Costa Rica | Carece de estrategia de uso de la inteligencia artificial en el Estado

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El Financiero Carlos Cordero

La tecnología de la inteligencia artificial (IA) podría ayudar a incrementar la eficiencia institucional, automatizar trámites y disminuir el gasto en momentos que se enfrenta una crisis fiscal y la población demanda servicios digitales. Algunas instituciones avanzan en su uso, pero Costa Rica carece de una estrategia de incorporación de la IA en el Estado.

“El tema de la inteligencia artificial en el país por el momento se encuentra en sus etapas iniciales”, respondió Jorge Mora Flores, director de gobernanza digital, entidad adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt). “Estamos conscientes de la necesidad de acelerar los procesos y generar esta hoja de ruta lo antes posible, ya que cada vez se pierde más competitividad a nivel regional. Se requiere una intervención estratégica prioritaria”.

Mora indicó que actualmente se trabaja con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la definición de la hoja de ruta para el uso ético y responsable de la IA, pues se debe establecer un marco de acción para que la definición de la estrategia sea inclusiva, respetuosa de los derechos humanos, segura, que garantice la transparencia, evite los sesgos y se procure hacer equitativos los beneficios para toda la sociedad.

Un informe del BID de mayo de 2020 reconoce esfuerzos del país en la elaboración de estrategias de transformación digital y de datos, pero confirma el vacío en el diseño de la estrategia de IA.

Un estudio denominado ExperiencIA del CAF Banco de Desarrollo de América Latina, conformado por 17 países y 13 bancos privados de la región, indica que la IA permitiría a los Estados modernizar el sector público y dar un salto cualitativo en eficiencia, servicios públicos (salud, educación, justicia, tributación o gestión de residuos, entre otros) y rendición de cuentas a sus ciudadanos.

El informe alerta sobre las experiencias negativas con el desarrollo y uso de la IA, tanto a nivel público como privado, lo que puede deteriorar la confianza de los ciudadanos en la tecnología, por lo que urge a integrar principios éticos para reducir los riesgos asociados, incluyendo eliminación de sesgos y privacidad o seguridad de la información.

En la región, indica el CAF, los gobiernos desarrollan estrategias de IA de manera desigual, con enfoques distintos y velocidades diferentes. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay cuentan con su estrategia o están en proceso de diseñarla, pero solo Uruguay centró su estrategia específicamente en el sector público.

El mismo Micitt reconoce los beneficios de la IA en generación de sistemas proactivos para ofrecer servicios públicos personalizados, análisis de información para medir y prevenir niveles de contaminación, mejoramiento del sistema tributario y de los servicios de salud, así como en la creación de ciudades inteligentes.

Carlos Portocarrero, consultor de ventas de software de GBM,indicó que las soluciones basadas en IA que pueden desarrollarse para gobiernos, centrales o locales, son muy amplias e incluyen agilización de trámites y gestiones tributarias, migración o de registro de propiedades, así como asistentes digitales para consultas y comunicaciones telefónicas o de mensajería con los ciudadanos.

Las entidades pueden aprovechar las capacidades de procesamiento de datos para obtener en una fracción de tiempo lo que antes requería más tiempo y recursos, así como —utilizando aprendizaje de máquina— desarrollar modelos predictivos que generen recomendaciones para la toma de decisiones.

En Costa Rica se estarían dando los primeros pasos para definir una política pública y la estrategia nacional de uso de la IA.

Mora adelantó que, dada la necesidad de “empezar” a alinear ideas y acciones, el 29 de septiembre se lanzará localmente una iniciativa del BID denominada FAIr LAc que integra gobiernos, universidades y sector privado para promover el uso ético de la IA.

También se conformaría un grupo asesor compuesto por Micitt, el Expediente Digital Único de Salud (EDUS) de la Caja Costarricense del Seguro Social, Cinde, Incae, Innova 10x, America Free Zone, Intel, Microsoft, Ministerio de Educación Pública, Programa Estado de la Nación, el Sistema Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) y el mismo BID.

El funcionario indicó que el Micitt ha generado unas siete acciones, incluyendo la adopción de las recomendaciones del Consejo de Inteligencia Artificial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Entre tanto, algunas entidades avanzan en sus proyectos de IA para mejorar sus operaciones.

En el Ministerio de Hacienda la utilización de IA va dirigida a mejorar la atención y experiencia de los contribuyentes para la declaración y pago de impuestos, importación y exportación, así como mejorar los procesos de fiscalización.

La entidad ya usa un chatbot de atención y en agosto anterior se inició la planeación del proyecto de gestión del riesgo que utilizará analítica de datos de IA para identificar comportamientos y tendencias, el cual funcionaría a partir del primer trimestre del 2022. Se podrían detectar inconsistencias en las facturas electrónicas o comprobantes falsos para obtener créditos en el impuesto de valor agregado.

“Este sistema agilizará el servicio, optimizará los recursos, aumentará la recaudación, transparentará el servicio y mejorará la credibilidad en la institución”, dijo Alicia Avendaño, directora de tecnologías de información y comunicación del Ministerio de Hacienda.

Avendaño destacó que las iniciativas permitirían, además, brindar servicios en forma interrumpida, brindar información o respuestas consistentes y precisas, aumentar la productividad, eliminar tiempos de espera (presenciales y telefónicos) en atención.

En el Poder Judicial también utiliza un chatbot que atiende 5.500 consultas por mes, y ayuda a resolver la saturación de líneas de consulta. Carlos Morales Castro, coordinador unidad de inteligencia de la información de la dirección de tecnología de la información y comunicación del Poder Judicial, indicó que en su desarrollo se invirtieron 280 horas, lo que equivale a un costo de ¢2,8 millones, que se recuperaron en menos de cinco meses.

En la institución también se utiliza un sistema de gestión presupuestaria que permite que los 60 centros, la dirección ejecutiva y la dirección de tecnología el control y seguimiento de la ejecución de los recursos. El sistema la entidad genera ahorros de más de ¢214,7 millones, debido a que el proceso normal de gestión presupuestaria provoca altas cargas de trabajo.

En el Banco Nacional (BN) también se implementa un asistente virtual orientado al autoservicio y con elementos de seguridad, los cuales generan protecciones adicionales. “El uso de la inteligencia artificial está dando sus primeros pasos en el país”, dijo Warren Castillo, director de tecnología del BN, quien agregó que el uso de la IA se acelerará en combinación con sistemas de manejo de datos y cadena de bloques (blockchain).

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tiene varias iniciativas basadas en IA, incluyendo un asistente virtual que implementará tanto en sus servicios de telecomunicaciones y electricidad como a nivel interno. El operador lanzó, junto con el MEP, un asistente para que 1,2 millones de estudiantes y 80.000 administrativos y docentes puedan restablecer contraseñas de las plataformas de Microsoft (Office 365 y Teams).

“La inteligencia artificial se utilizará para continuar cumpliendo y superando las expectativas del cliente y garantizar servicios de calidad”, dijo John Molina, gerente de transformación tecnológica del ICE. El funcionario indicó que esos beneficios se verían en atención más rápida de ventas, postventa y averías.

En la Contraloría General de la República también se impulsa un proyecto que permitiría el transporte, almacenamiento y análisis masivo de los datos de las entidades públicas para permitir una fiscalización de compras públicas “más precisa y oportuna”.

Aquí se utilizarían bibliotecas de software especializado en el entrenamiento de algoritmos de aprendizaje automático para el desarrollo progresivo de la capacidad predictiva, que estarán soportadas por una infraestructura base que provee mecanismos de procesamiento, almacenamiento, interconectividad, seguridad y privacidad.

La Contraloría, al tiempo que impulsa y prueba estas soluciones, procura desarrollar una estrategia de transformación y las capacidades institucionales para contar con nuevos perfiles de funcionarios que cuenten con las competencias técnicas.