Esta vez, el dinero del Fondo de Servicio Universal (Fodetel) de Ecuador sí se usará para su objetivo original de abatir la brecha digital, y no terminará en la caja chica del Estado ni será una carga impositiva más que no contribuya a generar bienestar social y digital.

Al menos esa es la promesa para la que se están dando los primeros pasos. En julio, el nuevo gobierno aprobó una serie de cambios al reglamento general de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOT).

La reforma, entre otras cosas, busca encauzar el ejercicio de los recursos del Fodetel, permitiendo la inversión directa de los operadores en proyectos de conectividad, en lugar de aportar un pago que irá a un cajón diferente.

“Ecuador, hace algunos años, había tomado la decisión de que los fondos provenientes del sector de telecomunicaciones pasaran al presupuesto nacional: eso debilitó, efectivamente, el nivel de inversiones que podía realizar el aparato estatal en función de la conectividad de los sectores no atendidos”.

Lo que logramos es que el flujo de dinero que ingresaba a las arcas de Arcotel se quede en el sector a través de mecanismos de inversión directa

“Con esta nueva reforma, lo que se está buscando es que sean los propios operadores, en función de las necesidades que el Ministerio establezca, quienes puedan, de manera voluntaria y coordinada, realizar despliegues de red, que permitan una mayor conectividad en los sectores no atendidos.

“Lo que logramos es que el flujo de dinero que ingresaba a las arcas de Arcotel, e inmediatamente era trasladado al presupuesto nacional, se quede en el sector a través de mecanismos de inversión directa”, explica a DPL News el Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control (Arcotel), Andrés Jácome Cobo.

Al igual que sucede en otros países de América Latina, el Fodetel en Ecuador se constituye con las contribuciones que deben hacer las empresas de telecomunicaciones. Cada una entrega el 1 por ciento de sus ingresos totales (facturados y percibidos): todo ese dinero, en teoría, se tendría que usar para brindar servicios de telefonía e Internet a quienes todavía no cuentan con acceso.

Sin embargo, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) expone cómo el dinero no se ha aprovechado para conectar a más personas, como lo establecen las metas de conectividad que se han trazado unos y otros gobiernos.

De acuerdo con esta investigación del BID, las anteriores disposiciones de la LOT contemplaba que los recursos pasaran “directamente a las arcas fiscales de Ecuador,  sin cumplir el objetivo para el que inicialmente fue concebido, y sin ningún tipo de administración por parte del Mintel” (Ministerio de Telecomunicaciones y de la Transformación Digital).

Incluso, se aprobó una norma en el Consejo de Política Económica para utilizar el dinero en caso de crisis en la balanza de pagos. El BID fue contundente en su diagnóstico: “el PSU enfrenta importantes problemas para su desarrollo, derivados de la crisis económica del país, razón por la cual principalmente se han ejecutado programas de conectividad a través de infocentros y otras iniciativas aisladas en el marco de la política Ecuador Digital”.

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El Plan de Servicio Universal (PSU) 2018 a 2021 incluye la prestación del servicio móvil avanzado y el acceso a Internet. Para el año en curso, la meta es proporcionar acceso a estos servicios al 98 por ciento de la población, además de otros objetivos puntuales.

Aunque el servicio de Internet móvil 3G ó 4G ya llega a más del 90 por ciento de los ecuatorianos, el país todavía enfrenta un importante desafío para modernizar las redes y aumentar el acceso a 4G. Además, menos de cuatro de cada 10 personas (37%) tienen conexión en el hogar.

Tras la reforma al reglamento de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la idea es que los recursos del Fondo de Servicio Universal se puedan dar en especie a partir del año siguiente; es decir, a través de proyectos de inversión para expandir la cobertura y mejorar la calidad de los servicios en localidades rurales o desatendidas, señala Andrés Jácome en entrevista.

Nuevos planes

Otra de las prioridades en Ecuador, y especialmente del Mintel y la Arcotel, será actualizar el Plan Nacional de Frecuencias para propiciar una gestión más eficiente del espectro radioeléctrico y facilitar la asignación de bandas para el desarrollo de nuevas tecnologías, afirma el director Ejecutivo de la Agencia.

Jácome Cobo detalla que la institución comenzó a revisar el plan. El nuevo documento acogerá las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), tomará en cuenta las necesidades espectrales para la implementación de nuevas tecnologías y las demandas del mercado ecuatoriano.

“Hemos iniciado el proceso de actualización del plan. Parte de este proceso tiene que ver con el uso de TVWS (espacios en blanco de televisión), la asignación de las bandas necesarias para poder habilitar este tipo de servicios, situación que no estaba contemplada hasta el momento”, señala el directivo.

También se prevé que la actualización constituya los primeros pasos de Ecuador para preparar el terreno para el despliegue de las redes de quinta generación (5G), y Andrés Jacome también ve posibilidades de que se defina el futuro de la banda de 6 GHz, que en otros países de la región, como Chile y Brasil, ya se liberó para el uso no licenciado de Wi-Fi 6.

La otra tarea por delante es reformar las normativas secundarias para la asignación de nuevas bandas de frecuencias, en las que se fijarían los valores que se cobrarán por los derechos de concesión y las tarifas de uso del espectro radioeléctrico.

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El director Ejecutivo de la Arcotel comenta que el órgano regulador ya está avanzando en este proyecto, ya que “es parte fundamental del proceso de asignación de frecuencias de los operadores de telecomunicaciones”.

“De momento, estamos trabajando en una mejora de estos dos cuerpos normativos para generar las condiciones apropiadas para que los operadores puedan acceder a nuevo espectro”.

“Esperamos que en los próximos meses ya tengamos definido el marco regulatorio que se va a aplicar, y que este, una vez publicado en el Registro Oficial ecuatoriano, nos permita que los operadores tengan condiciones ya determinadas para que puedan acceder a estas nuevas frecuencias”, expresa.

Se requieren estas definiciones antes de una futura licitación 5G y previo a la renovación de concesiones con las compañías. En agosto, Claro y Telefónica comenzaron a renegociar con la Arcotel sus concesiones para prestar servicios móviles, que caducarán en 2023.

Jácome Cobo señala que la valoración del espectro implicado en la renovación (700 MHz y 2.5 GHz) se hará con el acompañamiento de la UIT. Parte del pago se podrá hacer mediante las obligaciones de servicio universal con inversiones directas, y se priorizará el desarrollo tecnológico, la llegada de nuevas tecnologías y el bienestar de los consumidores, aseguró el funcionario.

Dinamismo y seguridad jurídica

Serán dos los beneficios que desencadenará la reforma al reglamento de la LOT, según Andrés Jacome: mayor dinamismo y seguridad jurídica para las inversiones de la industria de telecomunicaciones, y, por tanto, un impulso al crecimiento del sector y mejores ofertas a los usuarios.

Más allá de ello, la apuesta también comprende que el desarrollo de este sector puede tener un impacto transversal en la economía, ya que las empresas y todas las actividades productivas están pasando por un proceso de transformación digital que tiene como base la infraestructura de telecomunicaciones, resalta el directivo de la Arcotel.

Los cambios al reglamento incluyeron redefiniciones y precisiones sobre conceptos y vacíos legales que generaban confusión e incertidumbre. La reforma ayudará a tener más certeza entre los operadores y el Estado, pero al mismo tiempo se requieren mejores acuerdos de colaboración público-privada, y coordinación con las municipalidades.

Andrés Jácome expone: “Este es un primer paso, porque es una reforma a nivel de reglamento general a la ley. No solamente tiene que quedarse en la reforma al reglamento general de la ley, sino todo un proceso de reforma a todo el cuerpo con el que se administra y gestiona el sector”.

“Tenemos que buscar que todo el cuerpo normativo y regulatorio que emite la Arcotel sea mucho más flexible y fácil que de poder aplicarse, tanto para el nivel para el sector regulatorio como para el de control, no implicando que se va a retirar el control a los operadores, sino lo que vamos a tratar de hacer es ser mucho más precisos, dándoles mayor seguridad”.