Colombia | Procuraduría abre investigación disciplinaria formal a Mintic

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Maguengue Hoy

La Procuraduría abrió investigación contra la ministra de las TIC, Karen Abudinen, por el escándalo del contrato con Centros Poblados para llevar internet a más de 7 mil escuelas públicas rurales de 15 departamentos del país.

La entidad de control había informado la semana pasada que había hallado ocho contratos de las empresas de la Unión Temporal con entidades públicas del país.

«La decisión, proferida por la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público, ordena la práctica de pruebas como realizar la inspección al expediente que adelanta la entidad “relacionado con el contrato estatal de aporte No. 1043 de 2020 suscrito entre el Fondo único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020, para trasladar las pruebas que se consideren pertinentes, conducentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación, en cumplimiento al principio de economía procesal”, indicó la entidad.

Además, explicó que contra esta decisión no procede recurso alguno y «la funcionaria investigada podrá rendir versión libre, si así lo considera».

Estas contrataciones, dijo el Ministerio Público en su momento, «están en ejecución con un alto riesgo de verse afectados por la declaratoria de caducidad del Contrato de Aporte No. 1043 de 2020» con el Mintic.

Por ello, exigió las entidades que ejecutaban contratos con los miembros de Centros Poblados que iniciaran el proceso de cesión de los mismos, previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuera posible, renunciar a su ejecución.

Se leía en el boletín que esta advertencia fue realizada durante las visitas ordenadas por la delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública en virtud de la competencia preventiva ejercida al proyecto Centros Digitales del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Estos negocios jurídicos fueron suscritos por los integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados 2020, conformada por la Fundación Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, hoy Novotic (35%), ICM Ingenieros S.A.S. (35%), Intec de la Costa S.A.S. (15%) y Omega Buildings Constructura S.A.S. (15%), como personas jurídicas independientes o como parte de otros consorcios o uniones temporales con distintas entidades estatales, reiteró el ente de control.

«Funcionarios de la Procuraduría adelantaron visitas al Instituto Nacional de Vías (Invías) donde encontraron cinco contratos que ascienden a $603.046.586.043; al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) donde documentaron dos por $17.696.394.301 y al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con uno por $ 25.536.178.560», reporta la información.

Por ello, la Procuraduría recaudó los documentos que conforman los expedientes de los contratos en ejecución, celebrados con las sociedades que hacen parte de la Unión Temporal Centros Poblados; indagaron por las actuaciones adelantadas con posterioridad a la declaratoria de caducidad del Contrato N.° 1043 de 2020; verificaron las gestiones realizadas, tendientes a comprobar la autenticidad de las pólizas y garantías correspondientes, y conminaron a las entidades a adelantar las acciones legales y contractuales que garanticen la protección del patrimonio público y el ordenamiento jurídico.

Por último, y a efectos de la declaratoria de caducidad del contrato con Mintic, el Ministerio Público amplió la acción preventiva para que desde las procuradurías regionales, provinciales y distritales y la delegada para las Entidades Territoriales y Diálogo Social, se realice el mismo proceso en otras entidades del orden nacional, así como en las gobernaciones y alcaldías, «con el fin de obtener el soporte de los contratos, procesos de selección, verificación de requisitos, pólizas, garantías y las acciones adelantadas con respecto a las empresas que hacen parte de la UT Centros Poblados 2020».

La Procuraduría abrió investigación contra la ministra de las TIC, Karen Abudinen, por el escándalo del contrato con Centros Poblados para llevar internet a más de 7 mil escuelas públicas rurales de 15 departamentos del país.

La entidad de control había informado la semana pasada que había hallado ocho contratos de las empresas de la Unión Temporal con entidades públicas del país.

«La decisión, proferida por la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público, ordena la práctica de pruebas como realizar la inspección al expediente que adelanta la entidad “relacionado con el contrato estatal de aporte No. 1043 de 2020 suscrito entre el Fondo único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020, para trasladar las pruebas que se consideren pertinentes, conducentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación, en cumplimiento al principio de economía procesal”, indicó la entidad.

Además, explicó que contra esta decisión no procede recurso alguno y «la funcionaria investigada podrá rendir versión libre, si así lo considera».

Estas contrataciones, dijo el Ministerio Público en su momento, «están en ejecución con un alto riesgo de verse afectados por la declaratoria de caducidad del Contrato de Aporte No. 1043 de 2020» con el Mintic.

Por ello, exigió las entidades que ejecutaban contratos con los miembros de Centros Poblados que iniciaran el proceso de cesión de los mismos, previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuera posible, renunciar a su ejecución.

Se leía en el boletín que esta advertencia fue realizada durante las visitas ordenadas por la delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública en virtud de la competencia preventiva ejercida al proyecto Centros Digitales del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Estos negocios jurídicos fueron suscritos por los integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados 2020, conformada por la Fundación Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, hoy Novotic (35%), ICM Ingenieros S.A.S. (35%), Intec de la Costa S.A.S. (15%) y Omega Buildings Constructura S.A.S. (15%), como personas jurídicas independientes o como parte de otros consorcios o uniones temporales con distintas entidades estatales, reiteró el ente de control.

«Funcionarios de la Procuraduría adelantaron visitas al Instituto Nacional de Vías (Invías) donde encontraron cinco contratos que ascienden a $603.046.586.043; al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) donde documentaron dos por $17.696.394.301 y al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con uno por $ 25.536.178.560», reporta la información.

Por ello, la Procuraduría recaudó los documentos que conforman los expedientes de los contratos en ejecución, celebrados con las sociedades que hacen parte de la Unión Temporal Centros Poblados; indagaron por las actuaciones adelantadas con posterioridad a la declaratoria de caducidad del Contrato N.° 1043 de 2020; verificaron las gestiones realizadas, tendientes a comprobar la autenticidad de las pólizas y garantías correspondientes, y conminaron a las entidades a adelantar las acciones legales y contractuales que garanticen la protección del patrimonio público y el ordenamiento jurídico.

Por último, y a efectos de la declaratoria de caducidad del contrato con Mintic, el Ministerio Público amplió la acción preventiva para que desde las procuradurías regionales, provinciales y distritales y la delegada para las Entidades Territoriales y Diálogo Social, se realice el mismo proceso en otras entidades del orden nacional, así como en las gobernaciones y alcaldías, «con el fin de obtener el soporte de los contratos, procesos de selección, verificación de requisitos, pólizas, garantías y las acciones adelantadas con respecto a las empresas que hacen parte de la UT Centros Poblados 2020».