Todo cambio tecnológico es un vehículo para mostrar lo mejor y lo peor de la naturaleza humana, sin excepción.

La pandemia, los procesos electorales y hasta las declaraciones y decisiones de presidentes han demostrado el poder de las redes sociales tanto a nivel de los países como globales.

No es coincidencia que, como sucedió con Standard Oil o IBM en el siglo XX, las autoridades de competencia en ambos lados del Atlántico hayan iniciado procesos de investigación a diversas empresas pertenecientes al conjunto de las principales plataformas de redes sociales y de servicios como Amazon, Apple, Facebook, Netflix, Twitter y Google (FAANGT).

De ser consideradas como “benditas redes sociales”, de contribuir a las mejores causas sociales, de mover miles de inversionistas individuales que desde sus casas dejaron pasmados y con enormes pérdidas a los “hedge-funds” profesionales (caso GameStop), también han pasado a ser señaladas como medios de censura, obstáculos de la libertad de expresión o manipuladoras de la opinión pública. En fin, reencarnaciones en esteroides del poder monopólico que desde finales del siglo XIX se señalaban como rivales al poder del Estado a pesar de ser catalizadoras de grandes cambios tecnológicos, 

Lo anterior dio lugar al inicio de leyes de competencia o antitrust desde finales del siglo XIX en Estados Unidos y desde ahí a la adopción de legislaciones de competencia alrededor del mundo durante el siglo pasado.

Apenas hace unas semanas Twitter y Facebook suspendieron la cuenta del entonces Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante los hechos violentos ocurridos en el Capitolio. Tanto Ángela Merkel como Andrés Manuel López Obrador cuestionaron dicha acción por ser una forma de censura a un titular del Poder Ejecutivo todavía en funciones. En forma casi simultánea Amazon, Apple y Google dejaron de ofrecer la app de la plataforma social Parler, por ser utilizada por los seguidores radicales de Trump.

Por un lado, se argumentó que Twitter, como cualquier otra plataforma, es un agente económico privado y los usuarios de sus servicios se sujetan a reglas que cada plataforma es libre de establecer. Por lo tanto, no es censura suspender cuentas que violen sus reglas, es una legítima extensión de sus derechos de propiedad.

Por otro lado, bajo una tradición cuasi semejante a un servicio público, dado el tamaño de la audiencia que han adquirido las plataformas de redes sociales, se han colocado en una posición de poder político, dada su capacidad y las dimensiones de difusión que tienen entre la población, por lo que tales plataformas son un objetivo indubitable por parte de aquellos que busquen control político, sea utilizándolas o inhibiéndolas.

Es por ello que las redes sociales se han transformado en una arena donde los rivales políticos muestran sus habilidades para explotar las ventajas de dichas plataformas. No son las plataformas per se, son los grupos que buscan el control de éstas los que se acusan mutuamente de tener “granjas de bots” y otras formas de hacer llegar su mensaje a la mayor audiencia posible.

De igual forma que Standard Oil o AT&T en el siglo pasado, pareciera que los “remedios” a su supuesta posición de poder sustancial no ha evolucionado y se sigue mencionando que se busca imponer remedios estructurales o separación como una alternativa para disminuir su posición dominante, tal y como la ex comisionada de la Unión Europea a cargo de competencia y política digital, Margrethe Vestager, ha señalado recientemente como remedio, o como lo propone la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) en su investigación respecto de Facebook.

Hasta ahora el modo europeo de regulación es semejante a la tradición que siguieron en redes de telecomunicaciones y que se replicó en México con la reforma de telecomunicaciones.

La Digital Services Act y la Digital Markets Act que se discuten en la Unión Europea pretenden crear un régimen regulatorio que incluye las añejas disposiciones regulatorias que no son ajenas: regulación ex ante para proteger de daños a las plataformas (competidores) emergentes, interoperabilidad obligatoria, portabilidad de datos, reglas para evitar trato discriminatorio y contenidos ilegales, todo ello con sanciones que van desde multas hasta la separación estructural de las plataformas. Nada nuevo y, desde luego, nada adecuado en el entorno digital y de economías de red.

Mientras en Estados Unidos se mantienen procedimientos de investigación abiertos por el Departamento de Justicia y la FTC, cada uno por su lado, no es de esperarse que concluyan en un futuro cercano dada una nueva administración con una agenda que involucra cientos de decisiones sobre nombramientos, presupuestos, órdenes ejecutivas, iniciativas legislativas que tratan de reconstruir lo que la administración Trump heredó en forma disfuncional por su rechazo a la ciencia y a los “expertos” que no le tuvieran una lealtad ciega.

En cambio, se tienen un conjunto de prioridades ante la pandemia y sus estragos económicos y sociales que no contemplará, tal vez con un dejo de gratitud por ahora, a los gigantes de las plataformas en un futuro inmediato.

Cuando se señala el costo social de las noticias falsas, la difusión de mensajes polarizantes que incitan a la violencia y la intolerancia, así como la violación a la privacidad de los usuarios, hay que cuestionarse si una hipotética mayor competencia en plataformas de redes sociales tendría un efecto positivo sobre proteger la privacidad, prevenir las noticias falsas o minimizar el uso de las plataformas por parte de grupos que tengan como objeto incentivar la violencia física o política o fomentar posiciones de intolerancia.

A la fecha, parece que el propio mercado, los usuarios mismos, están creando lo que una regulación imperfectamente, y a mucho mayor costo, pretende crear: plataformas alternativas. La reciente migración de usuarios de WhatsApp (Facebook) a Telegram es un ejemplo. Telegram fue la red social que se utilizó en los movimientos sociales de protesta en Bielorrusia, Irán (donde Telegram usa hasta 60% de la banda ancha existente en ese país) y en Hong Kong, pero eso no excluye que los usuarios fanáticos de teorías conspiracionistas y movimientos extremistas también migren a Telegram.

El fundador de Telegram calificó como la mayor migración digital de usuarios en la historia cuando 25 millones de usuarios se unieron a Telegram los días posteriores a la suspensión de cuentas por parte de Twitter y Facebook a partir de la toma del Capitolio a principios de enero.[1] Su fundador señala que 94 por ciento de los 25 millones de nuevos usuarios provienen de Asia, Europa, América Latina, Medio Oriente y Norte de África.

La entrada y crecimiento de nuevas redes sociales no garantiza que la competencia sea una solución indubitable a las noticias falsas, incitaciones extremistas y riesgos a la privacidad.

La proliferación y competencia de redes sociales puede llevar a la diferenciación de audiencias por medio de contenidos y, con ello, la creación de redes con audiencias específicas, de tal manera que sea una tendencia el uso de noticias falsas, teorías conspiracionistas y audiencias extremistas en tanto éstas generen “clicks” y sean un instrumento de competencia para atraer usuarios (race to the bottom).

La opción de autorregulación por medio de un mecanismo semejante a un control editorial de contenidos por medio de los propios usuarios es una opción de mercado que Twitter está implementado con su proyecto Birdwatch.[2]

Antes las agencias noticiosas eran el vehículo de los periodistas profesionales para la difusión de sus notas y de sujetarse a un control editorial. Ahora las redes sociales los liberan del filtro editorial profesional, se presentan en conferencias de prensa, predominan las afirmaciones personales sobre la calidad y veracidad del contenido de la nota.

La libre entrada al ejercicio del periodismo ha disminuido la calidad de las notas, de los cuestionamientos y ha dado mayor importancia a ser canal de los intereses de grupo y búsqueda de beneficios políticos personales que el mérito de la profesionalización de la labor periodística y su calidad editorial.

Recordemos que el poder de las redes sociales no sería posible sin la masificación de la banda ancha fija y móvil. Las redes de telecomunicaciones han sido el facilitador de la infraestructura para la creación y crecimiento del poder de las redes sociales.

Las telecomunicaciones han creado una externalidad positiva que ha monetizado y, por lo tanto, ha creado riqueza para las plataformas (FAAGNT).

El año de la pandemia magnificó el efecto positivo de creación de riqueza para tales agentes económicos globales.

Es un efecto positivo el beneficio de la libre entrada de inversionistas pequeños a múltiples plataformas de transacciones en mercados de capital que han disminuido el umbral para comprar y vender acciones y generar movimientos en acciones que dejan atrás a los profesionales de Wall Street. La banda ancha fija y móvil ha democratizado el acceso a los mercados de capitales. Habrá que ajustarse al cambio.

Rendimiento acumulado en el mercado (2020)
Facebook27%
Apple71.8%
Amazon78.1%
Google22.4%
Netflix57.7%
Twitter65.2%
Nasdaq Índice de Telecomunicaciones19.3%
Dow Jones U.S. Mobile Telecommunications Index7.5%
S&P Telecom Select Industry Index22.6%
AT&T-24.8%
Grupo Televisa (ADR) NYSE-29.4%
Telefónica (ADR) NYSE-31.9%
América Móvil (ADR) NYSE-9.11%

En el caso de América Latina, el desempeño de los concesionarios como AT&T, Telefónica y subsidiarias de Televisa han perdido valor de mercado en forma sustancial. Su capacidad de invertir en infraestructura seguramente es precaria y seguirán arropándose en la regulación asimétrica.

Es tiempo de sofisticar la regulación por medio de la desregulación y crear riqueza a partir de las externalidades positivas de la inversión en redes que la población pueda capturar por medio de elevar la productividad del resto de la economía y no sólo creando valor de mercado para las plataformas.

Se precisa liberar a América Móvil (Telmex y Telcel) de regulaciones que no se justifican fuera de proteger a sus competidores, para así crear riqueza a partir de la inversión en la infraestructura nacional.


[1] New York Times, “Telegram, Pro-Democracy Tool, Struggles Over New Fans From Far Right”, 26 de enero de 2021.

[2] New York Times, “Twitter will test letting some users fact-check tweets”, 25 de enero de 2021.

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