Cómo potenciar los beneficios sociales de la economía colaborativa: claves para América Latina

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La economía colaborativa comenzó a despegar hace ya varios años en América Latina de la mano de la digitalización. También de empresas que irrumpieron como Uber, Didi, Airbnb y locales como Mercadolibre. Pero todavía existen alrededor de esta modalidad distintas barreras y, sobre todo, los retos legales y regulatorios de una industria de plataformas naciente.

Entonces, ¿cómo podrían los países de la región potenciar los beneficios de la innovación, los nuevos modelos de negocio y aprovechar el impacto disruptivo de las plataformas digitales colaborativas?

Los beneficios

En América Latina, la economía colaborativa está desarrollándose con fuerza e impactando principalmente en los mismos sectores que en otras regiones (movilidad, turismo, finanzas). Estas plataformas son importantes para la región porque pueden ser un instrumento eficaz para enfrentar la desigualdad en la misma, de acuerdo con el estudio Retos y posibilidades de la economía colaborativa en América Latina y el Caribe, realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los modelos de negocio digitales pueden abrir las puertas a oportunidades de inclusión social y económica. Esto se logra, dice el informe del BID, debido a que con ella se promueve la creación de redes de pequeñas empresas y la transformación de comunidades a través del desarrollo de capacidades relacionadas con Internet y las tecnologías móviles. 

Los mercados digitales permiten que casi cualquier ciudadano pueda convertirse en oferente de bienes y servicios, con pocas barreras de entrada, a cambio de una remuneración.

Por otro lado, esta modalidad promueve una mayor autosuficiencia de comunidades locales para utilizar eficientemente sus escasos recursos. “En lo local y lo comunitario es seguramente donde existe una mayor posibilidad de impacto social de este tipo de economía, dado que permite satisfacer una necesidad social, a la vez que genera una oportunidad económica”, dice el BID.

Además, potenciar la economía colaborativa en la región reduce la informalidad. Y es que la digitalización de las transacciones en las plataformas colaborativas representa una gran herramienta para formalizar esta economía, obtener ingresos y contribuir al fisco.

Otro punto que destaca el BID es que esta modalidad puede contribuir eficazmente a atenuar problemas asociados con la urbanización creciente que existe en la región. “Hacer un uso inteligente de la tecnología y aplicar una mirada colaborativa sobre el conjunto de las actividades en la ciudad es el objetivo de la economía colaborativa en pos de la construcción de ciudades colaborativas”.

De acuerdo con la encuesta “Economía colaborativa en América Latina”, realizada también por el BID y el Fondo Multilateral de Inversiones, ante la pregunta: “¿cuáles son los fines que mueven la creación de iniciativas de economía colaborativa en la región?”, 69 por ciento de los encuestados ligados a este sector respondió que “crear nuevas formas de economía”, mientras que 53 por ciento dijo “mejorar la economía local”. 

En tanto, los principales límites al crecimiento de la economía colaborativa fueron: desconocimiento del tipo de negocio (60%), acceso a la financiación (43%), desconfianza de los clientes (42%) y regulación (23%).

Fuente: Economía colaborativa en América Latina, BID 2016.

Hay que poner en valor que la capitalización de empresas cuyo modelo de negocio se sustenta en utilizar plataformas digitales es enorme, y ello es obviamente atractivo para los inversionistas. 

Esto hace que, por ejemplo, Airbnb valga más de 100 mil millones de dólares (2020), más que duplicando el valor de las principales cadenas hoteleras globales.

Los retos

La economía colaborativa afecta un amplio espectro de normas jurídicas en diversos campos, la competencia entre empresas, las relaciones laborales dentro de la plataforma, las obligaciones fiscales y la protección de los usuarios.

La dimensión de la economía colaborativa hace que, a menudo, las leyes del sistema normativo, concebidas para regular mercados estables o consolidados propios de la economía y la sociedad industriales, sin sujeción a los cambios tecnológicos disruptivos característicos de la economía digital, carezcan de una solución jurídica apropiada a situaciones que ocurren en un entorno digital.

Por eso, en su estudio el Banco Interamericano de Desarrollo propone a los países de América Latina una serie de recomendaciones para afrontar la regulación de la economía colaborativa.

Como criterio general, una primera práctica es que las plataformas colaborativas no estén sujetas a autorizaciones o licencias, si sólo actúan como intermediarias entre los consumidores. 

En el caso de que sean proveedoras de servicio y estén sujetas a autorizaciones especiales reguladas por las normas locales vigentes, se recomienda que la regulación general provenga del estamento territorial superior para facilitar la actuación de estos agentes económicos.

Desde el BID se considera que, como la economía colaborativa como sector no existe, una regulación única y transversal no sería suficiente y sería imposible de aplicar.

“Es por ello que resulta pertinente una revisión de la normativa de carácter general (especialmente en el ámbito laboral y fiscal) que permita que las personas se conviertan en micro-oferentes (ciudadanos productores/prestadores de servicios) con las máximas facilidades. Si no se llevan a cabo modificaciones en esta línea, se hace más difícil la existencia de las plataformas al no ofrecer garantías y un encaje legal a sus participantes”.  

El informe también propone un cambio de paradigma regulatorio: por un lado, los reguladores tendrán que aprender a exigir menos requisitos de entrada y aumentar la libertad para ejercer ciertas actividades (clave para la innovación y la experimentación hacia la sociedad colaborativa).

A cambio de esta libertad, las plataformas podrían compartir sus datos con el regulador. Sin embargo, esta compartición depende del grado de inversión que haya realizado la plataforma. Si los datos de los usuarios son relativamente sencillos de obtener, pueden hacerse públicos y compartirse. No obstante, si la recolección de datos requirió de inversiones cuantiosas, innovación, Investigación y Desarrollo, entonces los datos deberían de permanecer privados y preservados por las plataformas, porque dependen de su modelo de negocio.