La regulación sancionada por el gobierno en los últimos meses generó una justificada preocupación en todo el sector de las TIC de Argentina.

En el mes de agosto mediante el DNU 690/20 (Decreto de Necesidad y Urgencia) se estableció que los “Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia”, fijando además que los precios serán regulados por la autoridad de aplicación (Enacom).

Por otra parte, este DNU estableció una Prestación Básica Universal (PBU) que luego fue reglamentada por el Ente Nacional de Comunicaciones en la Resolución 1467/20 que la fija en los siguientes precios:

1)    Servicio Básico Telefónico: $380 (2.3 dólares).

2)    Servicio de Comunicaciones Móviles  $150 (0.9 dólares), incluye 500 minutos, 500 SMS y WhatsApp libre (solo texto). En datos regula dos opciones: a) 1 GB a $200 (1.25 dólares) o b) 50 Mb por día a $18 (0.1 dólares).

3)    Servicio de Acceso a Internet en Hogares (distingue los precios según la cantidad de usuarios del ISP). Los que tengan más de 50 mil abonados: Área Metropolitana de Buenos Aires: 10 Mbps a $700 (4.3 dólares), resto del país: 5 Mbps $700 (4.3 dólares). Los ISP con entre 2 mil y 50 mil abonados: 5 Mbps por $700 o el beneficiario puede optar por acceder al plan de menor velocidad ofrecido por la compañía con un descuento de 30 por ciento del valor. Los ISP con menos de 2 mil abonados: 2 Mbps por $600.

4) Servicio de Televisión por Suscripción. En este caso, se distingue el descuento según la cantidad de abonados y si el prestador tiene posición dominante o no (según tenga un número mayor a la mitad de los abonados correspondientes al área en cuestión). Más de 500 mil: 30 por ciento de descuento sobre el plan de menor valor. Entre 100 mil y 500 mil, 25 por ciento. Entre 30 mil y 100 mil, 20 por ciento de descuento.

Para el caso de existir posición dominante se aplican los siguientes descuentos. Más de 500 mil, 40 por ciento de descuento. Entre 100 mil y 500 mil, 35 por ciento. Entre 30 mil y 100 mil, 20 por ciento.

En lo que hace a las personas que pueden acceder a la PBU se mencionan estas categorías: Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo. Beneficiarios de Pensiones no Contributivas. Usuarios inscriptos y usuarias inscriptas en el Régimen de Monotributo Social. Jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia de bajos ingresos. Trabajadores y monotributistas de bajos ingresos. Usuarios que perciban seguro de desempleo.

Entre algunos beneficiarios más, se suman entidades tales como clubs de barrio o fundaciones y asociaciones.

Se estima que podrán acceder al beneficio unas 10 millones de personas que están bajo el umbral de dos salarios mínimos ($41,000), fijado en la reglamentación.

Por otro lado, la resolución del Enacom (ver art. 15) dispone que “en caso de que el prestador obligado entendiera que el usuario o usuaria solicitante no se encuentra alcanzado por la Prestación Básica Universal Obligatoria, deberá igualmente proceder a instalar y/o habilitar el servicio”.

Es decir, aunque el beneficio no alcance al 100 por ciento de los usuarios, el prestador está obligado a otorgarlo a todos y luego reclamarle al Enacom. El broche de oro es que ante el silencio del Enacom (luego de 30 días) se entiende que el usuario está incluido.

Como era de esperar, ni siquiera se dan pautas claras para el ajuste de la Prestación Básica Universal (PBU). Se habla de un ajuste cuatrimestral siguiendo la Asignación Universal por Hijo (AUH), pero luego se deja a criterio del Enacom el ajuste, el cual podrá tener en cuenta otros parámetros y el interés público, es decir, otra vez a merced del criterio del gobierno.

Los errores de esta regulación son muchos y graves, tal es así que todo el mercado expresó fuertes críticas. Tanto las pymes y las cooperativas, como las grandes empresas del mercado.

En un sector con servicios en competencia, lo que muchos países hacen para generar una mayor inclusión digital, si el problema es la asequibilidad, es generar un subsidio a la demanda (por ejemplo, el programa Lifeline de la FCC en Estados Unidos).

Como ya lo explicamos en otro artículo, el gobierno cuenta con el Fondo de Servicio Universal.

Este fondo justamente fue creado para que el Estado cuente con fondos para conectar a todos. Ello, teniendo en cuenta que hay muchos lugares donde el mercado no tiene incentivos para invertir por no representar un negocio rentable.

El camino elegido, sumado a la posibilidad de que el gobierno debe autorizar los aumentos, genera una grave incertidumbre en un mercado de capital intensivo (se invierten unos 2,000 millones de dólares por año), que obviamente necesita reglas claras y de largo plazo.

Con esta regulación, tanto en el servicio móvil como en los servicios de Internet y cable, se rompió con el esquema vigente de competencia.

Con el supuesto objetivo de “conectar a todos” se corre el riesgo de lograr el efecto contrario. Todos los prestadores, sin importar su envergadura o cantidad de abonados, pondrán en duda sus inversiones si los retornos de las mismas dependen de la voluntad del gobierno.

Argentina, dado su extenso territorio y su baja densidad poblacional en muchas zonas del país (7° país en tamaño y 32° en población), plantea grandes desafíos para la inclusión digital de todos sus habitantes. Aún falta conectar unos 5 millones de hogares a Internet y la penetración de FTTH alcanza 11 por ciento de los hogares conectados.

En el actual contexto argentino, con una inflación cercana a 40 por ciento anual, no es viable que los precios se mantengan estables, ya que rápidamente no cubrirán los costos del servicio.

Los antecedentes de esta regulación no son buenos: la tarifa telefónica, por ejemplo, no tuvo aumentos por 16 años pese a la fuerte inflación que registraba el país.

El consultor Enrique Carrier hizo un muy buen análisis del impacto de la inflación de 2020 en el sector. Arrojó un porcentaje de 36.1 anual mientras que los aumentos en servicios de telecomunicaciones fueron sólo de 7.6 por ciento, es decir, tuvieron una pérdida de 28.5 puntos.

Este atraso de precios ya sucedió, como antes lo mencionamos con el servicio de telefonía fija. Pero ahora es mucho más grave porque incluye todos los servicios y nadie invierte para operar a pérdida.

Para concluir que sólo podemos decir que este grado de intervencionismo absurdo, como lo expresó la Cámara Argentina de Internet (Cabase), es digno de funcionarios que no tienen claro el negocio.

Ya explicamos alternativas que muchos países llevan adelante para lograr una mayor asequibilidad, pero no es este el camino. ¿Cuál es el riesgo? Que se frene la fuerte inversión de los últimos años, condenando a muchos argentinos a la exclusión y postergando la inversión en nuevas tecnologías, como puede ser el desarrollo de 5G.

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