Control de precios en Argentina: Enacom autoriza aumento a operadores chicos, mientras se desatan batallas judiciales

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La reglamentación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690, que declaró servicio público a las comunicaciones argentinas y estableció un control en los incrementos de los precios, sumó nuevos capítulos estos días.

Por un lado, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó a las cooperativas, pymes y cableras de menos de 100 mil abonados a un nuevo incremento de las tarifas de un 7 por ciento (que se suma al 8% autorizado en enero y tras tener las tarifas congeladas en todo 2020). Pero por el otro, comienzan a resolverse algunos fallos a favor y en contra del decreto, que fue llevado a la Justicia por los operadores.

A través de la resolución 27/21 y 28/21, el Enacom autorizó a los proveedores de Internet, operadores de telefonía fija y de TV de paga que tengan menos de 100 mil abonados, a que incrementen hasta un 7 por ciento sus precios minoristas a partir de las facturas de febrero.

El sector pyme y cooperativo fue uno de los que se opuso a la congelación de precios y control de las tarifas, ya que sostenían que con la inflación acumulada durante 2020 (de 36 por ciento) y una devaluación de más del 30 por ciento en el valor del dólar oficial, los primeros aumentos autorizados no eran suficientes para sostener la estructura de costos de los servicios.

En un comunicado, las cooperativas reunidas en Catel, Coolsecor y Fedecoba celebraron el acuerdo específico del ajuste de las tarifas. “Seguimos dialogando para lograr una nueva adecuación en el mes de marzo. Por otro lado, estamos avanzando en las conversaciones sobre el precio de la Prestación Básica Universal y el equilibrio que las entidades están realizando en sus finanzas para poder seguir brindando a sus asociados servicios de calidad”. Agregaron que las preocupaciones que tenían con respecto a la reglamentación del DNU “fueron escuchadas por las autoridades”.

Batalla judicial

El DNU 690 fue judicializado en varios fueros por las empresas de telecomunicaciones. La semana pasada, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Walter Lara Correa, rechazó un planteo de Telecom Argentina y se negó a dictar una medida cautelar contra el DNU.

Mientras que el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba dictó una medida cautelar contra el decreto a pedido de la cableoperadora TV Cable Color S.A. Según el fallo, el juzgado verificó “que las normas cuya suspensión se solicita ocasionarán un perjuicio a la actora de no disponerse su suspensión, por tanto, la calificación de servicio público de los servicios TIC que ésta presta, la regulación de su precio por la autoridad de aplicación, la suspensión de todo aumento hasta el 31 de diciembre y la imposibilidad de cortar el servicio a aquellos usuarios que no pagan durante un periodo fijado en el art. 1 del Decreto 311/20, impedirá recuperar las inversiones realizadas y llevar a cabo nuevas necesarias para la correcta y debida prestación de los servicios”.

Tras conocerse el fallo de la justicia cordobesa, la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) describió en un comunicado que la medida ordena al “Poder Ejecutivo Nacional y al Enacom abstenerse de emitir y llevar a cabo acto alguno con fundamento en dichos decretos, hasta tanto se dicte sentencia definitiva”.

“La intervención estatal y el consecuente atraso en los precios, sumado al significativo aumento de los costos, muchos de ellos dolarizados, implican una disminución muy significativa de la generación de ingresos. Esto pone en riesgo la posibilidad de realizar inversiones de capital ya no para el crecimiento, sino para el propio mantenimiento de los servicios TICs que demandan los usuarios, que han demostrado con la pandemia requerir cada vez mayor ancho de banda, mayor velocidad, más tecnología y más contenidos”, explicó ATVC.

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