Dilemas regulatorios y telecomunicaciones durante la pandemia

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Las medidas de emergencia adoptadas por los países, con la finalidad de contener los efectos de la enfermedad Covid-19 sobre la salud de la población, han sometido al sector de las telecomunicaciones a tres tipos de presión de manera simultánea. Por un lado, se ha registrado un incremento inédito en los niveles de tráfico, los cuales según la asociación GSMA ascienden a 50 por ciento en voz y 30 por ciento en datos.

En segundo término, en la mayoría de los países, los ingresos han venido cayendo de manera significativa producto de la menor demanda de algunos servicios específicos y de los mayores niveles de morosidad que enfrentan por parte de sus clientes. En el caso del Perú, por ejemplo, en marzo de 2020 esta caída fue del orden de 40-50 por ciento respecto a febrero.

Finalmente, las expectativas de clientes y gobiernos respecto al rol que deben cumplir las telecomunicaciones en contextos de crisis han generado mayores demandas para la prestación de servicios de alto impacto social. Este es el caso, por ejemplo, del requerimiento por parte de algunos gobiernos de la aplicación de condiciones zero rating para servicios de teleeducación. También se viene demandando la colaboración de las empresas de servicios móviles para el monitoreo de zonas con alta congestión o alta incidencia de contagios. Existen muchos más ejemplos.

Este triple desafío (mayor tráfico, menores ingresos y mayores expectativas) exige de los reguladores poner especial énfasis en tres principios regulatorios: continuidadsostenibilidad y asequibilidad.

La continuidad de los servicios de telecomunicaciones constituye un principio que busca evitar que la interrupción de los servicios afecte las necesidades de comunicación de los usuarios. En algunos países de la región, los reguladores han establecido obligaciones especiales a los operadores para evitar el corte de servicios ante la falta de pago y facilidades para la reprogramación de las deudas. Este objetivo regulatorio, sin duda pertinente en contextos de crisis como el actual, debe ser focalizado en aquellos consumidores de menor capacidad de pago, evitando que el beneficio se extienda a quienes no lo necesitan.

Por otro lado, debe evitarse el corte de la logística de suministro y ventas de servicios, teniendo en cuenta que las empresas y hogares deben adecuarse al uso más intensivo de servicios de teleeducación, teletrabajo o telesalud, entre otros. Lo anterior requerirá inevitablemente de un cambio en su “canasta digital”, surgiendo la necesidad de migrar a planes de mayor capacidad de descarga o la adquisición de dispositivos adicionales, entre otros.

Finalmente, dado el carácter crítico de la infraestructura de telecomunicaciones, la regulación debe dar facilidades para las labores de mantenimiento operativo o reforzamiento de la capacidad, tema fundamental para prevenir eventuales interrupciones.

En segundo lugar, garantizar la sostenibilidad económicade los servicios durante la crisis resulta de especial relevancia. Como se ha mencionado, las medidas de aislamiento social dictadas por los gobiernos han ocasionado una reducción de la demanda de usuarios quienes, como resulta natural, ante una caída en sus ingresos han priorizado el consumo de alimentos frente a otros servicios. Esto aunado a las medidas que limitan la posibilidad de interrumpir servicios a fin de garantizar la continuidad, lo cual viene afectando significativamente los resultados operativos de las empresas.

En este contexto, iniciativas de alivio financiero temporal a través de fondos que permitan dar liquidez a estas empresas puede constituir una política pública recomendable. Estos fondos públicos retornarían al Estado gradualmente conforme se vaya superando la crisis y normalizando la actividad económica.

Por último, la asequibilidad, entendida como la capacidad de los usuarios de preservar el acceso a las comunicaciones durante la crisis, es particularmente importante. Este objetivo regulatorio, sin duda pertinente en contextos de crisis como el actual exige, por ejemplo, en algunos casos, poner a disposición de los usuarios servicios y aplicaciones gratuitas. En el caso del Perú, una buena práctica es que las empresas de telecomunicaciones han puesto a disposición de todos sus usuarios prepago el acceso gratuito a sus servicios de mensajería SMS (incluidos a aquellos sin línea activa).

Estos tres principios de política pública son complementarios entre sí y debe preservarse un adecuado equilibrio entre ellos. Un excesivo peso a principios de asequibilidad y continuidad, sin contemplar estrategias vinculadas a sostenibilidad, pueden dar resultados adversos.

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