Cruzar el Rubicón de la gobernanza de Internet

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    Fere libenter homines, id quod volunt, credunt.[1]

    Julio César

    ¡Qué empiece el juego!, proponían algunas voces desde hace tiempo sobre cómo se gobiernan y regulan las actividades sobre Internet. Parece que ahora algo recorre, sobre todo el viejo continente, y no parece tratarse precisamente de un nuevo fantasma, sino de la voluntad de tomar cartas en cómo se regula el ecosistema digital ante las nuevas disrupciones.

    El reciente documento del parlamento británico sobre recomendaciones de actuación frente al comportamiento de las grandes plataformas, unido a las declaraciones del presidente Macron en el pasado Foro Global sobre la Gobernanza de Internet, y a la voluntad de la Unión Europea de tasar sus actividades, marcan tendencia en atreverse  a cruzar el Rubicóny tocar lo que parecía intocable, el statu quo actual en la red, con la idea de hacerla más equitativa y combatir los problemas derivados de la misma.

    El tiempo y las fórmulas que se empleen nos dirán si la osadía de cruzar el río termina en un error de imponderables consecuencias, o valió la pena correr el riesgo y se producen avances hacia una red más ecuánime.

    Mucho se ha escrito sobre cómo avanzar en una solución de consenso para el futuro de Internet. En cierta manera, se ha llegado a una serie de acuerdos sobre el diagnóstico, pero estamos lejos de una solución que contente a todas las partes y afronte con garantías los peligros actuales de la red.

    Un defecto que solemos padecer quienes nacimos y crecimos en un mundo en el cual no existía Internet, es considerar lo que ocurre en la red como algo etéreo y que pertenece a otra dimensión, con lo que tendemos a relativizar o pensar que son asuntos que escapan a la realidad y que pueden o deben ser tratados de distinta manera, aunque al mismo tiempo tengamos claro que la red de ahora nada tiene que ver con la Internet de los orígenes, y que ésta afecta de forma determinante a todas las esferas de la sociedad. 

    No se trata de que la regulación pensada para un mundo sin Internet sea extrapolable sin cambios a un mundo hiperconectado, pero los hechos deben ser tratados de la misma manera offline que online. Internet no puede significar impunidad, parece una obviedad tener que recalcarlo pero en cierta manera se hace necesario.

    A los derechos y las normas consagradas por las sociedades democráticas en términos generales no se les debe dar un tratamiento distinto en la red, podremos discutir sobre la norma, pero no sobre su ámbito de aplicación. Si fuera de Internet nos parece inaceptable aceptar delitos de odio, contra el honor y la integridad, o la vulneración de la privacidad (incluido el uso de información personal), no podemos ampararnos en la dificultad de perseguir estos delitos en la red para no hacerlo.

    La carta de derechos del ciudadano en la red debe centrarse más en cómo los garantizamos que en los derechos en sí mismos, los cuáles ya fueron consagrados por Naciones Unidas en 1945. Si las sociedades democráticas han consensuado que para nuestra convivencia tanto personas físicas como jurídicas debemos aportar de forma equitativa y en función de nuestras capacidades al sostenimiento del Estado, no es razonable que a aquellas empresas que hacen de Internet su negocio se les dé un tratamiento distinto o se les permita subterfugios para contribuir menos.

    El ámbito de discusión no es si deben contribuir o no, sino que hay que reconocer que existe una fuerte inequidad fiscal en el ecosistema digital entre unas empresas y otras, y debemos ver cómo se determina que contribuyan en cada país donde tengan actividad y en qué cuantía. 

    Las sociedades occidentales a lo largo del siglo XX consolidaron un modelo de protección laboral basado en una serie de derechos y seguros para el trabajador (seguro de enfermedad, vacaciones, jubilación, jornada laboral, sindicación…) que fueron imprescindibles para la paz social y la mejora de la calidad de vida de amplios grupos de la población.

    Al día de hoy, inmersos en plena revolución 4.0, parecemos aceptar que bajo nombres amables como el de “economía colaborativa” se acepte una degradación de las condiciones laborales que puede tener importantes consecuencias a mediano y corto plazo. Pese a encontrarnos en economías con base en el libre mercado, siempre se le han puesto reglas para, precisamente, garantizar ese libre mercado. Una de ellas, y fundamental, es favorecer la competencia y la promoción de nuevos entrantes…. La condición transfronteriza de Internet sin duda dificulta esto, pero ello no resulta óbice para que no le afecten.

    Debemos reconocer la naturaleza desigual en el trato impositivo en la red y buscar mecanismos que lleven a un acuerdo internacional en la materia. Lo contrario significa lo que ya estamos viendo en la actualidad, que, visto el deterioro en la recaudación impositiva que muchos Estados empiezan a observar debido a los cambios de modelo comercial que provoca Internet, están decidiendo acometer reformas fiscales de manera unilateral, lo que no es una buena noticia y no va a llegar a buen puerto terminando por afectar a la innovación y el emprendimiento, y probablemente castigue más a nuevos entrantes que los ya consolidados.

    Deben ser mecanismos como el BEPS de la OCDE contra la elusión fiscal los que lleven a acuerdos internacionales que armonicen la tasación fiscal en el sector.

    La “Gig Economy” ha revolucionado muchos nichos de mercado que hace unos años resultaba inimaginable. Bajo el punto de vista del usuario estas aplicaciones han supuesto una serie de ventajas por su comodidad de uso, su agilidad y un precio más asequible.

    Sin embargo, al mismo tiempo han levantado muchas ampollas en cuanto que algunas de ellas han deteriorado (sobre todo en aquellos países con un estado social más avanzado) las condiciones laborales de muchos trabajadores, colisionando en sectores profundamente regulados. Esto empieza a suponer una merma en la recaudación impositiva y de la seguridad social, e incluso aquellas aplicaciones destinadas al alquiler turístico han tenido como efecto secundario un alza desmesurada de los precios del alquiler en los centros urbanos, lo que empieza a ser un tema de fuerte preocupación en muchas ciudades.

    Cruzar el Rubicón significa tener constancia de esto y tratar de tomar medidas, pero no debe significar tomar cualquier medida que no implique cruzarlo con garantías, sobre todo aquellas que se toman de manera unilateral y que en cierta manera pueden poner en peligro el carácter único e indivisible de la red de redes. Su ruptura no sería ni más ni menos que el “acta est fabula” de las funciones de teatro romanas. Debemos decidir también dónde tomamos decisiones. Los foros de gobernanza, por su formato y su trayectoria, no son el lugar adecuado, si bien constituyen un elemento imprescindible para el debate y el conocimiento. En función de cada tema a tratar, hay que encontrar otros espacios internacionales los cuales, pudiendo tomar como base lo establecido en los distintos foros de gobernanza, lleguen a acuerdos que se trasladen a las regulaciones nacionales.

    En materia de privacidad, uso de datos personales, acceso a contenidos, combate a los delitos de odio y las denominadas “fake news”, es claro que la autorregulación no es suficiente y presenta dudas sobre cómo se maneja la censura de forma privada. La misma es controlada por un pequeño grupo de empresas que hacen de su modelo de negocio el uso y tratamiento de datos personales, además de la creación y disposición de contenidos en la red. Tampoco es una opción viable, puesto que nos llevaría a también terminar la función, establecer un modelo de Internet ultra vigilado y compartimentado.

    Es imprescindible avanzar hacia soluciones que abandonen ambos extremos. Una de ellas, sin duda interesante y que propone una salida intermedia, es la reflejada por la comisión del parlamento británico mencionada, que apuesta por la posibilidad de crear un regulador independiente que establezca un código de ética de obligado cumplimiento que determine qué contenidos se deben remover y cómo. Este regulador, además, serviría para garantizar un adecuado uso de los datos personales por parte de las plataformas y también quién accede y cómo a los mismos (algo fundamental a corto y mediano plazo para el desarrollo de la Inteligencia Artificial y muchos modelos de negocio), garantizar la neutralidad de las mismas, puesto que tendría acceso a los mecanismos de seguridad y algoritmos de las compañías, teniendo a su vez capacidad sancionatoria.

    Garantizar una Internet segura y confiable pasa por la responsabilidad de todas las partes. El documento británico apunta a ello, estableciendo que las plataformas de Internet no pueden obviar su responsabilidad sobre lo que sobre ellas sucede alegando que no es su tarea.

    Y si bien es cierto que tampoco su papel esencial es el de policía de contenidos, cuando sobre el tratamiento de esos contenidos estás basando, tu modelo de negocio es innegable que deben tener algún tipo de responsabilidad sobre el mismo.

    Un regulador que trate estos aspectos nos debe llevar también a analizar la composición e independencia del organismo, que debe reflejar el multistakeholderismo que caracteriza la red. Si bien la política pública debe jugar un papel importante, no puede obviarse la participación de todos los sectores que conforman el ecosistema de Internet.

    No hacer nada es correr el riesgo de poner en peligro los fundamentos de la democracia, regular es hacer frente a una realidad objetiva: sobre la base de una Internet libre, aquellos que no creen en la democracia usan la web para realizar actividades delictivas, hacer uso fraudulento de nuestros datos personales, fomentar el odio y la mentira, atacando los cimientos de confianza sobre los que hemos tejido las bases de nuestra sociedad.

    No debemos caer en una situación prohibicionista ni negar la dinámica actual. Las autoridades deben afrontar, con un sosegado debate, soluciones de fondo que, sin anular el crecimiento de la economía digital, eviten que la disrupción se lleve por delante derechos sociales ya consolidados, y sean capaces de mantener la paz social, evitando las escenas que ya hemos visto de enfrentamientos entre trabajadores de un rubro y otro.

    No pensar en lo etéreo de Internet, tratar un problema real que afecta a la convivencia y al sostenimiento del Estado tal y como lo entendemos. La ola de cambio es imparable y las administraciones públicas no parece que tengan claro cómo actuar.

    Es preciso diseñar políticas públicas al más alto nivel que culminen en un nuevo pacto social digital con el máximo consenso de todos los agentes implicados.

    En definitiva, 2019 va a ser un año interesante para la regulación de Internet debido al apremio de muchos en acometer reformas que ignoraron durante años pese a que la evidencia de que la regulación vigente era incapaz de afrontar muchos de los cambios de paradigma y de evolución tecnológica.

    En nuestra mano está que la improvisación no sea la guía de estas nuevas reformas y logremos que la evolución sea lo más inclusiva posible, donde se siga poniendo el eje en la defensa del ciudadano y en sus derechos.

    Desde todos los ámbitos hay que fomentar una digitalización centrada en las personas y que la misma sea la más enriquecedora en cuanto a la variedad de actores. Solo así habrá merecido la pena la ofensa de atreverse a cruzar el Rubicón.


    [1] La gente casi siempre cree de buena gana lo que quiere. Julio César

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