iProfesional – Cesar Dergarabedian

Alejandro Prince, politólogo y economista liberal y profesor en las universidades Tecnológica Nacional (UTN), de Buenos Aires (UBA), San Andrés (Udesa) y de San Martín (Unsam), analiza en esta entrevista de iProfesional el reciente decreto presidencial que declara como servicio público a la telefonía móvil, Internet y la TV paga.

-¿Cómo evalúa el decreto 690/20 en términos conceptuales?
-El decreto es al menos sorpresivo, inconsulto y probablemente ineficaz y hasta contraproducente en sus fines declarados, salvo el congelamiento, que ya estaba bastante negociado con el sector.

Hay mucha confusión en las opiniones respecto de qué implica desde el punto de las obligaciones ser un servicio público, y mas aún respecto de las efectividades de esa declaración.

Hoy se acepta que un servicio público sea provisto en competencia por privados, y eso en principio no es alterado por la letra del decreto. Una comprensión mas amplia e integral del mismo implicarìa hacer una exégesis teleológica, de sus fines últimos, y no de su letra. Asimismo creo que debe entenderse como una extensión “convergente” de la vieja ley de medios.

-¿Cómo impactará el decreto en los mercados de telefonía móvil, Internet y TV por cable?
-En medio de esta incertidumbre general provocada por la pandemia, y la profunda crisis económica, el decreto no suma confianza, menos para las empresas del sector, y esto normalmente significa menos inversiones, menos planes proactivos de crecimiento, y mas gasto de plata y tiempo en abogados y negociaciones defensivas.

-¿Qué medidas deben tomarse para favorecer al bolsillo del usuario, en especial los más afectados por la pandemia y su crisis económica, y el despliegue y el desarrollo de las redes de los operadores?
-Mantener los aumentos del sector menores a la inflación esperada sería razonable. El Estado complementando esto con gestión de fondos internacionales para continuar mejorando la conectividad en proyectos con privados o con SAPEM del interior, búsqueda de consensos con los actores del ecosistema, lineamientos claros del rol mediato y futuro de Arsat y de las reglas de juego. Y paciencia. Argentina, los argentinos, necesitan ver la luz al final del túnel.

El Congreso será uno de los escenarios del debate en torno al DNU sobre las
El Congreso será uno de los escenarios del debate en torno al DNU sobre las “telcos”.
¿Qué dice el DNU sobre las “telcos”?
El presidente Alberto Fernández comunicó el viernes a través de su cuenta oficial de Twitter la decisión de declarar servicios públicos a la telefonía celular, a los servicios de Internet y a la televisión paga y congelar hasta el 31 de diciembre las tarifas de los tres servicios.

La decisión se efectivizó a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020, que aplica modificaciones a la Ley N° 27.078 (conocida como “Ley Argentina Digital”).

Esta norma fue sancionada en 2014, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, pero luego fue modificada durante el gobierno de Mauricio Macri. El DNU, como todos los decretos de esas características, deberá ser analizado y validado por el Congreso de la Nación.

El DNU publicado por el Presidente considera, entre otros puntos: que el derecho de acceso a Internet es, en la actualidad, uno de los derechos digitales que posee toda persona con el propósito de ejercer y gozar del derecho a la libertad de expresión; que las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) representan no sólo un portal de acceso al conocimiento, a la educación, a la información y al entretenimiento, sino que constituyen además un punto de referencia y un pilar fundamental para la construcción del desarrollo económico y social; y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2012 estableció que “el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables (…).

El texto del decreto destaca los ejemplos de México y Francia, en donde en el primero se consagró el derecho de acceso a Internet, mientras que en el país europeo fue considerado un derecho fundamental. Además, en una entrevista radial tras la publicación del decreto, Fernández declaró: “Admiro a Noruega y Finlandia, y en estos dos países son servicios públicos”.

También critica el DNU 267/2015, emitido por Macri, que estableció la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y modificó la “Ley Argentina Digital”. Así, el reciente DNU considera que esa decisión “derogó gran parte del andamiaje legalmente establecido en materia de servicios de comunicación audiovisual y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, abandonándose la idea del acceso a estos últimos como un derecho humano, dejándolos librados a ley de la oferta y demanda como una simple mercancía, contrariamente a lo previsto en la Constitución Nacional”.

El presidente Alberto Fernández recordó que en países escandinavos las telecomunicaciones son servicios públicos.
El presidente Alberto Fernández recordó que en países escandinavos las telecomunicaciones son servicios públicos.
Las modificaciones para las “telcos”
El decreto establece que los servicios de las TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia, que sus licenciatarios fijarán los precios, que deberán ser justos y razonables, y regulados por la autoridad de aplicación, es decir, el Enacom. Además, incorpora como servicio público al servicio de telefonía móvil, cuyos precios también serán regulados por el Enacom.

En el marco de la emergencia ampliada por el Decreto N° 260/20, suspende cualquier aumento o modificación de precios establecidos o anunciados desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020 por los licenciatarios TIC. Esto incluye a la televisión por cable, internet, a la telefonía fija o móvil y también a los servicios de televisión satelital.

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