La Comisión Europea (CE) está analizando si las directrices para brindar ayudas estatales al despliegue de banda ancha, especialmente en zonas a donde el mercado por sí solo no puede llegar, han sido adecuadas o deben modificarse. Por ello, abrió una consulta pública que podría dar paso a una actualización de las normas actuales.

El objetivo de la inversión estatal en determinadas implementaciones ha sido mejorar la disponibilidad, capacidad, velocidades y competencia del servicio. La normativa de apoyos se adoptó en 2013. Desde entonces, las necesidades de conectividad han cambiado y han aparecido nuevas tecnologías, lo que ha llevado a la CE a replantearse la posibilidad de un cambio.

De 2014 al 2019, los Estados miembros destinaron alrededor de 30 mil millones de euros para financiar la infraestructura de banda ancha. En parte gracias a esa inversión, hasta el año pasado al menos 86 por ciento de los hogares europeos tenían acceso a un servicio de al menos 30 Mbps en velocidad de descarga y 30 por ciento contaba con una conexión Gigabit.

Para 2025, la meta de la Unión Europea es que todos los hogares y empresas tengan acceso a infraestructura de banda ancha con capacidad Gigabit. Aunque una parte del despliegue se realizará con inversiones privadas, los gobiernos tendrán que aportar recursos para ampliar la cobertura.

Según un estudio encargado por la CE para la revisión, existen tecnologías específicas de muy alta capacidad que pueden contribuir mejor a cumplir con dicho objetivo, como la fibra óptica o el acceso inalámbrico fijo (FWA), incluido el FWA 5G. En algunos países como Francia y España, se ha optado por ellas desde la fase inicial; sin embargo, en otros como el Reino Unido y Alemania han cobrado relevancia recientemente.

Uno de los elementos que se podrían actualizar para un mejor funcionamiento de los apoyos a la banda ancha es el mapeo, así se podría conocer con más precisión las zonas que estarían abiertas a la intervención estatal y, posteriormente, conocer los avances de la inversión.

Además, entre otros aspectos, el informe destaca que los procesos de concesión de ayudas deben ser oportunos. Si existen condiciones demasiado onerosas o complejas para otorgar recursos, la implementación de banda ancha podría verse entorpecida.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here