Colombia | Plataformas digitales aportan al PIB nacional 0.23%: Fedesarrollo

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El Colombiano – Alejandra Zapata

Las plataformas digitales de movilidad, mensajería y domicilios han jugado un papel fundamental en la pandemia, ya que facilitaron la distribución de bienes y servicios durante las cuarentenas y constituyeron una fuente alternativa de recursos para las personas que se quedaron sin empleo. Un estudio presentado por Fedesarrollo arrojó que este sector aporta al PIB nacional 0,23%, por lo que considera importante incluir medidas para aumentar la formalidad de los colaboradores.

Según Cristina Fernández, economista y coautora del estudio, en los negocios aliados el inicio de actividades a través de las plataformas produjo un aumento promedio de ventas del 8,6% y, durante la pandemia, las ventas a través de plataformas se incrementaron en 19% y el valor individual promedio de las transacciones en 20%.

Sin embargo, a pesar del impacto que tuvo la pandemia en el fortalecimiento de tendencias laborales que cada vez toman más fuerza, la legislación laboral no ha dado respuesta en cuanto temas como el trabajo por horas, la flexibilidad laboral y los esquemas de seguridad social que protegen al trabajador.

Por esta razón, Fedesarrollo planteó que, dado que los colaboradores no tienen relación de dependencia laboral con las plataformas y que son trabajadores independientes por cuenta propia, la cotización al Sistema General de Seguridad Social (SGSS) (ARL, pensiones y salud) por encima de 1 salario mínimo legal vigente ( SMLV) esté a cargo del colaborador.

“Sin embargo, para corregir la distorsión en el rango de ingresos de entre 1 SMLV hasta 2,3 SMLV , se propone que estos colaboradores, independientemente de su nivel de ingreso, coticen el 15% del ingreso. Para efectos de complementar el desbalance fiscal que genera esta reducción, se propuso que todas las plataformas creen un fondo cuyos recursos tendrían el objetivo único de cubrir el faltante y complementar la contribución a SGSS de los colaboradores”, apuntó Fernández.

Asimismo, resaltó que, aunque la respuesta ideal a la regresividad del sistema de cotizaciones de trabajadores independientes es una reforma estructural, la propuesta de Fedesarrollo cumple con el objetivo de “prever una pensión mínima universal y unas cotizaciones a seguridad social que empiezan con una tarifa equivalente a la prima de riesgos profesionales para aquellos que ganan un salario mínimo y aumenta progresivamente”.PUBLICIDAD

Por su parte, María Angélica Arbeláez, una de las investigadoras del estudio, afirmó que “la propuesta que se planteó como “transitoria” tiene varias ventajas frente a los proyectos de ley que hoy se discuten en el Congreso. Una de ellas es que corrige la regresividad que genera el sistema de seguridad actual para trabajadores que ganan hasta 2,3 SMLV, a la vez que les permite formalizarse, esto es, afiliarse y cotizar al sistema integral de seguridad social”.

Y agregó que, al tratarse de una contribución a un fondo, no genera los arbitrajes entre plataformas y colaboradores que se pueden presentar en otras propuestas.

“Por ejemplo, en algunos de los proyectos de ley donde se plantea que los aportes por debajo de 1 SMLV los asuma la plataforma y por encima el colaborador, presentan la siguiente problemática: para evitar el pago de los aportes, las plataformas tendrán incentivos para tener colaboradores que obtengan ingresos por encima de 1 SMLV, mientras que los colaboradores tendrán incentivos para reducir sus ingresos por debajo de este umbral, ya sea para no hacer aportes o para hacer aportes inferiores, lo que puede terminar afectando el nivel de su ingreso promedio”, dijo Arbeláez.

Finalmente, para Fernández, la regulación del sector permitiría aumentar una serie de beneficios para el mercado laboral que ya se han visto en este tiempo.

“Las plataformas digitales generan externalidades sobre los negocios aliados. En particular, incentivan a que estos negocios adopten innovaciones tecnológicas, como el uso de internet (60% de los encuestados); la sistematización de procesos (40%); la utilización de medios de pago alternativos al efectivo –en especial la tarjeta de crédito después de la pandemia (100%)–, y la adopción de estándares ambientales y de higiene (50%) y de procesos administrativos como la elaboración de contabilidad (42%), el registro en Cámara de Comercio (38%) y el pago de impuestos (38%)”, añadió la investigadora.