La Universidad Oberta de Cataluña (UOC) afirma, a raiz de varios estudios, que los datos financieros y los de los perfiles en redes sociales de una persona tienen un valor cuantificable y, de hecho, se venden en la web oscura (Dark Web) por alrededor de 870 euros.

El profesor del posgrado de Protección de Datos de la UOC Eduard Blasi ha explicado que «en el ecosistema de internet si no lo pagamos de forma directa, lo acabamos pagando de forma indirecta con nuestros datos o, incluso, metadatos». «La creencia de que todo es gratis es una utopía», ha señalado, según un comunicado remitido a Europa Press.

Según los expertos, cuando Facebook compró WhatsApp en 2014 por más de 21.800 millones de dólares (alrededor de 19.622 millones de euros) o cuando Google adquirió YouTube por 1.650 millones de dólares (alrededor de 1.485 millones de euros), las compañías no pagaron esas cantidades por la estructura tecnológica de las plataformas, sino por el valor del «número de usuarios que tenía detrás».

Blasi también ha recalcado que, a pesar del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que comenzó a aplicarse en mayo de 2018, «en la práctica cuesta ejercer el control absoluto de los datos, especialmente en las plataformas gratuitas».

«No obstante, la incorporación de los principios de privacidad en el diseño y por defecto del nuevo reglamento europeo facilitará, sin duda, que el usuario recupere este control sobre sus datos», ha añadido.

Por su parte, Sergio de Juan-Creix, profesor de Derecho del grado de Comunicación de la UOC y experto en derecho digital, considera necesario que los usuarios tengan un mayor control sobre sus datos para tomar decisiones y que puedan ser partícipes tanto de los beneficios de la publicidad como de la revolución digital.

«Si una gran empresa se enriquece con mis datos, es lógico que quiera una parte de los beneficios o, al menos, recibir algún servicio o ventaja a cambio», ha añadido.

Sin embargo, el Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) se ha mostrado contrario a comercializar con datos personales debido a que se trata de un derecho fundamental.

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