El Espectador

Un nuevo hecho genera controversia en el sector de las telecomunicaciones. Por iniciativa de Claro, se llevó a cabo una prueba que dio como resultado que Avantel estaría usando espectro asignado a Partners, una firma del grupo Novator que ingresó al país en diciembre pasado, cuando obtuvo frecuencias en las bandas de 700 MHz y 2.500 MHz en el marco de la subasta adelantada por el Gobierno para mejorar y ampliar los servicios de comunicaciones de cuarta generación (4G).

Vale la pena recordar que el mes pasado se supo que Partners compró Avantel, un operador con alrededor de dos millones de usuarios. Sin embargo, para que uno use el espectro del otro es necesaria la autorización del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), debido a que el espectro, aunque asignado a privados para su operación, sigue siendo un bien de la Nación.

La prueba de Claro, realizada el pasado 10 de agosto, consistió en utilizar una tarjeta SIM prepago de Avantel en un celular de bandas abiertas. Al usar el servicio de datos, y utilizando el software de G Net Track (disponible en cualquier tienda de aplicaciones), se obtuvo como resultado que se estaba utilizando una banda que no es de Avantel.

Para corroborarlo, ingresaron a la herramienta web Cellmapper, y evidenciaron que se estaba usando la frecuencia 783 MHz, asignada a Partners. Todo lo anterior quedó certificado en notaría (ver documento al final). Claro hizo la denuncia ante las autoridades, pues considera que esto se enmarcaría en el delito tipificado en el artículo 257 del Código Penal, sobre prestación, acceso o uso ilegales de los servicios de telecomunicaciones.

Avantel, a través de un breve comunicado, afirmó que: “Avantel se encuentra prestando sus servicios dentro del marco legal y correspondientes autorizaciones, siempre propendiendo por ofrecer mejores servicios a nuestros usuarios”. Agregó, sobre el uso de espectro de Partners, que: “Estamos haciendo uso de todas las ofertas comerciales de telecomunicaciones para mejorar la prestación del servicio al usuario”.

El Espectador consultó con la Comisión de Regulación de Comunicaciones si tiene conocimiento de algún contrato entre Avantel y Partners sobre uso de espectro, sobre lo cual el regulador no tiene ninguna información.

El Mintic, por su parte, está analizando la denuncia recibida, por lo que, para garantizar el debido proceso, explicó que no se pronunciará sobre el tema.

Estos hechos se suman al malestar en los operadores Claro, Movistar y Tigo por cuenta de la compra de Avantel por parte de Partners. Estas empresas consideran que, al concretarse este negocio, Partners debería perder los beneficios de un operador entrante, pues está adquiriendo uno ya establecido, con talento humano, instalaciones, clientes, entre otros.

Sobre esto, el CEO de Partners, Chris Bannister, ha dicho en medios de comunicación que antes de la subasta la firma habló con el Mintic sobre si era posible mantener los beneficios de operador entrante luego de adquirir una empresa . Según el ejecutivo, la respuesta fue sí.

Al respecto, la ministra TIC, Karen Abudinen, le dijo el martes pasado a El Espectador que solicitó documentación que soporten esas afirmaciones y que la cartera no ha recibido ninguna solicitud de permiso de uso del espectro de Avantel.

El malestar en la industria viene desde enero pasado, cuando Partners anunció que “renunciaría” a uno de los bloques que ganó en la subasta de diciembre, debido a una “inconsistencia” que hizo que se digitara una cifra de más en su oferta por el espectro en cuestión. La cifra fue de $1,7 billones (que hubieran ingresado a la Nación) por un bloque que realmente, en promedio, valía diez veces menos.

Los operadores se opusieron a la renuncia, pues esa era una figura que no estaba contemplada en las reglas de la subasta, y además, dijeron algunos, la billonaria oferta habría impactado o distorsionado el desarrollo del resto de la puja. Finalmente, el Mintic resolvió no asignar dicho bloque a Partners y hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, por $42.000 millones, que ya se desembolsó.

En suma, según los operadores, se estarían generando precedentes indeseables en la industria, que anualmente hace billonarias inversiones y para la cual la tan mentada seguridad jurídica es un elemento indispensable para seguir apostando por el sector de las telecomunicaciones en Colombia.

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