento oportuno y la procedencia de descuentos e indemnización a los suscriptores, en caso de no cumplir con esta garantía, siendo necesaria la modificación de la normativa sectorial”, explicó a DPL News, Rodrigo Ramírez Pino, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital.

Ramírez Pino fue uno de los impulsores del proyecto cuando era subsecretario de Telecomunicaciones. “Junto a la expresidenta Bachelet trabajamos en profundizar en esta propuesta, donde el Estado tuviera mayor injerencia en la promoción del acceso”.

De acuerdo con Rodríguez Pino, el servicio deberá otorgarse, tratándose de concesionario de servicio público de telecomunicaciones, en el plazo de seis meses. Hoy la ley sólo contempla esta obligación para el telefónico fijo y las concesionarias pueden responder al ciudadano en dos años si hay factibilidad técnica o no.

Con la declaración de servicio público se facilita el acceso a los servicios de telecomunicaciones a la ciudadanía, en todo el territorio nacional, tendiendo a disminuir las barreras que aparezcan, buscando soluciones regulatorias que faciliten el desarrollo y despliegue de las redes de servicios de telecomunicaciones, velando porque los concesionarios puedan asegurar un servicio continuo y de calidad, incluso bajo circunstancias de criticidad, explicó el especialista.

Los cambios que aportaron en Comisiones

El proyecto había comenzado a discutirse el año pasado en las comisiones debido a la relevancia que le dio la pandemia de la Covid-19 a la conectividad universal. Ya había conseguido en 2020 media sanción de la Cámara de Senadores en primer trámite constitucional, pero se remitió para segundo informe a la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones y a la de Hacienda.

“Además en la discusión del proyecto abordamos y plasmamos una arquitectura legislativa de vanguardia y que será de referencia en la región”, comentó Rodríguez Pino.

Principalmente, los cambios que se agregaron en las Comisiones se basaron en que la instalación, operación y explotación de los servicios públicos de telecomunicaciones se regirán por los principios de:

– Neutralidad tecnológica: consistente en la libertad de los concesionarios de servicios de telecomunicaciones para elegir cualquier tipo de tecnología que sea apta para la prestación del servicio.

– Universalidad: relativo al acceso a los servicios de telecomunicaciones, especialmente la conectividad a Internet, para toda la población, independiente de su ubicación geográfica, bajo condiciones no discriminatorias, a precios asequibles y de calidad que permitan una efectiva inclusión digital.

– Continuidad: referido a la regular y permanente prestación del servicio de telecomunicaciones, cuya infracción acarrea las sanciones legales previstas para ello.

– Uso compartido de infraestructura: referente a que el despliegue de las redes de telecomunicaciones se haga de forma eficiente, aprovechando adecuadamente el uso de infraestructura ya habilitada y resiliente, fomentando así su uso compartido, independiente de su propiedad o destinación original.

– Transparencia, igualdad y eficiencia en la asignación de recursos: los procedimientos de asignación de recursos serán de público acceso, en conformidad a la ley, no pudiendo existir discriminaciones arbitrarias en su estructura ni respecto de los interesados en participar de aquellos.

Además, la aplicación y desarrollo de estos principios se establecerá en un instrumento denominado Plan Nacional Digital, el cual deberá contener, a lo menos, el desarrollo de los siguientes aspectos:

a) Política de uso del espectro radioeléctrico, velando por su uso eficiente.

b) Política nacional de inversiones, fomentando, en alianzas público–privadas, la cobertura de los servicios a nivel nacional.

c) Política de conectividad, velando por promover la conectividad digital progresiva, en condiciones de calidad, a todos los habitantes del territorio nacional.

d) Política de ciberseguridad en el ámbito de las telecomunicaciones.

e) Política de accesibilidad universal, estableciendo mecanismos de promoción o subsidios, a fin de proveer, progresivamente, a todos los habitantes del territorio, los servicios de telecomunicaciones.

f) Política de calidad de servicios, fijando estándares de calidad para la prestación de los servicios para todo el territorio nacional.

g) Política de promoción e investigación, fomentando en el sector la investigación, innovación y la formación de capital humano especializado.

“Un proyecto simple, pero que en su discusión permitió fijar un propósito común, que es convergente con el derecho al acceso a Internet y mantener, promover y garantizar la Inclusión Digital”, puntualizó Rodríguez Pino.

Iniciativas complementarias

El amplio consenso que tuvo en la Cámara de Senadores la iniciativa (se votó con 40 votos a favor y ninguno en contra) se debió a la necesidad de conectividad que provocó la crisis de la Covid-19. Pero expertos en materia digital coinciden en que el debate sobre el derecho a Internet es más trascendente. Por eso aún sigue latente la idea de que el acceso a Internet se declare como un derecho en la nueva Constitución chilena.

“Una nueva Constitución deberá definir el tipo de Estado que necesita Chile para los próximos años, y ese debe apuntar a un Estado de Bienestar, donde existan derechos sociales garantizados, y uno de ellos es sin duda el acceso a Internet (…) bienestar digital digno”, agregó Rodríguez Pino.

“Estamos, como país, avanzado muy rápidamente para disminuir al máximo la brecha digital que quedó manifiesta en la pandemia. Tanto en acceso, por lo que se han aprobado presupuestos para avanzar con tendidos de fibra óptica y ya se licitó el espectro para 5G, sino además de dispositivos, pero lo más importante, una cultura digital de uso responsable en el ciberespacio”, sostuvo a DPL News, el senador Kenneth Pugh.

Para el legislador, la declaración de servicio público “es una tremenda iniciativa, punto de partida para garantizar nuevos derechos y deberes digitales”. Y para complementarla, el año pasado propuso el “Proyecto de reforma constitucional que incorpora el derecho a relacionarse digitalmente con el Estado”.

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