Conectar México: ¿autónomo o descentralizado?

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El Economista Jorge Bravo

Es frecuente que después de que el presidente AMLO critique los organismos constitucionales autónomos (OCAs), se acerquen periodistas para consultar si dichos entes están haciendo bien su trabajo o si sería mejor que sus atribuciones regresaran al gobierno federal. Mi respuesta siempre es la misma: la autonomía no es la panacea, pero es la mejor organización y diseño institucional hasta el momento para tutelar derechos fundamentales como el acceso a las tecnologías, la banda ancha e Internet. 

En la Administración Pública Federal (APF) existen cuatro formas de organización: centralización, desconcentración, descentralización y empresas de participación estatal. Fuera de la APF existen los OCAs. 

En el sector de las comunicaciones encontramos la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que es centralizada. La cúspide es el Presidente de la República. Las órdenes y la toma de decisiones descienden del Presidente al Secretario y así sucesivamente. El régimen jerárquico mantiene la unidad de la APF y así funciona. Hay control directo del poder central.

El Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel) y Telecomunicaciones de México (Telecomm) son descentralizados; ambos forman parte, están sectorizados y son coordinados por la SCT. La empresa Telecomunicaciones e Internet para Todos es una subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, una empresa productiva del Estado. Finalmente, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es un OCA encargado del desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión. 

Gracias a que el IFT es autónomo puede emprender acciones como controversias constitucionales. Por ejemplo, en la controversia contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) las instituciones demandadas son nada menos que el Congreso de la Unión y el Presidente de la República. 

Otra acción positiva, resultado del carácter técnico y especializado del IFT como OCA, fue la entrega a la Secretaría de Hacienda y al Senado de tres propuestas de modificación a la Ley Federal de Derechos sobre los elevados cobros por el uso del espectro radioeléctrico para promover mayor conectividad. El IFT propuso ajustar a la baja los derechos de las bandas para la prestación de servicios 5G, modificar la estructura de cobro de derechos de las bandas de 800/850 MHz e incorporar un esquema de acreditación de cobertura social contra el pago de derechos, para llevar cobertura a localidades sin Internet móvil.

Un último ejemplo fue el comunicado que emitió el IFT donde aclara que tiene la facultad exclusiva para otorgar y prorrogar concesiones, en referencia al desatinado y desinformado comentario del presidente AMLO sobre la prórroga de la concesión de Telmex. El comunicado remata de una forma inusual: “lo expresado por el C. Presidente no corresponde a los hechos ni al marco legal aplicable, toda vez que la solicitud de prórroga ya fue resuelta y no hay posibilidad de negarla”.

Por estos tres ejemplos y muchos más vale la pena que exista un OCA como el IFT. Lo anterior no significa que algunas de sus decisiones dejen de ser polémicas, o que se omita el cuestionamiento al desempeño de las personas comisionadas. Precisamente, se puede y se debe hacer la crítica en función de su carácter técnico o cuando las decisiones son de índole política. 

En sentido contrario nos encontramos con el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 de la Auditoría Superior de la Federación al Promtel. Este organismo descentralizado de la SCT tiene un objetivo principal: “realizar las acciones tendientes a garantizar la instalación de la red pública compartida de telecomunicaciones (…), a fin de impulsar el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y los servicios de telecomunicaciones”. 

El Promtel debe vigilar el cumplimiento del contrato de Asociación Público Privada con Altán Redes y el despliegue de la Red Compartida. Desde 2018 la ASF le recomendó al Promtel “supervisar en todo momento la consecución del proyecto de la Red Compartida”. Pero el nuevo dictamen de 2020 señala que el Promtel “debe mejorar en materia de planeación, ejecución, seguimiento, supervisión, inspección y verificación del contrato suscrito con el desarrollador del proyecto” (Altán Redes). 

La ASF advierte que “hay riesgos que imposibiliten alcanzar la cobertura de 92.2% de los 112.3 millones de habitantes comprometidos en el contrato (…) que debería alcanzarse en 2024”.

La auditoría encontró áreas de mejora, pero también “duplicación e inconsistencias en el reporte de las cifras trimestrales que limitaron determinar su avance y en el caso de los 12 informes mensuales de supervisión (…). Se determinaron cumplimientos de entre 60.1% y 93.5% de los sitios comprometidos por el desarrollador”.

El Promtel calificó la ejecución de la Red Compartida como un “atraso” respecto de las metas, y no incluyó un apartado que estableciera las acciones que debería adoptar para su atención. El organismo de la SCT también reconoció “un retraso en las actividades de despliegue del proyecto en relación con las metas del plan, en específico con lo correspondiente a la infraestructura asociada a la cobertura social”.

En 2020 el Promtel ejerció recursos por 526.4 millones de pesos, un incremento de 212.3% (357.9 mdp) respecto de los 168.5 mdp aprobados. La ASF concluye diciendo que el Promtel “demuestre que el incremento de 212.3% del presupuesto se realizó con el propósito de mejorar las actividades destinadas a la regulación, supervisión, inspección y verificación del despliegue de la Red Pública Compartida de Telecomunicaciones.”

Claramente, todas estas actividades debería realizarlas el regulador especializado que es el IFT. Desde 2019, al IFT se le ha recortado el presupuesto para el ejercicio de sus funciones. Pero no se aprecia que los recursos que utiliza el Promtel tengan un mayor beneficio social y que estén contribuyendo de mejor manera al cierre de la brecha digital que si los ejerciera el IFT. Sobre todo, porque Altán Redes ingresó a un concurso mercantil y desde 2018 la ASF advirtió que “en caso de que Altán presente problemas financieros, la banca de gobierno tendría un riesgo por 17,750 millones de pesos”. 

El avance de la Red Compartida es de 64.92%. Según el contrato original, el 24 de enero de 2022 debiera alcanzarse 85% de la población, aunque el Promtel redujo el hito a 70%. La respuesta de quién realizaría una mejor regulación, supervisión, inspección y verificación de la Red Compartida es muy clara y la ASF ya se pronunció en dos ocasiones.