Comisión Europea ordena a España recuperar ayudas a operadores por TDT

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La Comisión Europea (CE) confirmó que España deberá recuperar las ayudas que les fueron otorgadas a ciertos operadores para el proceso de transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) en algunas zonas remotas del país, al considerar que dichos apoyos infringieron el principio de neutralidad tecnológica.

La CE confirmó una decisión tomada desde 2013, cuando determinó que las ayudas entregadas entre 2005 y 2008 a ciertos operadores representaron una ventaja selectiva incompatible frente a los competidores de otras tecnologías, y por lo tanto, constituyeron una ayuda estatal incompatible.

Según un comunicado, la Comisión explica que las medidas tomadas por España no fueron neutrales desde el punto de vista tecnológico, ya que consideraron a la TDT como única tecnología para la conversión digital subvencionada, excluyendo otras ofertas como la satelital, a pesar de encontrarse en “una situación comparable de hecho y derecho”.

Entre 2005 y 2008, el gobierno español adoptó medidas para acelerar la transición a la TDT. Derivado de ello, dividió el país en tres zonas: la primera se refiere a la mayoría del territorio donde las compañías de radiodifusión sufragaron los costes de transición; en la segunda, donde los operadores locales no tenían ningún interés comercial, se determinó otorgar ayudas; mientras que en la zona tres, que abarca zonas montañosas, se eligió la tecnología satelital.

La investigación surge a partir de una denuncia presentada por el operador de satélite SES Astra en 2010, sobre las ayudas otorgadas a operadores en la zona dos. En 2013, la Comisión concluyó que las ayudas escondían medidas selectivas porque sólo beneficiaban a los operadores de TDT y eran incompatibles con el mercado interior. España recurrió ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en 2017 anuló la decisión alegando una inadecuada justificación de la selectividad de la medida.

Derivado de la decisión de la CE, ahora España debe recuperar toda la ayuda estatal incompatible, con el fin de disipar la distorsión a la competencia. El monto será determinado por el gobierno de España y no se consideran multas o sanciones.