Colombia | Caso Mintic: se desata guerra entre socios de Centros Poblados

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El Tiempo

“Le mandan decir que asuma toda la responsabilidad, que le pagan abogado y una pensión de por vida”.

Al menos dos de los implicados en el escándalo que desató el contrato entre Unión Temporal Centros Poblados (UT) y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), ya enviaron mensajes a las autoridades de que están dispuestos a contar lo que saben.

Si se verifica la autenticidad de chats y de correos que el potencial testigo dice tener –para probar que le pidieron inculparse– se solicitarían las primeras capturas y posiblemente una recaptura.

Uno de ellos dice que le ofrecieron una jugosa suma para que se inculpe por las garantías, calificadas como falsas por el Banco Itaú.

De hecho, si se verifica la autenticidad de chats y de correos que el potencial testigo dice tener –para probar esa oferta– se solicitarían las primeras capturas y posiblemente una recaptura.

En ese capítulo salieron a relucir tres nombres más, incluida una mujer, que habrían falsificado hasta cupos de endeudamiento para otra licitación en el Valle.

EL TIEMPO también estableció que varios de los representantes legales y socios de firmas que conforman Centros Poblados, empezaron a renunciar y a denunciarse entre ellos.

Un estafeta de apellido Viancha se hizo presente en la Cámara de Comercio de Bogotá para registrar la renuncia irrevocable del expolicía Herles Ariza a la representación legal de ICM Ingenieros S. A. S.

ICM es socia de la UT, con un 35 por ciento de participación en el contrato con Mintic, por 1,07 billones de pesos, caducado por la ministra Karen Abudinen. 

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