Colombia | Escándalo Mintic: Corte Suprema llamará a Karen Abudinen para declarar

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Infobae

El escándalo de corrupción que envuelve al MinTic y que generó, entre otras cosas, la renuncia de la jefe de esa cartera, Karen Abudinen, sigue dando de que hablar. Hace unas semanas, a través de las redes sociales, la exministra expuso al senador Armando Benedetti, según ella, el político la habría llamado para pedirle que no decretara la caducidad del contrato con Centros Poblados, consorcio que recibió un adelanto de 70 mil millones de pesos para ejecutar el proyecto que pretendía conectar a internet a los niños de diferentes veredas apartadas del país, y del que no hubo resultado. Benedetti, en su momento, rechazó la acusaciones, pero ahora, la Corte Suprema quiere explicaciones.

Según informó en horas recientes, Noticias RCN, la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de llamar a dar declaraciones a la exministra de las TIC respecto a la supuesta llamada con el senador. Habría sido el magistrado instructor, Misael Rodríguez, quien tomó la decisión de escuchar, directamente de Abudinen, su versión de los hechos, es decir, en esta situación en específico, la exfuncionaria hablaría en calidad de testigo.

Por aquellos días, en medio del intercambio de trinos, la periodista Darcy Quinn confirmó, en La FM, que la llamada, supuestamente sostenida entre Abudinen y Benedetti, ya había sido rastreada por la exministra de las TIC, y que, incluso, ya se encontraba plenamente identificada por las autoridades. La exministra, según lo explicó Quinn, se habría negado a cumplir con la solicitud hecha por Benedetti, y aseguró estar dispuesta a ratificar su versión cuando sea llamada a declarar por la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema.

Emilio Tapia, previo a este altercado, ya había mencionado que, supuestamente, algunos congresistas, relacionados con el caso, se habrían comunicado con el Gobierno Nacional y el Ministerio de las TIC, para, al igual que Benedetti, solicitar que no se caducara el contrato con Centros Poblados. “Al parecer los socios Unión Temporal Centros Poblados habrían acudido a congresistas para que les ayudaran a hacer el lobby con la Ministra, lo cual representa un tráfico de influencias por parte de un funcionario público”, se lee en el portal de la emisora.

Armando Benedetti fue insistente en negar su participación en las denunciadas comunicaciones y aseguró, a finales de septiembre, que no conocía a Tapia. “Con Emilio Tapia jamás en la vida me he tomado un tinto o una coca-cola, ni me he reunido”. A Benedetti, quien explicó la inexistencia de un vínculo o relación con Tapia, se unió el alcalde de Medellín, Daniel Quintero que, a su vez, en sus redes sociales, escribió que, ‘gracias a Dios’, no tiene nada que ver con él.

“Yo nunca la llamé, ¿para qué me iba a meter en ese berenjenal? (…) ¿Por qué si yo llamé a Karen Abudinen y había algo de corrupción en la llamada no lo denunció en su momento? Además, recuerde cómo comenzó esto: ella dijo que no recibía presiones de ningún congresista. Este fin de semana hablaron de Daira (Galvis), de Mauricio Gómez Amín y de Antonio Zabaraín. Yo lo que creo es que ella está levantando una cortina de humo”, dijo Armando Benedetti en W Radio, en la mañana de este lunes.

“Echan el agua sucia para todos lados cuando la casa se les está inundando. Gracias a Dios ni por las curvas conozco al “señor” Emilio Tapia. Si Tapia andaba buscando casa finca en Rionegro no sería para vivir cerca de mí, yo no tengo casa por esos lados”, comentó Quintero.

De acuerdo con la explicación que entregó El Espectador, cuando la interventoría del contrato informó al Ministerio que Centros Poblados no había terminado ninguno de los 773 centros digitales que se había planteado a entregar, el Mintic llamó a una audiencia para estudiar la posible caducidad del contrato. Al encuentro se citaron todas las partes involucradas en el contrato, y, fue allí, en donde se hizo la actualización de que algunos documentos presentados por el contratista serían falsos, entre ellos, las garantías bancarias, con la que se había pactado el convenio.