México | Control del delito, pero no padrón telefónico

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Excélsior Alicia Salgado

La posible creación del Padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, incluida en la iniciativa que fue aprobada en la Cámara de Diputados, ahora está en plena discusión en la Cámara de Senadores.

Se menciona un acuerdo para que la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, encabezada por Lucy Meza, de Morena, y la de Estudios Legislativos, que preside el senador priista Manuel Añorve, tengan listo el dictamen para que se pase al pleno al regresar de Semana Santa, lo que ha levantado la movilización en contra de esta iniciativa por sus antecedentes, y peor aún, sus terribles consecuencias.

El martes pasado se reunieron los senadores con Canieti, representada por Ana de Saracho, de Movistar; Rafael Eslava, de IFT; Gabriel Seckely, de Anatel, entre otros, y se argumentó que para atacar al delito de extorsión telefónica no es necesario un padrón, sino mecanismos de control de llamadas que pueden implementarse en un par de meses. En el sector dicen que la propuesta se consensuó con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuando era encabezada por Alfonso Durazo, el Centro Nacional de Inteligencia de Audomaro Martínez y la Consejería Jurídica de Julio Scherer.

Sin embargo, en esa misma reunión Ricardo Mejía, de la SSPC, urgió al grupo de Morena a aprobarla en sus términos, argumentando que no cede el crimen utilizando celulares o SIM de “prepago”.

Mire, más allá de que implica importantes retos, cargas de trabajo y económicas para las empresas que se encargarán de recopilar los datos (operadores móviles y MVO, como para IFT, el órgano regulador), uno de los más importantes de ellos será la protección de los datos personales y el fracaso que tuvo el Renaut hace 10 años para lo mismo, con todo el dinero perdido que implicó, particularmente a los particulares.

Hoy, el mismo Eslava subrayó el costo que tendría para el IFT administrar los datos biométricos de los usuarios de telefonía móvil en una base única y el alto riesgo que tiene, porque el padrón no garantiza que la información no llegue a las manos de la delincuencia —particularmente— en ausencia de un mecanismo único de control de la identidad nacional. Los delincuentes han probado que el acceso a información de este tipo es relativamente fácil.

Este padrón de usuarios podría vulnerar el derecho a la privacidad, pues en un teléfono móvil se hacen llamadas, se interactúa en redes, guarda fotografía, notas, contactos, correos electrónicos, videos, operaciones bancarias, compras y se registran los movimientos de individuos en domicilio, en el trabajo o en la calle. ¡Oro puro para la extorsión! De 33 millones de delitos, seis corresponden a extorsiones, y 98 por ciento son realizadas por celulares.

La iniciativa supone que la falta de registro no tiene sanción, salvo que las personas estarían impedidas de realizar llamadas a través de sus teléfonos móviles.

Por lo que se refiere al órgano regulador, el IFT tendría la responsabilidad de concentrar y administrar el Padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, cuidando que tomen todas las medidas de protección y seguridad necesarias para la privacidad de los datos de los 85 millones de mexicanos que disponen de 110 millones de cuentas celulares, tarea para la que no fue creado y cuya función debería incluirse en la Constitución por ser un órgano autónomo.

El compromiso de los operadores es que en dos meses podrían implementar la solución para inhibir el delito, ¿y por qué no?, es algo que no han probado,  ¿o sí?

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