Comisión Europea emite nueva directiva para determinar si plataformas son empleadoras

Nueva Directiva europea busca reclasificación de socios en la gig economy y transparencia sobre algoritmos.

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Photo by Chesnot/Getty Images

La Comisión Europea (CE) presentó una nueva Directiva enfocada en buscar la mejora de las condiciones de trabajo que ofrecen las plataformas de entrega y transporte para sus colaboradores. Sin embargo, al igual que otras iniciativas, se enfoca en forzar las condiciones tradicionales del trabajo en un nuevo tipo de relación laboral, sin considerar los beneficios por los cuales los colaboradores se unen a este tipo de plataformas.

El documento publicado por la CE aborda tres preocupaciones principales: clasificación de la condición del trabajador; equidad, transparencia y responsabilidad en la gestión algorítmica; y cumplimiento de las normas aplicables.

Múltiples autoridades alrededor del mundo han buscado diferentes enfoques para resolver algunas demandas de los colaboradores de las plataformas en línea para trabajo. No obstante, muchas de estas iniciativas continúan forzando el concepto de relación laboral tradicional del siglo XX sin tomar en cuenta los beneficios que ofrece esta nueva oferta impulsada por las condiciones económicas y tecnológicas del siglo XXI.

Encuestas realizadas por la propia Organización Mundial del Trabajo, o en países como México, Colombia y Estados Unidos, han encontrado que los socios de las plataformas valoran la flexibilidad de tiempo y de trabajo entre múltiples oferentes, aunque también señalan que estarían dispuestos a destinar una parte de sus ingresos a algún tipo de plan de seguridad social.

La Directiva emitida por la CE establece un conjunto de criterios de control para determinar si una plataforma se podría clasificar como “empleadora”. Entre los criterios considerados se encuentran elementos como si la plataforma determina en la práctica las condiciones laborales, la remuneración o ambos, si da instrucciones sobre cómo debe realizarse la labor o si previene a los trabajadores de hacer contacto directo con clientes, entre otros.

Si una plataforma cumple con al menos dos de ellos, deberá estar obligada a reclasificar a los colaboradores como “empleados”, con las prestaciones legales vigentes, como el derecho a un salario mínimo, capacidad de negociación colectiva del contrato de trabajo, protección de salud y vacaciones pagadas.

La Directiva también establece las condiciones en las que se debe reconocer la clasificación de trabajadores por cuenta propia, tales como si cuentan con la libertad de elegir horas de trabajo o periodos de ausencia; rechazar tareas; utilizar subcontratistas, sustitutos o trabajar para un tercero.

La Unión Europea estima que actualmente más de 28 millones de personas en el continente trabajan a través de plataformas laborales digitales. En 2025, se espera que su número alcance los 43 millones de personas. Sin embargo, advierte que al menos 5.5 millones de estos se clasifican incorrectamente como autónomos.

La organización multilateral busca también que la Directiva permita la armonización de reglas a través de los Estados miembros, que brinde mayor certeza a la operación de las plataformas y se evite que las empresas se muevan de un país a otro.

Uno de los puntos centrales del documento se encuentra en brindar “transparencia, equidad y responsabilidad en la gestión algorítmica en el trabajo de la plataforma”, que es utilizada para determinar la asignación de tareas, la paga o la clasificación de los trabajadores. Las plataformas estarían obligadas a compartir la información sobre estos algoritmos con los colaboradores, ya sean empleados o independientes.

Finalmente, la propuesta de la Comisión también aportará más transparencia a las plataformas al aclarar las obligaciones existentes de declarar el trabajo a las autoridades nacionales y pedir a las plataformas que pongan a disposición de las autoridades nacionales información clave sobre sus actividades y las personas que trabajan a través de ellas.

La llamada ‘ley rider’ emitida por España a mediados del presente año, habría sido la inspiración para la nueva Directiva de la CE. Sin embargo, a diferencia de aquella, la propuesta europea abarcaría no sólo a colaboradores de plataformas de transporte y entrega, sino también a cualquier otra labor que sea canalizada a través de aplicaciones o plataformas.

Cabe señalar que la regulación española ya tuvo efectos inesperados sobre el mercado, además de que ni siquiera ha logrado cumplir con los objetivos propuestos. Deliveroo, plataforma británica de entregas, decidió liquidar a todo su personal y socios de entrega, al señalar que la ley haría inviable su modelo de negocios a largo plazo.

Por otro lado, plataformas como Uber y Glovo comenzaron a buscar alternativas para cumplir con la ley. Glovo contrataría sólo a cerca de un 20 por ciento del total de colaboradores en la plataforma, mientras que Uber Eats utilizaría la figura de la subcontratación.

Glovo, con sede en Barcelona, hizo cambios adicionales a su plataforma para justificar la contratación de sólo una parte de la plantilla, tales como permitir que los socios se conecten y desconecten a la hora que deseen sin recibir penalizaciones, a la vez que estableció un nuevo modelo de multiplicador que varía la tarifa obtenida por los colaboradores.

Un reportaje publicado por Wired revela algunas de las consecuencias inesperadas de la nueva ley, que ha dejado a los trabajadores de plataformas con menos opciones tras la salida de Deliveroo, además de nuevas condiciones que empujan a la baja los ingresos, como impuestos pagados y una mayor competencia entre socios.

Otra experiencia sobre regulación con resultados poco positivos se encuentra en California, donde una consulta sobre la llamada Propuesta 22 ganó por una mayoría absoluta (58% vs. 42%) en la que se decidió que compañías como Uber y Lyft deberían estar exentas de considerar a los socios como empleados (Assembly Bill 5). La población californiana consideró que estas compañías no tienen un control o relación tradicional laboral sobre los socios, y les impone restricciones a su operación y la flexibilidad que gozan los colaboradores.