DiDi, Uber, Cabify y Beat demandan a Supertransporte por medida contra conductores en Colombia

La demanda busca que se declare la nulidad de una circular de la institución que ordena sancionar a los conductores de las plataformas digitales, pues las plataformas argumentan que la medida viola la libre competencia y no vela por el interés general sino el de el gremio taxista.

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Alianza In, una asociación que agrupa las principales plataformas de movilidad en Colombia ―DiDi, Uber, Cabify y Beat― promovió una demanda contra una circular de la Superintendencia de Transporte (Supertransporte) que ordena investigar y sancionar a los conductores de las aplicaciones.

La demanda la presentó el apoderado de la organización, Pablo Robledo del Castillo de Robledo Abogados y exsuperintendente de Industria y Comercio, ante la Sección Primera del Consejo de Estado. Y en concreto, el proceso busca que se declare nula la medida de Supertransporte.

En junio, la Superintendencia instruyó a las autoridades de 18 ciudades capitales y de los 13 municipios más poblados del país que aplicaran sanciones contra las personas que prestan el servicio de “transporte público en vehículos particulares”, incluidos los colaboradores de las plataformas, por considerar que se trata de operaciones ilegales.

De acuerdo con la demanda, a la que DPL News tuvo acceso, Alianza In pide dejar sin valor y efecto la circular de Supertransporte, porque infringe normas constitucionales y la institución no tiene competencia para expedir instrucciones de ese tipo. Además, reclama que el organismo se abstenga en el futuro de emitir órdenes como la de junio.

Robledo y Abogados argumenta que la medida implementada por la Superintendencia se expidió “para satisfacer el interés particular de un gremio de presión (a pesar de que con ello se afecte el interés general)”, haciendo referencia a los grupos de taxistas que rechazan la presencia del servicio de movilidad por aplicaciones.

Algunas de las normativas que Supertransporte pudo haber violado, según la firma de abogados, se vinculan al principio de la prevalencia del interés general (artículo 1º de la Constitución), la moralidad administrativa (artículo 209), la libre competencia (artículo 333) y la autonomía de las entidades territoriales en su gestión (artículo 287).

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La parte demandante acusa que la Superintendencia se reunió con el gremio de taxistas para determinar acciones contra los conductores y usuarios particulares, lo cual no persigue la satisfacción del interés general de la población sino de un sector específico. En especial, refiere que hubo conversaciones de esta índole para evitar movilizaciones de los taxistas en el marco de las protestas del Paro Nacional.

Además, denuncia que la actuación de Supertransporte va en contra del derecho a la libre elección de los usuarios, la libre locomoción y a que la ciudadanía cuente con más opciones para movilizarse de forma segura según sus necesidades.

En cuanto a la libre competencia económica, el bufete advierte que la institución asumió una postura contraria al emitir su circular, ya que se no respeta la posibilidad de que todos los interesados participen en un mercado para evitar la concentración económica y propiciar mejoras para los clientes o usuarios.

La Superintendencia sostiene que los servicios de movilidad de las aplicaciones digitales son un transporte público que funciona de manera ilegal a través de vehículos particulares. Desde su perspectiva, no cumplen con la regulación actual como lo hacen los taxis (concesiones, licencias, tarjetas de circulación o matrículas especiales).

Sin embargo, Alianza In, a través de Robledo y Abogados, arguye que Supertransporte se equivoca al “fijar interpretaciones caprichosas y descontextualizadas de lo que debe entenderse por transporte público y privado, o extender la regulación del transporte público a nuevos tipos de movilidad colaborativa que ni siquiera existían en 1993” (fecha de la que data las reglas actuales del sector).

Y agrega que la Superintendencia quiere encuadrar en donde no cabe a un modelo de negocio disruptivo, para el que todavía no existe una regulación específica, lo cual no quiere decir que sea ilegal. En el país, hay intentos para elaborar normas actuales que incluyan a las aplicaciones de movilidad, pero no han progresado. En mayo, una iniciativa de ley al respecto se hundió en el Congreso en medio de la movilización en contra de los grupos taxistas.

Las afectaciones de la orden de junio de Supertransporte no se limitan a las plataformas de Internet, sino especialmente a los conductores. De acuerdo con la demanda, ya hay actuaciones sancionatorias contra los colaboradores que se emplean por medio de las aplicaciones móviles. A los conductores se les impone multas de hasta 700 salarios mínimos legales mensuales, lo equivalente a unos 635 millones 968 mil pesos nacionales (164 mil dólares).