Tras el decreto que declara al Internet, telefonía celular y TV de paga como servicios públicos en competencia, y congela las tarifas hasta diciembre, la regulación de precios en Argentina exigirá una alta capacidad técnica “para la complejidad de la tarea que está por venir”, señaló Héctor Huici, consultor senior para Sudamérica de Access Partnership.

“No hay, en la regulación comparada, mucha experiencia de regulación de precios en competencia y en un mercado con tantos agentes como el argentino, y con productos que son muy diferentes entre sí (…): hay infinidad de productos y de ofertas al cliente, y una alta posibilidad de combinación”, advirtió el también exsecretario TIC del país sudamericano, en el marco del foro virtual “Argentina a Debate: regulación tarifaria, servicio público e inversiones a futuro”, organizado por DPL Group.

Huici puso en duda que se cuente con la experiencia técnica para llevar a cabo la próxima reglamentación de tarifas. Comentó que la opción sería fijar precios máximos o se acuda al benchmark y se comparen los precios de los servicios con otros mercados.

Sonia Agnese, analista senior de Telecom, Medios y Regulación para América Latina de Omdia, explicó que “dentro del contexto inflacionario que tenemos y de devaluación, es complejo hacer esto (la regulación de precios), porque los costos que uno presenta a los tres meses o cuatro ya quedan descontextualizados”.

La especialista dijo que “el mejor determinador de precios es el mercado; si el mercado requiere ciertos ajustes, que se hagan a través del modelo mayorista”, porque, de lo contrario, se corre el riesgo de pedir a las compañías que presenten “manuales eternos que no se terminan de analizar” y, al final, la decisión sobre los precios podría ser política.

Al respecto, Sebastián Cabello, experto en políticas públicas digitales y consultor independiente, afirmó que “la flexibilidad es una condición sine qua non para la innovación”, por lo que trámites muy complicados para definir tarifas de nuevos servicios podría representar un freno.

Cabello agregó que los antecedentes para la regulación de precios minoristas son muy limitados, y se requiere un análisis “enorme” y “granular”. Además, comentó que existen otros instrumentos que se pueden aprovechar en Argentina para ampliar la cobertura y el acceso a servicios de Internet, telefonía móvil y televisión, los cuales sólo requerirían cambios de las condiciones básicas de las concesiones.

Durante la mesa de debate, Adriana Labardini, excomisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), expuso la experiencia de México al buscar tarifas adecuadas para los consumidores. La experta señaló que la falta de asequibilidad puede ser resultado de problemas en los impuestos, altos costos del espectro o incluso colusión entre actores.

Cuando existen zonas a las que el mercado no llega por sí solo, el gobierno debe considerar otros caminos, como dar subsidios, incentivos de acceso a los operadores, otorgar espectro sin costo, propiciar la compartición de infraestructura, nuevas tecnologías; así como facilitar la comparación de tarifas para el usuario y la portabilidad numérica.

Los especialistas coincidieron en que se deben intensificar los esfuerzos para cerrar la brecha digital en Argentina y universalizar el acceso a los servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, se mostraron preocupados por los posibles efectos del decreto anunciado el viernes pasado.

Gustavo Gómez, director Ejecutivo de Observatel, comentó que para potenciar los aspectos positivos de las medidas decretadas, se debe abrir la participación a múltiples actores en el proceso de reglamentación, ya que es una oportunidad para propiciar política pública que garantice el acceso a Internet para todos los argentinos.

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