¿Crónica de una muerte anunciada?

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Reforma Clara Luz Álvarez

Desde que se realizó la licitación para la red pública compartida mayorista como uno de los proyectos emblema de las llamadas reformas estructurales del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, se sabía que la viabilidad financiera era más que complicada y la mayoría tuvo duda de que Altán Redes lograría la cobertura del 92.5% de la población para 2024. Ahora que Altán está por iniciar el concurso mercantil, vale la pena recordar sus orígenes y evolución que han sido un camino sinuoso, cuesta arriba y de futuro nada prometedor.

La reforma constitucional de 2013 ordenó la creación de la red pública compartida mayorista para llevar servicios de telecomunicaciones a toda la República Mexicana, utilizando la banda de 700 MHz. Esta banda fue desocupada en su integridad cuando se realizó la transición a la televisión digital y tiene propiedades que la hacen una mina de oro por sus características de propagación y por necesitar menor despliegue de infraestructura para lograr una mayor cobertura.

A pesar de que la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones había propuesto utilizar la banda de 700 MHz para dar cobertura al 98% de la población, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el sexenio pasado decidió reducir la cobertura para atraer a más interesados, toda vez que la inversión requerida para dar conectividad arriba del 90% de la población se incrementa dramáticamente por la dispersión de la población en zonas rurales. Pero ni con esa reducción logró ser atractiva porque la sustentabilidad de un proyecto así, estaba en duda.

En la licitación sólo participaron 2, uno de ellos Rivada que omitió presentar una carta de crédito por lo que se le descalificó legalmente a pesar de que su CEO argumentó corrupción, y el otro consorcio fue Altán Redes quien ganó ofreciendo que para 2024 cubriría el 92.5% de la población mexicana. El esquema fue de Asociación Público Privada (APP) en el cual Altán asumió todos los riesgos del proyecto y el gobierno mexicano ha aportado toda la banda de 700, 2 pares de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, así como créditos de la banca de desarrollo mexicana. Asimismo, participaron otras instituciones financieras y empresas tecnológicas como Huawei y Nokia.

Altán está sujeto a diversas cargas regulatorias como la prohibición de ofrecer servicios a usuarios finales y poder sólo vender a empresas de telecomunicaciones u operadores móviles virtuales. También tiene prohibido subarrendar espectro. Por su parte, tiene beneficios como que paga una tarifa reducida por el uso de la banda de frecuencia en comparación a otras empresas.

Aunque era previsible que Altán no cumpliera con los hitos de cobertura, la noticia del concurso mercantil cae como balde de agua helada por muchas razones. La esperanza de todos era que, al haber aportado el Estado mexicano la totalidad de la valiosísima banda de 700, se lograra llegar a poblaciones sin telecomunicaciones. Hoy parece que eso no se logrará.

Al tener Altán en la APP aportaciones del gobierno mexicano, persiste la preocupación por posibles quebrantos a la neutralidad a la competencia que de acuerdo a la ley de telecomunicaciones se refiere a la “obligación del Estado de no generar distorsiones al mercado como consecuencia de la propiedad pública”. La situación de Altán, ¿justifica una acción específica del gobierno mexicano para salvarla en formas variadas (p. ej. renegociación de deuda, reducción de cargas regulatorias, ampliación de plazos para cumplir con las obligaciones de cobertura)?

Finalmente, aun cuando Altán lograra salir de terapia intensiva y cubrir el 92.5% de la población con telecomunicaciones, falta todavía pensar en cómo llevar conectividad y habilidades digitales al 7.5% de la población que carece de dichos servicios, que no están en la cobertura del proyecto de Altán y que tampoco están en un programa de cobertura social específico.

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